Junta de Control Fiscal

Pierluisi: "Estados Unidos no tiene un plan B para Puerto Rico”

El Comisionado Residente llegó a esa conclusión tras una reunión con Barack Obama. Dijo que sin el HR 5278, el gobierno de Puerto Rico seguramente colapsará, los pensionados sufrirán daños y muchos bonistas perderán sus inversiones.
8 Jun 2016 – 5:32 PM EDT

GUAYNABO, Puerto Rico. El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, aseguró tras reunirse con el presidente Barack Obama en su oficina en la Casa Blanca para discutir el HR 5278, Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica (Promesa, siglas en inglés), que “Estados Unidos no tiene un plan B para Puerto Rico”.

Las declaraciones surgen previo a que el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes federal se reúna para determinar cuáles de las e nmiendas propuestas al proyecto de ley serán aceptadas para ser consideradas mañana en el pleno de la Cámara federal como parte del debate sobre Promesa.

“Fue absolutamente claro de que aquí no hay plan B. El presidente expresó su visión de que Promesa es un acuerdo bipartidista bueno y sólido, que va a ayudar a los ciudadanos americanos en Puerto Rico”, aseveró Pierluisi.

Promesa, explicó, beneficia los intereses de todos y es la mejor alternativa al caos, a los posibles litigios, a la deteriorada calidad de vida en Puerto Rico, y a mayor emigración a los estados.

“Durante la reunión, le reiteré al presidente mi apoyo a Promesa, según aprobada en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara federal. Sigo absolutamente convencido de que no existe una alternativa legislativa superior al HR 5278 que pueda conseguir el apoyo bipartidista necesario para convertirse en ley. Mis constituyentes necesitan acción rápida y concreta”, afirmó.

Pierluisi recordó que ayer se publicó el informe que acompaña el HR 5278, luego de aprobado por la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, en el que el comisionado residente incluyó comentarios adicionales que expresan su visión.

Allí explicó las razones de su apoyo al proyecto, que considera imperfecto pero indispensable, ya que no existe una alternativa viable que sea mejor y que provea el mecanismo de reestructuración de deuda que Puerto Rico necesita.

En sus comentarios, el comisionado residente reafirma que “este proyecto de ley es necesario, pero no es suficiente porque no atiende una de las principales causas de la crisis, que es la desigualdad con la que el territorio es tratado bajo los programas federales”.

Además, insiste en que aquellos que apoyan la presente condición territorial “no tienen fuerza moral para hablar de la importancia de la democracia y la dignidad”.

También agregó que el gobierno de Puerto Rico y la junta de supervisión propuesta por el HR 5278 “deben trabajar juntos para que la isla pueda prosperar”, y que si el gobierno de Puerto Rico “hace las cosas bien, la junta tendrá un rol limitado y cesará de existir en pocos años”.

EXIGIRÁ JUSTICIA PARA LOS PENSIONADOS

Pierluisi fue enfático en que no apoyaría esta legislación si autorizara un mecanismo de reestructuración que fuera injusto para los más de 330 mil trabajadores y pensionados de los sistemas de retiro de Puerto Rico.

“La verdadera amenaza a los pensionados en Puerto Rico no viene de la acción congresional sobre Promesa, sino de una falta de acción congresional. Los que argumentan lo contrario podrán estar bien intencionados, pero están equivocados”, añadió.

En su escrito incluido en el informe de la Comisión, Pierluisi explicó muchas de las disposiciones de la ley propuesta que han causado preocupación en Puerto Rico y detalló cómo muchas de ellas fueron mejoradas en el proceso legislativo.

En particular, sobre las secciones 201 y 202 que especifican los poderes de la junta acerca del plan fiscal y el presupuesto anual de Puerto Rico, el comisionado reveló cómo el gobierno estatal mantiene el control de esa elaboración y la junta sólo recomienda y aprueba los mismos.

De igual forma, la sección 204 (a), que en un borrador de discusión anterior requería que la junta revisara toda legislación aprobada en Puerto Rico, fue sustancialmente mejorada.

En el HR 5278, el gobernador le envía la legislación a la junta y si viene acompañada de un estimado de costo con su impacto en los ingresos y gastos del gobierno y una certificación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto u otra entidad apropiada de que la legislación no es inconsistente con el plan fiscal, entonces la legislación está aislada de intervención de la junta.

Igualmente sucede con la sección 204 (b) que habla de los contratos. “Antes, la junta habría de revisarlos todos y ahora sólo está autorizada a trabajar con la Oficina de la Contralora para asegurar que se cumpla con los procesos transparentes que establecen las leyes de Puerto Rico”, agregó Pierluisi.

En tanto, las disposiciones sobre el mecanismo de reestructuración de deuda fueron mejorados sustancialmente y tienen el visto bueno del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La sección 405 impone una moratoria temporera sobre toda litigación de acreedores para crear un ambiente más conducente a promover negociaciones consensuales.

Opinó que “el HR 5278 le provee a las entidades emisoras de deuda de Puerto Rico herramientas razonables para reestructurar su deuda insostenible, idealmente por medio de acuerdos voluntarios, o por un proceso supervisado por el tribunal, de ser necesario”.

Por otro lado, Pierluisi repitió que la sección 403, que provee una autorización voluntaria para que se le pague menos del mínimo federal a jóvenes menores de 25 años que sean contratados posterior a la aprobación de esta ley, “es una disposición mala que no apoyo y que sería negativa para nuestra economía, pero que dado que ningún político en Puerto Rico la apoya, no tendrá efecto alguno pues no será utilizada”.

Finalmente, el comisionado residente llamó nuevamente la atención a la sección 402, incluida en el proyecto a pedido suyo, la cual confirma que nada en el proyecto restringe el derecho de Puerto Rico de determinar su futuro político, incluyendo realizar una consulta autorizada por la ley federal 113-76.

“Esta disposición es de suma importancia, porque es fundamental que el pueblo americano y sus representantes electos acaben de entender que la causa principal de los problemas económicos, fiscales y demográficos de Puerto Rico es su estatus político desigual y anti-democrático”, sostuvo el político del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Dijo que “el estatus territorial de Puerto Rico no es un problema abstracto ni teórico. Es un mal moral, social y político con consecuencias devastadoras para mis constituyentes (…) Ha llegado el momento para que mis constituyentes tengan la igualdad en la unión americana o la independencia fuera de ella”.

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