La Florida merece una política migratoria equilibrada y justa

No bien arranca la temporada tonta (silly season), como le dicen nuestros compatriotas angloparlantes a la época electoral, y ya proliferan las propuestas radicales basadas en la política del miedo. Ninguna me ha llamado tanto la atención como la que hizo el otro día sobre inmigración el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, quien pudiera postularse a la nominación presidencial de su Partido Republicano. Su punto de partida es el hecho real de que nuestro estado enfrenta retos debido a la afluencia de migrantes. Pero las soluciones que plantea violan el deseable equilibro entre lo factible y necesario por un lado y lo humanitario por otro.

La Florida cuenta con unos 775,000 residentes no autorizados legalmente, según estimados del Centro de Investigaciones Pew. Muchos de ellos se concentran en las grandes áreas metropolitanas del sur del estado, donde residimos los miamenses y nuestros vecinos de Broward. Ese número podría aumentar debido a las actuales tendencias migratorias.

Muchas de las personas que están tratando de emigrar a toda costa a Estados Unidos provienen de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, tres países asolados por el desgobierno, la miseria y el caos cuyos emigrados tienden a radicarse en los condados sureños de Miami-Dade y Broward. Es por lo tanto natural que los funcionarios públicos floridanos, como DeSantis, se preocupen por los posibles efectos de este éxodo. Es de hecho una de sus responsabilidades como gobernantes electos.

Pero algunos de los planteamientos que acaba de hacer DeSantis son innecesariamente severos y de una dudosa efectividad. Tal es el caso del que eliminaría la matrícula gratis para estudiantes traídos al estado por padres indocumentados. Es una práctica tan humanitaria y sensible que cuando se adoptó, en 2014, la aprobaron miembros de ambos partidos, incluyendo la propia vicegobernadora, Jeanette Nuñez, aliada de DeSantis, el entonces gobernador Rick Scott y el exgobernador Jeb Bush, todos republicanos. La medida se basa en la doble presunción de que los jóvenes indocumentados no fueron responsables de violación alguna de la ley de inmigración y merecen estudiar para que tengan la oportunidad de convertirse en contribuyentes importantes al bienestar de nuestras comunidades.

Un razonamiento parecido expone el celo excesivo y contraproducente de la propuesta de DeSantis de prohibir que los jóvenes “dreamers” que estudiaron derecho puedan ejercer como abogados en nuestro estado.

Pero acaso el planteamiento más desmesurado es el de convertir en delito grave, punible con hasta cinco años de prisión y una multa de 5,000 dólares, el transportar, ocultar o albergar a un indocumentado. Esta medida, cuyo lenguaje es tan rotundo como ambiguo, potencialmente castigaría de manera cruel a miles de personas que han unido sus vidas a las de migrantes irregulares, ya sea mediante lazos familiares, afectivos o laborales. Y sería aún más despiadada si el traslado es de un migrante menor de 18 años, pues entonces el castigo ascendería a 15 años de prisión y 10,000 dólares de multa.

Otra propuesta draconiana de DeSantis consiste en exigir a hospitales que recopilen datos sobre el estado migratorio de todos sus pacientes y que se los reporten al estado. La idea recuerda la ordenanza que prohibió el bilingüismo en Miami-Dade, uno de principales territorios multilingües del país, en los años 1980. Aquella medida paranoica por fortuna nunca pudo aplicarse porque el personal médico del Hospital Jackson y otras instituciones sanitarias se negaron a observarla por considerarla abusiva y peligrosa para la salud y la vida de muchos pacientes.

DeSantis correctamente considera que la Florida confronta un problema de inmigración que debe atenderse. Pero muchas de sus propuestas solo servirían para alimentar temores irracionales de los floridanos a los inmigrantes y castigar duramente a personas que ya han sufrido el trauma de abandonar a la fuerza sus países de origen y de viajar en condiciones precarias; y a aquellos floridanos que buscan brindarles un aterrizaje blando en nuestro estado.

En lugar de ello, DeSantis y otros líderes estales y locales deberían coordinar esfuerzos con el gobierno federal para garantizar una inmigración ordenada a la Florida. Debería ser un proceso que combine la necesidad de aceptar recién llegados que llenen los espacios laborales disponibles en nuestro estado – en los sectores agrícolas, de construcción, sanitarios y de servicios por ejemplo - la protección de perseguidos políticos y víctimas de la violencia y el deber de resguardar la seguridad y el bienestar de las comunidades que los reciban.

Una eterna paradoja de Estados Unidos es que se trata de un país donde muchos temen y resienten a los inmigrantes pese a que son inmigrantes o descendientes de inmigrantes. La mejor manera de enfrentar esa paradoja es buscando a un tiempo formas ordenadas de recibir recién llegados y reduciendo a un mínimo tolerable los inconvenientes que puedan causar a los ciudadanos del país. Esa búsqueda presenta sus desafíos, desde luego. Y no siempre resulta fácil. Pero es una buena alternativa a la prédica del miedo y el rechazo a los inmigrantes.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.