Acción e información, la mejor manera de recordar a las víctimas de la violencia armada

Los fabricantes, vendedores y cabilderos de las armas de fuego, junto a republicanos extremistas, tienen un plan para responder a las matanzas de inocentes: no hacer nada y confiar en que al resto de los estadounidenses se nos olvide lo que sucedió hace tan solo unos días en Gilroy, California; El Paso, Texas, y Dayton, Ohio.

Más de 30 personas murieron y decenas resultaron heridas en atentados terroristas en esas localidades en menos de una semana. El deber de todas las personas de buena voluntad en Estados Unidos es recordar a las víctimas con una campaña efectiva de información y de acciones que le eche el freno a la desaforada violencia de las armas, la cual mató a casi 40 mil personas en Estados Unidos en 2017, el año en que el Centro de Investigaciones Pew realizó su más reciente estudio nacional.

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, marcó el paso de la estrategia republicana de relegar a las víctimas al olvido después de enviar los trillados e hipócritas “pensamientos y oraciones”. McConnell rehúsa convocar una sesión especial del Senado para considerar propuestas que respondan a las puntuales escabechinas. Y se niega a decir si apoya alguna medida concreta contra la proliferación de armas.

El presidente Trump habló con relativa firmeza un día hasta que lo amenazó en una llamada telefónica Wayne Lapierre, el presidente de la corrupta Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés=, el cabildo que invirtió $30 millones en elegirlo en 2016. Exactamente lo mismo ocurrió tras la masacre en la secundaria de Parkland, Florida. En aquella ocasión, Trump se proyectó burlándose de los legisladores republicanos que le temen a la NRA, cuando en realidad nadie le teme tanto como él.

Dentro de dos semanas los legisladores regresarán al Capitolio de unas inmerecidas vacaciones. De los estadounidenses que no nos resignamos a la violencia de las armas y al terrorismo doméstico depende el que no olviden del todo a las víctimas. El pasado fin de semana se llevaron a cabo manifestaciones en los 50 estados de la nación para exigir acción en el Congreso. Las convocaron grupos cívicos como “Moms Demand Action for Gun Sense in America” donde militan madres que ya perdieron hijos en tiroteos, pero generosamente defienden el derecho a la vida de nuestros hijos y nietos, incluyendo los hijos y nietos de los fanáticos de las armas y de los republicanos extremistas. También sería efectiva una oportuna llamada a su representante o senador para pedirles que hagan algo constructivo.

Si se mantiene la presión pública, es posible que los republicanos estén dispuestos a considerar medidas leves contra la violencia de las armas. Una la promueven los senadores Pat Tomey, republicano de Pensilvania, y Joe Manchin, demócrata de West Virginia, quien suele recibir generosos donativos de la NRA y en esta materia vota como republicano. Consiste en expandir el examen de antecedentes de compradores de armas en las ventas comerciales. Una segunda propuesta enviaría fondos federales a los estados que deseen adoptar “leyes de bandera roja”, es decir, medidas que autorizarían a confiscar las armas a individuos que representen un peligro para otras personas o para sí mismos, si así lo dictaminan familiares, la policía y expertos médicos.

Otras propuestas más enérgicas probablemente requerirían un profundo cambio en la balanza de poder en Washington. Son las que formulan los precandidatos demócratas que aspiran a la nominación presidencial de su partido. La senadora Elizabeth Warren sugiere prohibir la venta de armas de asalto, reducir la exportación de armas a países como México y nombrar un fiscal especial que investigue la corrupción de la NRA. Su colega Kamala Harris ampliaría los exámenes de antecedentes y revocaría la licencia a vendedores de armas que violen las leyes. El también senador Cory Booker prohibiría vender armas de asalto y municiones de alto calibre y obligaría a muchos compradores a obtener una licencia renovable cada cinco años.

El exvicepresidente J oe Biden propone meter en cintura a los fabricantes de armamentos y autorizar solo la venta de armas inteligentes, es decir, aquellas que requieren medidas biométricas. Pete Buttigieg invertiría $ mil millones en combatir el terrorismo doméstico de blancos racistas. Beto O’Rourke crearía un sistema nacional de licencias para tener y portar armas e inscribiría todas las que se vendan. El senador Bernie Sanders prohibiría la venta de armas de asalto y establecería un sistema universal de comprobación de antecedentes. Lo mismo haría Joaquín Castro, quien además limitaría la venta de municiones de alto calibre.

Muchas de estas propuestas circulan ya por el Congreso. Pero nadie debería hacerse ilusiones de que prosperarán, habida cuenta del férreo control del Senado y la Casa Blanca que tienen los republicanos y, por consiguiente, los fabricantes, vendedores y cabilderos de las armas. Estas seguirán siendo más importantes que nuestros hijos - y que todos nosotros - mientras las adoren y les rindan culto millones de nuestros conciudadanos.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es). Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.