La orden emitida por ICE no le permitirá esperar a que el Departamento de Estado le notifique que existe un cupo de visa disponible ( green card o tarjeta verde) y tampoco podrá tramitar un perdón para ir a su país y regresar legalmente a Estados Unidos.

Este viernes vence el amparo migratorio que la ha protegido de ser detenida y devuelta a su país de origen desde hace dos años cuando buscó refugio en una iglesia de Denver, Colorado. Decenas de personas se dieron cita frente a las oficinas de ICE en Washington para entregar una petición cuyo objetivo es que le otorguen un nuevo permiso a esta mujer de origen mexicano.

El grupo, integrado por religiosos, abogados, defensores de los derechos civiles y de los derechos humanos, entre otros, argumenta que las actuales condiciones temporales en Venezuela, incluidos los disturbios civiles y la devastadora asistencia humanitaria, justifican la activación del programa humanitario.

La Asociación Americana de Libertades Civiles denunció que al menos dos departamentos de Policía del Área de la Bahía comparten con la agencia de Inmigración la información de sus residentes. El enlace entre ambos es una empresa de tecnología con sede en Silicon Valley llamada Vigilant Solutions.

El DHS avisó al Congreso que extenderá el programa implementado en diciembre en la garita de San Ysidro. A finales de enero, un memorando del servicio de inmigración había advertido que la secretaria del DHS, Kirstjen M. Nielsen, comenzará el proceso de implementación del protocolo “a gran escala” en la frontera.

Según cientos de documentos a los que tuvo acceso ACLU, correos electrónicos, contratos y material de capacitación exponen que agentes migratorios también le han sacado provecho a su amistad con policías locales para ubicar a migrantes en su lista de fugitivos. Esta cooperación informal violaría las leyes que protegen a las personas sin papeles en estados y ciudades santuario.