Estas son las estrictas condiciones que deberá seguir Trump para acceder a la evidencia en el caso de los documentos clasificados de Mar-a-Lago
Aileen Cannon, la jueza federal de distrito de Florida encargada del caso de los documentos confidenciales trasladados por el expresidente Donald Trump a su residencia en ese estado, emitió el miércoles una orden de protección que regirá el acceso a las pruebas clasificadas de la acusación, así como su divulgación.
De acuerdo a la orden, tomada después de una audiencia a puertas cerradas celebrada el martes, Trump tendrá restricciones sobre cómo, cuándo y donde podrá ver y hablar sobre las evidencias clasificadas.
Trump y sus abogados solo podrán revisar la evidencia confidencial en un lugar seguro
La orden había sido solicitada en julio por el equipo del fiscal especial Jack Smith de acuerdo a lo previsto en la Sección 3 de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada, también conocida como la ley CIPA, a fin de “impedir el uso, divulgación o difusión no autorizados de información y documentos clasificados de seguridad nacional que serán revisados o elaborados”, según indica la solicitud.
La orden da luz verde al Departamento de Justicia para comenzar el proceso de descubrimiento, que es como se conoce el momento cuando la acusación comparte sus evidencias con el equipo legal del acusado, el cual será llevado a cabo bajo estrictas condiciones de seguridad para preservar la confidencialidad del material.
Dichos lugares seguros, conocidos como SCIF o ‘instalación de información compartimentada sensible’, son áreas seguras, como una sala o un centro de datos con protección contra vigilancia electrónica, que evita la fuga de datos de información confidencial.
La orden indica que "la defensa discutirá información clasificada solo dentro del SCIF, o en un área autorizada por el CISO”, en referencia al oficial jefe de seguridad de la información, un funcionario externo del gobierno federal que deberá designado para guiar el manejo de la información clasificada en el caso.
Trump y sus abogados se habían opuesto a los estrictos protocolos de seguridad para acceder a las pruebas clasificadas, los cuales consideran inconvenientes y han dicho de deberían poder revisar tal evidencia en su oficina en Mar-a-Lago en Palm Beach.
La orden no dice si se podrá establecer un área SCIF en las propiedades de Trump, como se hizo durante su presidencia, pero el equipo del fiscal especial ha argumentado que sería inapropiado que accediera a la evidencia confidencial en el mismo lugar donde se le acusa de almacenar documentos confidenciales ilegal y descuidadamente.
Cannon también dijo que los documentos cuyo grado de clasificación no está claramente identificado deberán tratarse como documentos clasificados pero permitió a Trump impugnar ante los tribunales “el supuesto estado de clasificación de ciertos documentos”.
Trump ha dicho que cuando aún era presidente había desclasificado gran parte de la información de seguridad nacional que trasladó a Mar-a-Lago, pero en una grabación de audio que es parte del caso Trump reconoce que tenía en su poder material clasificado que no podía compartir.