Uno de los principales abogados constitucionales de línea conservadora apoya el argumento legal de que un expresidente puede ser juzgado por delitos graves y faltas, rompiendo así públicamente con la línea dominante republicana que se opone a condenar al expresidente Donald J. Trump en su juicio político aduciendo la inconstitucionalidad del proceso.
Un viejo aliado de los republicanos desmonta la tesis de que Trump no puede ser juzgado en el Senado
Charles J. Cooper afirma que los republicanos se equivocan al decir que es inconstitucional que un expresidente sea juzgado por delitos imputados durante el ejercicio de su cargo con el argumento de que es un ciudadano particular.
Por:Univision
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En un artículo de opinión publicado en el sitio web de The Wall Street Journal, el abogado Charles J Cooper, que está estrechamente aliado con los principales republicanos en el Congreso, descartó como ilógica la afirmación de que es inconstitucional celebrar un juicio político para un exmandatario.
El artículo apareció en vísperas de que el Senado comience el procedimiento, en el que Trump está acusado de "incitación a la insurrección" en relación con el asalto al edificio del Capitolio en Washington DC por sus partidarios el 6 de enero luego de que dirigiera un mensaje desde las afueras de la Casa Blanca.
No está claro si la opinión de Cooper influirá en la posición de los republicanos durante el juicio del Senado. Al menos 17 republicanos tendrían que unirse a los 50 demócratas para alcanzar el umbral de dos tercios necesario para condenar a Trump, algo que parece sumamente improbable.
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Cooper es muy apreciado en los círculos republicanos. Ha sido un confidente cercano y asesor de los principales republicanos en el Congreso, como Ted Cruz de Texas y el representante Kevin McCarthy de California.
A fines de la década de 1970, Cooper era asistente legal del juez de la Corte Suprema William H. Rehnquist en un momento en que se le consideraba el miembro más conservador del tribunal. Luego se convirtió en el jefe de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia durante la administración Reagan.
Más recientemente, representó al ex fiscal general Jeff Sessions por su presunto papel en la investigación de Rusia. También representó al exasesor de Seguridad Nacional John Bolton durante el primer juicio político de Trump.
El dilema constitucional
A pesar de condenar ampliamente las palabras y acciones de Trump antes y durante los disturbios del 6 de enero, desde entonces los republicanos han tratado de encontrar un difícil balance entre criticar a Trump, que sigue siendo muy popular entre la base del partido republicano, y tomar medidas para sancionar a su comportamiento.
Los republicanos se han unido detrás del argumento legal sobre la constitucionalidad como razón fundamental para oponerse a su juicio. Su teoría es que debido a que la sanción de la Constitución por una condena por juicio político es la destitución del cargo, nunca se tuvo la intención de aplicarla a un ex presidente, que ya no está en el cargo.
Muchos académicos legales no están de acuerdo, y el Senado ha celebrado previamente un juicio político de un exfuncionario, aunque nunca de un ex presidente. Pero 45 senadores republicanos, incluido Mitch McConnell de Kentucky, el líder de la minoría, votaron el mes pasado para desestimar el juicio por inconstitucional por esos motivos.
Cooper dijo que los republicanos estaban malinterpretando por su propia conveniencia la Constitución.
"La disposición va en contra de su interpretación", escribió. Sostuvo que debido a que la Constitución permite al Senado prohibir a los funcionarios condenados por delitos impugnables que vuelvan a ocupar cargos públicos en el futuro, "desafía la lógica sugerir que el Senado tiene prohibido juzgar y condenar a ex funcionarios".
El caso contra Trump
Donald Trump fue sometido a ‘ impeachment’ por segunda vez la semana previa a su salida de la Casa Blanca, marcando el récord para un mandatario: acusado dos veces por el Congreso de crímenes cometidos en ejercicio del cargo. Y además dos veces en un año.
En enero de 2020, el Senado proceso a Trump por abuso de poder y obstrucción de una investigación del Congreso por solicitar al gobienro de Ucrania que anunciara una investigación al hijo de Joe Biden, para afectar la campaña del entonces precandidato demócrata. Resultó absuelto en aquella ocasión.
En enero de 2021, la Cámara de Representantes lo acusó de “incitación a la insurrección” tras el asalto al Capitolio del 6 de ese mes, cuando se realizaba la sesión bicameral para aceptar el resultado del Colegio Electoral que certificó la victoria de Joe Biden.
Aquel evento dejó cinco personas muertas, destrozos en las instalaciones de la sede del Congreso, suspendió por algunas horas aquella sesión protocolar y sacudió la confianza de muchos estadounidenses en la solidez de las instituciones democráticas.
En condiciones normales, como durante el primer juicio político de Trump en enero de 2020, no existía semejante debate porque se trataba del presidente en ejercicio. La condena, si hubiera llegado, habría sido su destitución.
Pero Trump ahora es expresidente, un ciudadano particular sin responsabilidades bajo la ley más allá de las de cualquier otro ciudadano.
¿Es constitucional o no que el Senado vaya a empezar el juicio político a Trump, casi un mes después de que dejara la presidencia?
La respuesta es contundente, pero no única. Sí, sí puede, y no, no puede, todo depende de cómo lea el texto quien esté respondiendo.