El presidente Donald Trump quiere, otra vez, que el Censo con el que cada diez años se hace la contabilización de la población de EEUU solo tome en cuenta a las personas que viven legalmente en el país, algo que va en contra de la manera cómo se ha realizado desde 1790, cuando se hizo el primero.
Trump insiste en sacar a los indocumentados del Censo: ¿qué pasó la última vez que quiso hacerlo?
Un censo sin indocumentados mostraría una foto imprecisa de la población, sus necesidades y su representación.
Por:Univision
Video Una demanda argumenta que el gobierno de Trump está quitándole recursos a la Oficina del Censo
Trump dijo en su red social este jueves que ha instruido al Departamento de Comercio para que modifique la forma en que la Oficina del Censo recopila datos, buscando excluir a los inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos sin documentos.
El problema potencial para Trump es que el censo es un mandato constitucional establecido en el Artículo I, en cuya sección 2 establece: “La enumeración efectiva se realizará dentro de los tres años siguientes a la primera reunión del Congreso de los Estados Unidos, y dentro de cada período subsiguiente de diez años, de la manera que se disponga por ley”.
Se trata de la reactivación de una vieja aspiración de Trump, quien en su primera presidencia quiso reintroducir en el cuestionario la pregunta sobre la ciudadanía que había sido eliminada en 1950, algo que muchos activistas aseguraban que buscaba disuadir a inmigrantes indocumentados a responder al cuestionario y que, por tanto, los dejaría fuera del conteo.
Excluir a los ciudadanos indocumentados no solo los sacaría a estos del registro, sino, potencialmente, a sus familiares. En el caso de familias mixtas, donde varias personas tienen diferentes estatus migratorios, es posible que decidan no tomar parte en el Censo.
La Constitución de los Estados Unidos exige que se realice una distribución de representantes entre los estados cada 10 años. Por lo tanto, la distribución es el propósito legal original del censo decenal, según la intención de los Fundadores de la nación.
Eso no solo afectaría la distribución de distritos electorales para el Congreso federal, sino la asignación de recursos federales a estados y condados para la prestación de servicios públicos.
El efecto del empeño de Trump de un Censo sin indocumentados
El último censo se realizó en 2020, en plena pandemia. En esa ocasión, la administración Trump peleó en tribunales contra estados y organizaciones de derechos humanos. La Corte Suprema determinó que, aunque plantear la pregunta era legítimo, las razones expuestas por el gobierno no estaban bien fundamentadas.
Al final, con el riesgo de que el Censo no se realizara a tiempo para cumplir con los mandatos de la Constitución por el retraso que implicaría imprimir nuevos cuestionarios, el conteo se realizó, pese a los contratiempos logísticos que implicó la pandemia.
Sin embargo, en julio de 2020, Trump ordenó al Departamento de Comercio en un "Memorando sobre la Exclusión de Extranjeros Ilegales de la Base de Distribución Tras el Censo de 2020", para no incluir a los indocumentados en los totales del censo a efectos de la distribución.
Según la interpretación de la administración, la Constitución no define qué "personas" deben incluirse en la base de distribución, y que censos anteriores han excluido temporalmente a algunos inmigrantes legales en el país, lo que justifica el cambio, pero expertos afirman que ese enfoque es inválido, ya que la jurisprudencia anterior ha apoyado la inclusión de "personas completas", incluyendo indocumentados.
Al llegar al poder, Joe Biden firmó una orden ejecutiva que anulaba el memorándum de su predecesor y reafirmó la práctica de incluir el número total de personas que residen en los estados en esos recuentos con una orden ejecutiva de 2021, que a su vez Trump revocó el primer día su regreso a la Casa Blanca.
La desconfianza de Trump con datos que no le gustan
La orden de Trump responder a en un patrón general en el que ha intentado reformular los indicadores básicos de la sociedad estadounidense a su gusto, un proceso que abarca desde las cifras mensuales de empleo hasta la delimitación de los distritos electorales del Congreso de cara a las elecciones intermedias de 2026, como está sucediendo en Texas por estos días a instancias del mandatario.
A pesar de que Texas rediseñó sus mapas hace apenas unos años, Trump está presionando a los republicanos del estado para que vuelvan a redistribuir sus distritos, alegando que tienen "derecho" a cinco escaños republicanos adicionales. Los republicanos de Texas han citado el crecimiento de la población como justificación para rediseñar el mapa electoral congresional.
El viernes pasado, Trump despidió a la directora de la Oficina de Estadísticas Laborales, Erika McEntarfer, después de que las revisiones estándar del informe mensual de empleo mostraran que los empleadores añadieron 258,000 trfabajadores menos de lo informado previamente en mayo y junio. Las revisiones sugirieron que la contratación se ha reducido drásticamente bajo el gobierno de Trump, lo que desmiente sus afirmaciones de un auge económico.
La Casa Blanca insiste en que el problema fue la magnitud de las revisiones y que desea cifras precisas, aunque, una semana después, no ha presentado evidencias de cómo habrían sido manipuladas las cifras presentadas sobre el empleo.