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Universidades

Propuesta de ley penalizaría a universidades selectivas que no admitan a más estudiantes de bajos ingresos

Argumentan que el gobierno otorga miles de millones de dólares todos los años a las universidades y no pide suficiente a cambio, como que sean atendidos más estudiantes de bajos recursos y que aumenten los índices de graduación.
22 Sep 2016 – 01:49 PM EDT

Senadores estadounidenses presentaron un proyecto de ley para exigirle a las universidades más selectivas del país admitir a más estudiantes de bajos recursos o de lo contrario pagar para participar en los programas federales de ayuda económica estudiantil.

El proyecto, además, proveería a las universidades más accesibles para estos estudiantes pero con más bajo desempeño hasta ocho millones de dólares en fondos para que mejoren sus resultados.


La propuesta fue presentada el miércoles por el senador demócrata por Delaware, Chris Coons, y el republicano por Georgia, Johnny Isakson, y apoyada por grandes instituciones como la Universidad de California, la Georgia State University, la Universidad de Delaware y The Education Trust.

El proyecto, denominado ASPIRE por sus autores, daría un plazo de cuatro años a las universidades más selectivas del país para aumentar significativamente su matrícula de estudiantes de bajos recursos o de lo contrario pagar una penalidad para poder recibir fondos federales de ayuda económica para estudiantes.

Se les llama universidades selectivas a aquellas que se destacan por su competitivo proceso de admisión, por admitir a pocos estudiantes, su alto costo y el prestigio obtenido por los logros académicos y reconocimiento de sus egresados, tales como investigaciones o premios académicos.

En Estados Unidos hay más de 4,900 instituciones de educación superior pero solo un 10% (unas 500) son consideradas más selectivas.

Entre ellas se encuentran las universidades del Ivy League: Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Universidad de Pennsylvania, Princeton y Yale. Mientras otras universidades selectivas pero que no pertenecen al Ivy League son el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), el Instituto de Tecnología de California (Caltech), la Universidad de Stanford o la Universidad de California en Berkeley.


Según un estudio reciente, en el año académico 2013-2014, de los más de 17 millones de estudiantes matriculados en instituciones universitarias, 2.9 millones eran hispanos, y de estos, apenas 12% de los alumnos hispanos estaban matriculados en las instituciones más selectivas.

El estudio demuestra, además, que a pesar de ser sumamente difíciles y competitivas, los latinos que logran entrar a las instituciones más selectivas se gradúan de ellas a un ritmo mayor que en universidades en donde se les exige menos.

El factor económico es clave para entender la representación hispana en instituciones tan prestigiosas como esas.

El costo de una carrera universitaria, dependiendo del tipo de institución y de si se siguen estudios de posgrado, puede estar por encima de los 40,000 dólares al año, aunque con ayudas federales e institucionales puede ser mucho menos.

El mismo informe señala que más de la mitad de los estudiantes hispanos (52%) asiste a un colegio universitario de dos años, y el 48% a una universidad de "acceso abierto" de cuatro años. Una universidad de "acceso abierto" tiene políticas de admisión más flexibles que una selectiva.


Los legisladores, por su parte, argumentaron que el gobierno federal reparte unos 180,000 millones de dólares cada año en ayuda económica para estudiantes y en beneficios contributivos sin pedir mucho a cambio, como que las universidades sean accesibles a todos los estudiantes cualificados o que cumplan con un índice mínimo de graduación.

"En la economía de hoy el acceso a la educación superior es una de las maneras más seguras de proveerles una escalera al éxito a estudiantes de todos los orígenes", dijo el senador Coons.

"Por eso el gobierno federal invierte recursos significativos ayudando a estudiantes universitarios de bajos recursos y de primera generación a que tengan éxito en la universidad. Sin embargo, a pesar de esta inversión nuestro sistema de educación superior no está dando resultados a los estudiantes que más lo necesitan", agregó el senador.

Coons e Isakson citaron un estudio de The College Board, la entidad que administra el examen de admisión a la universidad SAT, que indica que cada año entre 25,000 y 30,000 graduados de secundaria con puntuaciones entre el 10% más alto del SAT se inscriben en instituciones menos selectivas que a las que pudieran optar, o ni siquiera asisten a la universidad.


Agregaron que para el año académico 2013-2014 el porcentaje de estudiantes de primer año que ingresaron a una universidad de cuatro años y que recibían una Beca federal Pell para estudiar era del 39%, mientras que en 80 instituciones de las más selectivas ese índice bajaba a menos del 15%.

La Beca Pell es la principal fuente de ayuda del gobierno federal para estudiantes universitarios de pregrado y se otorgan en base a necesidad económica y no hay que pagarlas.

"Nuestros índices de graduación son abismalmente bajos y demasiadas universidades ricas en recursos han fallado en expandir el acceso a estudiantes de bajos recursos", expresó Coons.

Según el proyecto de ley, las universidades más selectivas a las que se les pedirá aumentar su matrícula de estudiantes de bajos ingresos serán aquellas que caigan dentro del 5% de las menos que admiten estudiantes y beneficiarios de las Becas Pell.

Si no aumentan en cuatro años su matrícula de estudiantes de bajos ingresos estas universidades tendrán que pagar una penalidad para poder recibir fondos federales para ayuda estudiantil.


Con el dinero proveniente de las penalidades, según la propuesta, se financiarán programas en instituciones más accesibles, para que mejoren sus índices de graduación.

Las instituciones que sirven a los hispanos (universitarias públicas o privadas sin fines de lucro donde el 25% o más de los estudiantes son hispanos) y las universidades históricas afroamericanas recibirán más fondos para que también mejoren sus índices de graduación, según el proyecto de ley.

La legislación recibió el apoyo, entre otros, de la presidenta de la Universidad de California, Janet Napolitano, quien destacó su "acercamiento enfocado en proveerles incentivos a las universidades y colegios para que aumenten su matrícula de estudiantes de bajos recursos, y ofrecer fondos competitivos para instituciones poco financiadas".

"Cerrar la brecha de graduación de la universidad entre los estudiantes de bajos y altos ingresos es un asunto clave de derechos civiles", afirmó, por su parte, Keith Frome, director ejecutivo de College Summit, una organización sin fines de lucro que trabaja con estudiantes de bajos recursos.

"Para muchos estudiantes de bajos recursos un título (universitario) es su única vía a la seguridad laboral, estabilidad salarial y la oportunidad de vivir una vida larga y gratificante", agregó.


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