Acusan a Trump de intentar revertir su derrota electoral en 2020: es su tercera imputación criminal
El expresidente Donald Trump fue acusado formalmente de cargos federales en el marco de la investigación criminal sobre los supuestos esfuerzos para revertir los resultados electorales de las presidenciales de 2020 que derivaron en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.
Trump ha sido acusado de cuatro delitos que incluyen uno de conspiración para violar derechos, un cargo de conspiración para defraudar al gobierno y un cargo de obstruir un procedimiento oficial y conspirar para hacerlo. Las condenas por los dos primeros conllevarían una sentencia de hasta cinco años de prisión cada una. Por su parte, los cargos de obstrucción llevan hasta 20 años.
La esperada imputación llega días después de que Trump anunciara que había recibido una carta en la que el fiscal especial Jack Smith le notificaba que era objeto de una investigación criminal federal en el caso.
En la notificación, de la que han trascendido solo algunos detalles, Smith le daba pocas horas para testificar ante el gran jurado que investiga el caso.
Es la segunda acusación criminal federal que también enfrenta el exmandatario tras haber sido acusado en junio por el mal manejo de documentos clasificados que el FBI encontró en su residencia de Mar-a-Lago tras negarse a devolverlos al gobierno. Ambas investigaciones han estado dirigidas por el fiscal Smith.
El expresidente enfrenta también otra acusación criminal estatal en Nueva York y otra investigación también estatal en Georgia, todo ello en medio de una campaña electoral con la que pretende regresar a la Casa Blanca.
Para que un jurado federal de investigación, compuesto por entre 16 y 23 personas, decida proceder con una acusación, al menos 12 de sus integrantes deben estar de acuerdo.
¿Cuál ha sido el enfoque de la investigación penal contra Trump por las elecciones de 2020?
El exhaustivo caso contra Trump por sus esfuerzos para revertir a su favor el resultado electoral de 2020, que dio la victoria al demócrata Joe Biden, ha contado con declaraciones de muchas personas cercanas al exmandatario, incluido su vicepresidente, Mike Pence, y su yerno, Jared Kushner, entre muchos otros funcionarios de su gobierno y también funcionarios estatales.
El equipo de Smith parece haberse centrado sobre todo en una reunión que ocurrió en la Casa Blanca a altas horas de la noche del 18 de diciembre de 2020, en la que los abogados privados de Trump sugirieron que ordenara al ejércitoque incautara las máquinas de votación estatales en un esfuerzo sin precedentes para proseguir con sus afirmaciones falsas de fraude electoral.
En videos mostrados por el Comité especial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investigó el ataque del 6 de enero, un abogado de la Casa Blanca dijo que pensaba que la idea era “una locura”. Los jueces, incluidos algunos designados por Trump, rechazaron de manera sistemática las afirmaciones del exmandatario y su equipo sobre un supuesto fraude electoral generalizado.
Smith también ha interrogado a testigos sobre las maquinaciones de los asociados de Trump para reclutar a electores colegiados en estados clave para que certificaran que Trump, y no Biden, había ganado en sus estados. Los certificados de esos falsos electores se enviaron por correo a los Archivos Nacionales, la Administración de Documentos de Estados Unidos y al Congreso, donde algunos republicanos los usaron para tratar de justificar el retraso o bloqueo de la certificación de la elección.
El equipo de Smith también ha mostrado interés en el relato de una trabajadora electoral de Georgia, Ruby Freeman, quien junto con su hija ha dicho que ha vivido con miedo tras las amenazas de muerte que recibió después de que Trump y sus aliados las acusaran falsamente de sacar boletas fraudulentas de una maleta en Georgia.
Trump ha negado haber actuado inapropiadamente en todos los casos y minimiza las acusaciones como intentos por dañar su campaña hacia las elecciones de 2024.
Otros casos legales pendientes de Donald Trump
Trump se declaró inocente el mes pasado de 37 cargos de delitos graves federales que lo acusan de acumular ilegalmente documentos clasificados en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, y rechazar las demandas del gobierno de devolverlos.
La jueza en ese caso escuchó el martes los argumentos sobre si ese juicio —que se llevaría a cabo en Florida— debería realizarse antes o después de las elecciones de 2024. Mientras los fiscales buscan una fecha para el juicio en diciembre, los abogados de Trump han presionado para que se retrase indefinidamente, argumentando que no puede recibir un juicio justo mientras hace campaña para presidente.
Además, en la corte del estado de Nueva York, está programado que comience un juicio en marzo —en plena temporada de elecciones primarias— en otro caso contra Trump presentado por Alvin Bragg, fiscal de distrito de Manhattan, quien alega un plan para enterrar las acusaciones de relaciones extramatrimoniales que surgieron durante su primera campaña para la Casa Blanca.
Trump se declaró inocente en ese caso de 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales internos en su empresa privada sobre un pago de dinero secreto a la actriz porno Stormy Daniels. Trump trataba de trasladar el caso a un tribunal federal, pero un juez falló en contra el miércoles.
En Georgia, se espera que Fani Willis, la fiscal de distrito del condado de Fulton que ha estado investigando a Trump y a sus aliados por sus esfuerzos para anular su derrota electoral en ese estado, presente su caso ante uno de los dos jurados de investigación que prestaron juramento a principios de este mes.
Willis ha sugerido que cualquier acusación probablemente ocurra en agosto. Un jurado especial separado —que no tenía poder de acusación y se disolvió en enero— presentó un informe con recomendaciones a Willis. Aunque la mayor parte de ese informe permanece en secreto por ahora, el presidente del panel ha dicho, sin dar nombres, que el jurado especial de investigación recomendó acusar a varias personas.
Mientras tanto, el fiscal general del estado de Michigan presentó el martes cargos por delitos graves, incluido el de falsificación, contra 16 republicanos que actuaron como falsos electores para Trump en 2020, acusándolos de presentar certificados falsos que decían que eran electores colegiados legítimos, a pesar de que fue Biden quien ganó en ese estado.
Con información de AP.