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Junta de Control Fiscal

Denuncian conflicto de interés dentro de la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico

Una coalición estadounidense pide la renuncia de dos miembros: José R. González y Carlos García, antiguos ejecutivos del Banco Santander.
15 Dic 2016 – 4:44 PM EST

Un reporte publicado este jueves acusa a dos miembros de la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico de un conflicto de interés, por haber tenido bajo su mando una institución financiera que vendía la misma deuda riesgosa que ahora el gobierno de la isla dice que no puede honrar.

El documento, titulado "Pirates of the Caribbean", pide a los banqueros José Ramón González y Carlos M. García que renuncien a la Junta –que tomará las riendas de las finanzas de la isla– debido a que fueron presidentes de la subsidiaria Santander Securities, que en 2015 pagó una multa millonaria por no supervisar adecuadamente las transacciones en que sus asesores financieros mercadeaban los bonos riesgosos de Puerto Rico.

"En una impresionante paradoja, García y González, quienes ayudaron a concebir y vender los bonos que llevaron a Puerto Rico al piso, fueron nombrados recientemente por políticos estadounidenses a dos de los siete puestos en la Junta de Supervisión Fiscal (establecida por la ley) PROMESA", dice el reporte, preparado por la coalición Committee for Better Banks y la campaña Hedge Clippers.

González lideró Santander Securities entre 1996 y 2001, seguido por García entre 2001 y 2005. Según el documento, Santander participó en la venta ( underwriting) de más de 61,000 millones de dólares en bonos municipales de la isla en unas 90 transacciones en las últimas dos décadas. En el proceso, Santander y otros bancos recibieron más de 1,000 millones de dólares por colocar la deuda puertorriqueña en el mercado, alega el informe.

"La Junta no emitirá comentarios sobre este tema", dijo el portavoz de la Junta a Univision Noticias, ante preguntas sobre el reporte publicado este jueves.

Miles de millones de dólares en bonos

Además de pedir la renuncia de los dos miembros de la Junta, el informe "Pirates of the Caribbean" insta al Banco Santander a reembolsar los honorarios y descuentos que recibió al vender lo que cataloga como "deuda cuestionable que condujo a una catástrofe fiscal".


Entre las 90 transacciones de deuda en las que participó Santander, 20 involucraron bonos que a largo plazo acumularon tasas de interés de tres dígitos, describe el informe.

Otras transacciones involucraban bonos para pagar el interés de deuda antigua, y "eran esencialmente (pagos de) interés sobre el interés", dice el informe, que se basa en documentos públicos del Banco Gubernamental de Fomento y del Municipal Securities Rulemaking Board, una organización que intenta prevenir fraude y manipulación en el mercado de bonos municipales.

En 2015, Santander Securities fue multada por haber vendido bonos municipales de Puerto Rico sin reflejar claramente el riesgo involucrado en la compra de esa deuda. La subsidiaria pagó una multa de 2 millones de dólares al Financial Industry Regulatory Authority, y pagó más de 4 millones de dólares en indemnizaciones a algunos de sus clientes.

¿Quién vigila la ética de la Junta?

La Junta de Supervisión para Puerto Rico fue establecida por el Congreso de Estados Unidos este verano, luego de que el gobierno de la isla declarara que sus corporaciones públicas no podrían continuar pagando su deuda de casi 70,000 millones de dólares.

La Junta, que cuenta con siete miembros y un miembro sin derecho a voto, tendrá control sobre las finanzas públicas de Puerto Rico hasta que la isla logre al menos cuatro presupuestos equilibrados consecutivos.

Antes de su primera reunión en septiembre, la Junta estableció que podría hacer cambios a los presupuestos de una gran lista de corporaciones públicas en la isla, entre ellas la Universidad de Puerto Rico y la Autoridad de Energía Eléctrica.

Una sección del reglamento aprobado por la misma Junta indica que sus miembros "estarán sujetos a los requisitos de conflictos de interés federales" designados por ley. Sin embargo, las agencias gubernamentales encargadas del cumplimiento ético de funcionarios públicos a nivel federal y local han dicho que esa responsabilidad no recae sobre ellas.

En Puerto Rico, la Oficina de Ética Gubernamental indicó que no tiene jurisdicción sobre los miembros de la Junta, según reportó el Centro de Periodismo Investigativo.

Y en Washington, la Oficina de Ética Gubernamental federal dijo a Univision Noticias que solo se ocupa de manejar las divulgaciones financieras de los más altos funcionarios del gobierno ejecutivo: aquellos nombrados por el presidente y confirmados por el Senado.

Ante ese escenario, Univision Noticias preguntó al portavoz de la Junta quién está a cargo de los reportes éticos y financieros de sus miembros. "Ya tenemos varias peticiones similares para los financial disclosures. Se contestarán más adelante", fue su respuesta.

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