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Reforma Migratoria

Donald Trump advierte que solo firmará una reforma migratoria que incluya “todas sus prioridades”

En declaraciones a la cadena Fox de Noticias, el mandatario insiste en que no apoya ningún otro proyecto de ley que o incluya la totalidad de su lista de principios migratorios enviada al Congreso en enero.
24 May 2018 – 02:39 PM EDT
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El presidente Donald Trump advirtió el jueves a los republicanos del Congreso que sólo firmará una ley de reforma migratoria si ésta incluye “todas sus prioridades”, entre ellas la construcción del muro en la frontera con México y eliminar leyes y acuerdos judiciales que impiden la deportación inmediata de miles de inmigrantes.

Durante una entrevista al canal Fox News, el mandatario rechazó un plan que llevan a cabo una veintena de republicanos moderados, quienes pretender forzar un voto en la Cámara de Representantes para legalizar a miles de dreamers protegidos de la deportación por la Acción Diferida de 2013 (DACA).

“A menos que incluya un muro, quiero decir un muro, un muro real, y a menos que incluya una seguridad fronteriza muy fuerte, no habrá aprobación de mi parte”, puntualizó.

Trump también dijo que cualquier legislación sobre el tema migratorio debe poner fin a un programa de lotería de visas y restringir las visas para familiares de inmigrantes legales, exigencias que ya presentó al Congreso en enero, durante el debate del presupuesto para lo que restaba del año fiscal 2018.

La rebelión republicana

El 9 de mayo un grupo de congresistas republicanos anunció que estaba empleando una herramienta legislativa conocida como petición de descargo para presionar al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan (Wisconsin) con el fin de que lleve al pleno un proyecto de ley que le dé una solución legal permanente a los miles de dreamers protegidos por DACA.

El grupo, integrado lor los congresistas Carlos Curbelo (Florida), Jeff Denham (California) y Will Hurd (Texas), han dicho que la solicitud “obligaría a una votación de la Cámara de Representantes” del proyecto de ley bipartidista H.R. 744 presentado en marzo.

También permitiría, durante el debate, discutir enmiendas que incluyen soluciones ya ventiladas en el pleno, entre ellos un proyecto de los congresistas Bob Goodlatte (Virginia) y Raul Labrador, y otro de las representantes Lucille Roybal-Allard (California) e Ileana Ros -Lehtinen (Florida).

El plan Goodlatte-Labrador, que no cuenta con respaldo demócrata y es rechazado por una gran parte de los republicanos de ambas cámaras, es el único que incluye la totalidad de las exigencias de Trump.

Lo que quiere Trump

A comienzos de abril Univision Noticias reportó que la Casa Blanca estaba redactando un plan migratorio para ser enviado al Congreso, pero se trata de un proyecto menos generoso que el ventilado a finales de enero, cuando Trump ofreció la ciudadanía a unos 1.8 millones de dreamers a cambio de $25,000 millones para la seguridad fronteriza.

Trump incluyó en su lista de prioridades la construcción del muro a todo lo largo de la frontera con México, aumentar las redadas y acelerar las deportaciones, tres de sus principales promesas migratorias hechas a sus electores durante la campara.

A la fecha la Casa Blanca no ha mostrado ningún borrador de la reforma que pretende enviar al Congreso.

El plan está siendo elaborado por el grupo asesor del presidente en asuntos migratorios, liderado por Stephen Miller, un conocido por sus posturas contra la inmigración y uno de los ideólogos del veto migratorio a países de mayoría musulmana.

A golpe de memos y decretos

Desde que llegó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2017, Trump ha ido cambiando la ley de inmigración a golpe de memorandos y acciones ejecutivas porque no cuenta con el respaldo del Congreso para aprobar su reforma migratoria.

Entre los decretos, resalta uno sobre la construcción del muro y otro sobe las jurisdicciones (ciudades) santuario, medidas en las que estableció que la inmigración indocumentada constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.

También estableció nuevas prioridades de deportación, colocando a los 11 millones de indocumentados bajo la lupa de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

También eliminó los TPS de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Haití, estableciendo entre 12 y 18 meses para la salida de más de 300,000 indocumentados, la mayoría de ellos con más de 20 años viviendo en Estados Unidos.

Simultáneamente, la Casa Blanca publicó el 13 de abril en el Registro Federal el memorando que puso fin a la política del ‘Catch and Release’ y el martes el director interino de ICE, Thomas Homan, solicitó al Congreso ampliar el presupuesto de la agencia para el 2019 a efecto de aumentar la capacidad de detención, aumentar las redadas, acelerar las deportaciones y priorizar la detención y expulsión de familias con orden final de deportación.

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