La disputa legal en Arkansas para impedir ocho ejecuciones programadas en un plazo de 11 días, antes de que caduque un componente de la inyección letal, continúa después de que el Tribunal Supremo del estado concediera un indulto temporal a un reo que iba a ser ejecutado este jueves y otra corte imposibilitara el uso de uno de los fármacos empleados en la ejecución.
La justicia pone nuevas trabas a las ejecuciones en serie previstas en Arkansas para abril
El estado planificó las ejecuciones antes de finales de este mes por la caducidad de uno de los compuestos de la inyección letal. Cuatro de los ocho reos condenados a muerte ya han recibido un aplazamiento, mientras que el estado aperlará.


Este estado tenía previsto ejecutar este jueves a dos de estos reos -Stacey Johnson y Ledell Lee- después de que la Justicia frustrara este lunes las dos primeras ejecuciones, de Bruce Ward y Don Davis, pero encontró de nuevo impedimentos.
En primer lugar, el Tribunal Supremo de Arkansas suspendió la ejecución de Johnson para autorizar nuevas pruebas de ADN con el fin de determinar su culpabilidad en la violación y asesinato de una mujer en 1993.
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La abogada Nina Morrison, del equipo de Innocence Project, que defiende al condenado celebró la decisión del Tribunal Supremo estatal: "Estamos agradecidos y aliviados", señaló en un comunicado.
Por su parte la fiscal general del estado, Leslie Rutledge, mostró su oposición a la decisión del Tribunal en un breve comunicado en el que recordó a los familiares de la víctima e indicó que estaba "evaluando opciones sobre cómo proceder para garantizar que se hace justicia".
Poco otra parte, el tribunal del condado de Pulaski, prohibió el uso de un fármaco utilizado en las inyecciones letales, a petición de la empresa que se lo había suministrado a Arkansas, McKesson Corp, lo que significa que se supenden de facto todas las ejecuciones.
La compañía alega que vendió el fármaco bromuro de vecuronio - un relajante muscular empleado como parte de las sustancias que se administran al reo-, con fines médicos y no para ejecuciones, un uso que podría perjudicar su reputación y sus finanzas.
La jueza Alice Gray dio la razón a la compañía al considerar que el uso del fármaco para otros fines "dará como resultado un daño irreparable. Daño que no podría ser reparado por compensaciones (monetarias)", según el fallo citado por The Associated Press.
Arkansas todavía puede apelar, algo que según adelantó un portavoz de la fiscal general harán, aunque la batalla no se presenta fácil.
No obstante, si el Tribunal Supremo de Arkansas anula la decisión de la jueza o el estado obtiene otro suministro de bromuro de vecuronio, se podría seguir adelante con las ejecuciones que no han sido aplazadas expresamente.
Entre el 17 y 27 de abril se programaron las ejecuciones de Don Davis, Bruce Ward, Stacey Johnson, Ledell Lee, Jack Jones, Marcel Williams, Kenneth Williams y Jason McGehee, todos condenados por distintos asesinatos.
De haberse llevado a cabo el plan original de ejecuciones, hubiera sido la cifra más alta de ejecuciones en cualquier estado en un periodo de tiempo tan corto desde que la Corte Suprema de Estados Unidos restableció la pena capital en 1976.
En Arkansas además, hace más de una década que no se realizan ejecuciones, aunque hay 32 reos en el corredor de la muerte.






















