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Ejecuciones

Lo que debes saber de las ejecuciones que Arkansas quiere realizar en tiempo récord

Por ahora, tres de las ocho muertes quedarán en espera de nuevas decisiones. Pero el resto de las ejecuciones se realizará en el apresurado lapso de 11 días que fijó el gobernador Asa Hutchinson para evitar que se le venza una de las drogas usadas en la inyección letal.
17 Abr 2017 – 7:39 PM EDT

Mientras en Arkansas las autoridades preparan todo para iniciar las polémicas ejecuciones por inyección letal de una serie de condenados a muerte esta semana, las batallas legales se siguen peleando en distintos juzgados para frenarlas.

Por ahora, las dos muertes que estaban planificadas para este lunes fueron canceladas por la Corte Suprema de Arkansas, pero esta decisión podría revertirse de un momento a otro, según abogados cercanos al caso. Una más debe esperar la decisión del gobernador Asa Hutchinson a un pedido de clemencia.

Pero el resto continuará como estaba pautado en el calendario de once días y a un ritmo de a dos por día. Las próximas serán el 20 de abril: son las de Stacey Johnson y Ledell Lee, ambos condenados por asesinato.

Aquí te explicamos todo sobre las ejecuciones que Arkansas planea realizar:

¿Por qué a un ritmo tan acelerado?

El gobernador Hutchinson puso hace un mes fecha para la ejecución de ocho presos en once días en una carrera con la que pretendía evitar el vencimiento (el 30 de abril) de un lote del sedante utilizado en la inyección: el Midazolam.

A contrarreloj, se fijaron las ejecuciones de Bruce Ward, Don Davis, Stacey Johnson, Ledell Lee, Jack Jones, Marcel Williams, Kenneth Williams y Jason McGehee entre el 17 y 27 de abril. Todos habían sido condenados por distintos asesinatos.

Tres en espera

Este lunes por la tarde la Corte Suprema de Arkansas –en una decisión dividida 4-3– frenó las primeras dos ejecuciones que estaban agendadas para este lunes por la noche. Son las de Don Davis y Bruce Ward. En estos casos, los presos solicitaron acceso a expertos independientes que pudiesen evaluar sus estados psiquiátricos. Las ejecuciones de Davis y Ward estarán guiadas por lo que ocurra en un caso separado que debe ser visto por la Corte Suprema de Estados Unidos el 24 de abril.

El juez asociado de la Corte Shawn Womack lamentó la decisión al asegurar que ambos han tenido "décadas de apelaciones" en sus casos y que las familias de las víctimas merecían cerrar este capítulo.

Un recluso más, Jason McGehee, está a la espera de que el gobernador Hutchinson acepte o rechace su clemencia, que fue recomendada por el Consejo de Libertad Condicional de Arkansas a principios de abril. Esta respuesta podría darse en cualquier momento, dada la premura por el vencimiento de la droga.

Un juez fuera de juego

Un juez de Arkansas bloqueó este viernes el uso del bromuro de vecuronio, el segundo de los tres compuestos de la inyección letal y que frena la respiración de los ejecutados. La decisión respondió al pedido de la proveedora McKesson, que argumentó que al vender el fármaco pensó que sería utilizado con propósitos médicos y no para causar la muerte de alguien. Esa resolución detuvo temporalmente las ejecuciones.

Pero este lunes, su autoridad para conocer sobre todos los casos sobre pena de muerte fue desconocida por la Corte Suprema de Arkansas tras la participación de este juez en una protesta justo después de haber anunciado su decisión el viernes. El alto tribunal incluso refirió al juez estatal del condado de Pulaski, Wendell Griffen, a una Comisión Judicial Disciplinaria en la que se evaluará si violó los códigos de conducta al participar de la protesta.


Luz verde

Otra decisión de un juez federal frenó las ejecuciones el sábado. Lo hizo tras una demanda de los reclusos que argumentaron que el uso del midazolam como sedante en el coctel de la muerte podría violar sus derechos. El anestésico ha sido vinculado con al menos cuatro ejecuciones fallidas en las que los presos no se duermen completamente y sufren un fuerte dolor mientras son aplicadas las otras dos drogas de la inyección letal: el bromuro de vecorunio, que para la respiración y paraliza los músculos, y el cloruro de potasio, que detiene el corazón.

El juez determinó entonces que los argumentos eran suficientemente pesados como para detener las ejecuciones, pero la fiscal general estatal, Leslie Rutledge, apeló la decisión y pidió que fuera revisada a la brevedad para no retrasar las muertes.

Tras la revisión, la corte de apelaciones dejó sin efecto esta decisión y abrió la puerta para que se realice el resto de las ejecuciones.


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