Poseer, comprar o vender un bump stock desde este martes será un delito federal grave, luego de que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia John Roberts echó por tierra el último esfuerzo de grupos defensores de las armas para detener la prohibición del uso de este dispositivo que convierte los rifles en armas automáticas capaces de disparar balas en secuencias rápidas.
Los 'bump stocks' ya son ilegales: por qué será un delito grave tener uno en casa desde este martes
Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia negó a defensores de las armas el levantamiento de la prohibición de este dispositivo que permite a los rifles funcionar como si fuesen armas de asalto automáticas. Todo aquel que tenga uno desde este martes podría ir preso o pagar altas sumas de dinero en multas.

La medida es consecuencia directa de la masacre en Las Vegas que dejó 58 personas muertas y 851 heridas. El atacante, Stephen Paddock, usó este dispositivo que a la larga provocó que el número de víctimas fuese aún mayor.
El tiroteo llevó al Congreso a legislar con el fin de prohibir los bump stocks y aunque demócratas y un número importante de republicanos estaban de acuerdo, al final dejaron a la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), que originalmente había aprobado estos dispositivos, regular su prohibición.
Por su parte, el presidente Donald Trump había pedido en febrero del año pasado al Departamento de Justicia que cambiara sus regulaciones y prohibiera formalmente estos dispositivos.
Lo que se hizo fue reclasificarlos como arma automática según la Ley de Armas de Fuego de 1934 que prohíbe su uso general, lo que en la práctica significa que no puede seguir siendo fabricado en el país.
Ahora todo aquel que posea un bump stock tiene que destruirlos. Para hacerlo, se permite la trituración, la fundición o una simple destrucción que haga su funcionalidad imposible.
Si no se destruye, esto puede conllevar a la presentación de cargos por delitos graves, según indicó la ATF. Una violación de la prohibición federal podría acabar en una multa de $250,000, además de una pena de prisión de hasta 10 años.
Se estima, según cifras del Departamento de Justicia, que hay unos 520,000 bump stocks en manos privadas.

































