Cinco durante la transición y 13 en apenas 6 meses: Trump fue el presidente con más ejecuciones federales en 120 años
Rompiendo con una tradición de más de un siglo, la administración de Donald Trump ha acelerado las ejecuciones federales en pleno proceso de transición de poderes. La última se realizó este viernes en la prisión de Terre Haute, Indiana, apenas cinco días antes de que tome posesión un nuevo presidente, quien se ha manifestado públicamente en contra de la pena de muerte.
Desde que Joe Biden fue declarado presidente electo, la actual administración ha ejecutado a cinco reos, entre ellos a la primera mujer en más de seis décadas.
Tras un parón de 17 años en las ejecuciones federales, el gobierno anunció en 2019 que retomaría la práctica, efectuando al primer reo en julio de 2020. Desde entonces, hace apenas 6 meses, ha ejecutado a 13 prisioneros, lo que convierte a Trump en el presidente cuyo Departamento de Justicia ha avalado más ejecuciones en los últimos 120 años. Bajo su mandato fueron ejecutadas más personas que en los anteriores 56 años juntos.
"Esto no es justicia", escribió la jueza de la Corte Suprema Sonia Sotomayor al emitir su voto en contra del fallo del máximo tribunal con respecto a la ejecución de Dustin Higgs, el hombre ejecutado este viernes. "Después de esperar casi dos décadas para reanudar las ejecuciones federales, el gobierno debería haber procedido con cierta moderación para asegurarse de que lo hizo de manera legal" añadió.
Los últimos ejecutados de la era Trump
Higgs, de 48 años, fue el último ejecutado de la administración Trump. Su muerte fue por inyección letal. Había sido condenado por ordenar el asesinato de tres mujeres en un refugio de vida silvestre en 1996, aunque hasta el último día de su vida se declaró inocente.
Los abogados de Higgs calificaron la decisión de "arbitraria e injusta", ya que en este mismo caso, el hombre que disparó contra las mujeres se salvó de la muerte.
Una corte había pedido la suspensión de la ejecución de Higgs, ya que el hombre se encontraba padeciendo daño pulmonar tras haber pasado el coronavirus, algo que puede causar más sufrimiento al administrarse la inyección letal. Pero el Departamento de Justicia apeló esta decisión, que pasó entonces a la Corte Suprema, con una mayoría conservadora con tres de los jueces nominados por el propio Trump. La máxima corte dio luz verde a la ejecución, que se llevó a cabo solo cinco horas después del veredicto.
Apenas un día antes, el pasado jueves, se dio cumplimiento a la sentencia de Corey Johnson, también por inyección letal, por una serie de siete asesinatos perpetrados en 1992.
De acuerdo con la Iniciativa de Justicia Igualitaria, Johnson tenía una clara discapacidad mental, lo cual lo eximiría de la pena de muerte, pero su abogado no logró presentar evidencia suficiente para demostrarlo ni se revisó la presentada con estándares actualizados en materia de salud mental. Según esta organización sin fines de lucro, los problemas en la defensa y los procedimientos son uno de los factores que hace que pobres y miembros de minorías tengan más posibilidades de terminar siendo ejecutados.
Dos días antes de Johnson, fue ejecutada Lisa Montgomery, la única mujer en el corredor de la muerte federal y la única ejecutada por el gobierno en casi siete décadas. Tras su muerte, la Unión Europea emitió un comunicado lamentando la decisión. La Organización de Naciones Unidos había pedido clemencia para ella y cuatro tribunales federales distintos habían ordenado que se suspendiera su ejecución para considerar sus capacidades mentales y si el gobierno había violado las regulaciones, órdenes judiciales y la ley federal al establecer su fecha de ejecución. Pero la Corte Suprema falló en contra y dio luz verde a la ejecución.
El control demócrata del Congreso, ¿podría suponer el fin de la pena de muerte?
De acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, en Estados Unidos 28 estados continúan aplicando la pena de muerte a nivel estatal, mientras otros 22, además del distrito especial de Columbia y Puerto Rico, abolieron definitivamente esta práctica. En Oregon, California y Pennsylvania, el freno a la aplicación de la pena máxima está impuesto a partir de moratorias de sus gobernadores.
Mientras la mayoría de las ejecuciones estatales se han pospuesto durante la pandemia, para evitar nuevos contagios, el pasado lunes representantes demócratas presentaron un proyecto de ley para erradicar la pena de muerte federal. Los demócratas tienen ahora un ajustado control de ambas cámaras del Congreso.
En su programa de justicia, el propio presidente electo Biden anuncia que buscará trabajar con el Congreso para aprobar una ley que elimine la pena capital a nivel federal e "incentivar" a los estados a hacer lo mismo.
La representante Ayanna Pressley, una de las demócratas que presentó el proyecto de ley el pasado lunes, dijo a la Radio Pública Nacional (NPR en inglés) que ha estado en una "conversación activa" con el equipo de transición de Biden y Kamala Harris sobre el tema, y que es "muy optimista" sobre las posibilidades de aprobación de la legislación.
En diciembre, Pressley, junto a un grupo de colegas, envió una carta dirigida a la administración entrante en la que abogaba por la abolición de la pena de muerte y el uso de la acción ejecutiva para poner fin a las ejecuciones federales y perdonar a quienes se encuentran en el corredor de la muerte.
"Le pido que use toda esa autoridad de un plumazo para detener todas las ejecuciones federales y salvar vidas", dijo Pressley. "También debería exigir al Departamento de Justicia que ya no busque la pena de muerte para casos futuros y que desmantele permanentemente la instalación de Terre Haute donde se llevan a cabo esas ejecuciones federales".
Actualmente, el porcentaje de aceptación de la pena de muerte entre los estadounidenses es de un 55%, según las encuestas de Gallup, y aunque sigue siendo una estrecha mayoría, es uno de los porcentajes más bajos de los últimos 50 años.
En 2019, por primera vez desde que en 1985 Gallup comenzó a incluir una pregunta sobre pena de muerte o cadena perpetua, la mayoría de los encuestados optó por la cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional como una opción más viable y efectiva de castigo. De acuerdo con la encuesta, el 60% de los estadounidenses encuestados optó por la cadena perpetua frente a un 36% que se mostró a favor de la pena de muerte.
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