El vicepresidente salvadoreño, Óscar Ortiz, dice que ya tienen identificados a varios traficantes de personas y pruebas que sustentan las acusaciones. La viceministra para los salvadoreños en el exterior viajó a México para interceder por lo migrantes y también para reiterarles que no deben romper las leyes de otros países y mucho menos exponer a los niños a peligros.

Integrantes del éxodo masivo de centroamericanos que llegaron al estado de Veracruz se mostraron sorprendido al saber que el gobernador ya no les proporcionará autobuses para viajar a la capital de México, tal como lo había prometido. Sin esta ayuda, varios migrantes se han separado del grupo buscando su propio camino, situación que los pone en alto riesgo.

El político hispano Rubén Díaz ha recibido ataques por respaldar al presidente cuando dice que en la caravana de migrantes hay delincuentes y pandilleros. El concejal asegura que, aunque no se ha comprobado que existan terroristas dentro del éxodo masivo, es mejor prevenir. Precisa que Trump no les está quitando el derecho a aplicar para obtener asilo político, pero que el proceso lo deben realizar como debe ser y no como ellos quieran.

Activistas aseguran que los operativos de las autoridades en México se centran en las mujeres y niños ya que son los más vulnerables y quienes tienen una gran probabilidad de obtener el asilo político en EEUU. Los que se alejan del grupo principal por cansancio o desorganización son quienes terminan en las redadas de los agentes migratorios, por lo cual los organizadores piden que no se separen.

La empresa Nexus Services financia la demanda que pretende proteger el derecho a solicitar protección en territorio estadounidense. Sin embargo, defensores de inmigrantes han cuestionado las motivaciones de este recurso legal.

La querella es a nombre de los solicitantes de asilo político y financiada por una organización sin fines de lucro que ofrece servicios a migrantes y a sus familias. Están pidiendo que las cortes digan al presidente que no puede mandar militares a la frontera y posiblemente causar violencia contra los migrantes que se dirigen a EEUU. En la demanda se acusa a Trump de violar la ley federal y de establecer una potencial catástrofe en la frontera con objetivos políticos.