La Oficina de Gestión de Personal desautorizó la exigencia de Musk, calificándola de "voluntaria", aunque luego emitió un memorando instando a los empleados a responder el correo, como pidió el magnate, pero permitiendo excepciones a discreción de las agencias, que tendrían la última palabra.

La agencias de inteligencia, por ejemplo, advirtieron a los empleados que responder podría suponer el riesgo de revelar inadvertidamente trabajo clasificado.

Las promesas del presidente Donald Trump en materia migratoria se han traducido en un enfoque de todo el gobierno para la aplicación de la normativa sobre extranjería, convirtiendo a casi todos los departamentos importantes del gabinete en agencias de inmigración.

El propio Pete Hegseth, actual secretario de Defensa, había dicho la semana pasada que apoyaría un presupuesto mayor.

“Es inaudito e ilegal que el presidente expulse a personas de EEUU y les impida acceder a un abogado”, dice una publicación en redes sociales de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles que es uno de los demandantes.

La Asociación Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU) exigió al gobierno del presidente Donald Trump el acceso inmediato a los inmigrantes detenidos enviados a Guantánamo para poder “asesorarlos y proporcionarles representación legal", ya que las leyes prohíben que la prisión sea usada como un "agujero negro legal".