Según un estudio, el 53% de los californianos están a favor del estado santuario y solamente un 29% en contra. Sin embargo, varios asistentes al Concejo de la ciudad, donde se discute la posibilidad de rechazar el cumplir con la ley santuario SB54 que entró en efecto en enero, atacaron a la comunidad inmigrante y al presidente del Senado estatal, Kevin de León, autor de la ley.

El estado publicó nuevas pautas aclarando hasta dónde sus agentes del orden pueden colaborar con las autoridades federales de inmigración.

El departamento del Sheriff de Orange ha publicado en su página web el listado de sus reclusos y los días de su liberación. Activistas aseguran que iniciativas como estas solo traerán más terror entre la comunidad migrante.

La Junta de Supervisores del condado de Orange, considerado el último bastión conservador de California, votó 3 a 0 para unirse a la demanda federal contra las políticas santuario del estado. Ciudades como Los Alamitos, Yorba Linda, Buena Park, Huntington Beach y Mission Viejo han expresado su rechazo a la ley SB54.

Mientras que Orange decidió romper filas con las leyes de California, otras ciudades como Santa Ana se han declarado santuario por la presión que el gobierno de Trump está ejerciendo sobre la comunidad inmigrante.

Gisella Collazo, no solo confronta una orden de deportación, sino que ahora las autoridades locales de Springfield, Massachusetts quieren sacarla del recinto por estar haciendo uso inapropiado de la propiedad.