Papeles de Panamá

Exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez investigados en Panamá Papers están en el foco de una "operación abierta" en Madrid

Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fuera enfermera del mandatario venezolano y luego tesorera de la nación, y su esposo Adrián Velásquez, están en la mira de las autoridades de España y Venezuela, que ha pedido su extradición.
29 Abr 2018 – 3:15 PM EDT

Los exfuncionarios del gobierno venezolano de Hugo Chávez (1999-2013) que fueron investigados en Panamá Papers, Claudia Díaz y Adrián Velásquez, están en aprietos en España. Más específicamente en Madrid, de donde no pueden salir hasta que un juez determine si van a ser extraditados a Venezuela o no.

Ella, la sargento técnico Claudia Patricia Díaz Guillén, se encargó de atender los primeros padecimientos del cáncer que acabó con la vida del mandatario venezolano cuando la enfermedad aún se mantenía en secreto. Luego, ocuparía uno de los cargos más apetecidos en la Venezuela del control monetario: la Oficina Nacional del Tesoro. Al mismo tiempo (2011-2013) presidió el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden).

Por lo tanto, Díaz Guillén controlaba la riqueza de una nación que asigna dólares a bajo costo a discreción a ciertos beneficiarios que luego los venden a costo del mercado en el exterior. Es una de las formas de corrupción que proliferó en el país suramericano y sus frutos hoy se exhiben en varias ciudades del mundo, como Madrid y Miami.

Díaz había sido nombrada jefe de enfermeras del entonces presidente Chávez y hacía guardias para su cuidado de 24 horas, según escribió en el libro inédito "Mis huellas", al que tuvo acceso Univision. Allí agradece a Cuba su postgrado en Enfermería y detalla la íntima relación que guardaba con el mandatario "le acompañaba silenciosa hasta que él se durmiera... Mi lugar era sentarme a su lado en el vehículo donde él viajaba". Entre otras cosas, cuenta que ya trabajaba en la oficina de Tesorería Nacional antes de ser nombrada presidenta, en sustitución de Alejandro Andrade, otro militar que vive entre caballos y lujosas propiedades en Florida.

Él, Adrián José Velásquez Figueroa, capitán del ejército venezolano que estuvo a cargo de la seguridad del palacio presidencial, es su esposo. Cuando ella dejó los cargos públicos en 2013, él buscó los servicios del cuestionado bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, que a raiz del escándalo mundial de los Panamá Papers tuvo que cerrar todas sus oficinas.

La investigación periodística mundial Panamá Papers fue un proyecto colaborativo mundial coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), gracias a la filtración que recibió el periódico alemán Süddeutsche Zeitung . Univision Noticias participó y mostró cómo esta pareja de exfuncionarios cercanos a Chávez que provenía de hogares modestos terminó con empresas en paraísos fiscales y cuentas en banca suiza.


Desde entonces, la justicia venezolana, poco ganada a enjuiciar corruptos y mucho menos vinculados al gobierno, emprendió una cruzada contra Díaz y Velásquez, que incluyó allanamientos en sus propiedades en Caracas y decomiso de pertenecia: motocicletas, carros, joyas, camionetas y hasta uniformes militares de ambos. Pero ellos estaban fuera del país y habían dejado rastros de su residencia en el exclusivo complejo CapCana, en República Dominicana, lejos de la Caracas y el aeropuerto de Charallave, donde fueron apresados el hermano y la madre de Adrián Velásquez cuando intentaban salir del país. Josmel José Velásquez Figueroa y Amelis Figueroa luego fueron liberados.


Se habían acabado los tiempos de gloria en Venezuela para el ahora adinerado matrimonio Velásquez-Díaz. Hugo Chávez había muerto (5 de marzo de 2013) y Nicolás Maduro ocupaba la presidencia. Con él vino la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, electa de manera irregular y contra la Constitución, que quitó del cargo a Luisa Ortega Díaz y empoderó a Tarek William Saab, un activista por el chavismo que había sido gobernador por el partido de gobierno.

Saab ha emprendido una "cruzada contra la corrupción" y ha encarcelado a personas por supuestos casos de despilfarro del patrimonio público. Busca demostrar que su antecesora Ortega Díaz no quiso castigar a los corruptos, según sus propias declaraciones. Pero el nuevo fiscal impuesto tiene un problema: la comunidad internacional reaccionó al autogolpe jurídico en Venezuela y desconoce a la asamblea constituyente que lo eligió. Entre ellos España y países del Mercosur.

Devuélvanlos a Venezuela ya

La noche del pasado 9 de abril, el fiscal nombrado por la constituyente, Tarek William Saab, anunció a través de su cuenta de Twitter que tanto Claudia Díaz como Adrián Velásquez acababan de ser detenidos por las autoridades españolas y pidió su inmediata extradición a Venezuela. Dedicó cuatro tuits a explicar el seguimiento que le hacen los investigadores de ese país a la pareja denunciada en Panamá Papers.


Pero sorpresivamente, la Policía Nacional española dijo en ese momento: "no nos consta" que hayan sido detenidos, según le declaró a Univision Noticias un vocero autorizado del órgano policial.

Aunque fue consultado por algunos periodistas, Saab no respondió a las preguntas y tampoco volvió a mencionar públicamente el asunto.

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Extraoficialmente se conocía que la pareja había escogido un par de ciudades en España para establecerse. En la página 123 de su libro, Díaz había escrito que de todos los países y ciudades que había conocido por pertenecer a la comitiva presidencial de Chávez, la capital española estaba entre sus favoritas.


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Tras 17 días de silencio de ambos países sobre el caso, medios españoles como El Confidencial y El Mundo anunciaron que en un operativo especial habían sido detenidos ambos exfuncionarios y que estaban en manos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Este organismo está compuesto por cinco grupos operativos que investigan delitos de blanqueo de dinero.


No obstante, horas después fueron liberados, con orden de no salir de la ciudad de Madrid, mientras el proceso en su contra determina si serán extraditados en los próximos días a su país, Venezuela, como lo pidió Saab. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu es el encargado de decidir sobre la extradición y " los ha dejado en libertad con medidas cautelares", detalló EL Mundo.

La reportera Marisa Recuero, de ese mismo diario, pudo consultar al abogado de la pareja, Manuel Varela, quien declaró que sus clientes son "víctimas de un régimen corrupto que les está usando, tanto a ellos como a otros, para esconder su responsabilidad por la actual situación del pueblo venezolano". También agregó que la petición proviene de "un régimen criminal con una larga historia de abuso de los organismos de justicia internacional".

En medio de la investigación sobre Panamá Papers, Univision Noticias buscó declaraciones de Velásquez y Díaz, pero prefirieron no contestar.


Una vocera del departamento de prensa de la Policía Nacional de España puntualizó este viernes vía telefónica: "hay una operación abierta, judicializaron el caso y no podemos entorpecer las investigaciones. Es todo lo que podemos decir ahora".

Entretanto, el matrimonio que abrió una cuenta en Suiza pocos meses antes de la muerte de Chávez, y que había escogido las aguas de República Dominicana para residenciarse alguna vez, debe permanecer en Madrid hasta que el juez decida su destino próximo.

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