Un juez promovido por Trump amenazó a un niño de 2 años con soltar a un perro si no guardaba silencio en la corte
Un juez de inmigración amenazó a un niño migrante de dos años con soltar a un perro, que aseguró estaba en su oficina, para que lo atacara si no guardaba silencio en el tribunal.
El pequeño, de origen guatemalteco, hacía los ruidos normales que hace un niño de su edad mientras asistía a su proceso de deportación, reportó el sitio Mother Jones en su página digital.
“Un juez amenazó a un migrante de 2 años con un perro. Trump acaba de promocionarlo”, escribió la publicación en su cuenta de la red social Twitter.
Señala el reporte que el juez V. Stuart Couch, un exinfante de marina conocido por tener mal carácter, se encontraba cada vez más frustrado por los ruidos del niño. De pronto apuntó al menor con el dedo y exigió que se callara.
“Cuando el niño no obedeció su orden, comenzaron las amenazas”, cuenta la publicación. “Tengo un perro muy grande en mi oficina, y si no te callas, ¡saldrá y te morderá!", gritó Couch.
Sigue el juicio
Tras el llamado de atención y la amenaza, el juicio continuó. El pequeño recibió la orden y la amenaza del juez por medio de un intérprete en español. “¿Quieres que vaya a buscar al perro? Si no dejas de hablar, sacaré al perro. ¿Quieres que te muerda?”, tradujo el empleado.
Mother Jones añade que Couch continuó gritándole al niño guatemalteco de dos años durante toda la audiencia cada vez que se movía o hacía algún ruido.
Kathryn Coiner-Collier, la única observadora independiente en la sala de la corte ese día, dijo que se quedó totalmente sorprendida por la amenaza que Couch le hizo al pequeño.
La publicación detalla que algunas veces se vieron perros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el edificio de la corte, y era completamente plausible para Coiner-Collier que los perros pudieran haber estado en el lugar aquel día.
Tomó apuntes
Coiner-Collier, quien ocupaba el cargo de coordinadora del Centro de Ayuda Legal de Carolina del Norte en Charlotte, un grupo que asiste a inmigrantes sin recursos para defender sus derechos de permanencia en Estados Unidos, dijo que "apuntó con toda rapidez" todo lo que decía el juez al pequeño.
Poco después, la activista escribió una declaración jurada donde detalla el diálogo ocurrido en el tribunal y la amenaza. El medio cuenta que Kenneth Schorr, director ejecutivo del Centro, presentó una queja al Departamento de Justicia en abril de 2016.
"Estaba indignado", dice Schorr sobre el conocimiento de las amenazas. "He practicado la abogacía durante más de 40 años y nunca he experimentado una conducta judicial tan mala".
Coiner-Collier dice que el juez Deepali Nadkarni, jefe de Couch, la entrevistó varias veces sobre la declaración jurada y le dijo que era correcta.
Justifican a Couch
Schorr, por su parte, dijo que Nadkarni le indicó que todo en la declaración jurada fue corroborado por la investigación interna. Y que el jefe del juez que amenazó al pequeño le escribió en junio de 2016 para decirle que: “el juez Couch reconoció que no manejó la situación adecuadamente y me aseguró que no volverá a ocurrir".
A juicio de Schorr, el juez Couch no debió haber permanecido en el puesto después de su amenaza de llamar a un perro para que atacara a un niño de dos años por hacer ruido en la corte.
Sin embargo, y contra todo pronóstico, Couch recibió una recompensa. En agosto, el gobierno de Trump lo promovió junto a otros cinco jueces a la Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia (BIA), que a menudo tiene la última palabra sobre si los inmigrantes son deportados o no.
Estos seis jueces son quienes rechazan las solicitudes de asilo a una tasa mucho más alta que el promedio nacional.
Mother Jones dice que el juez Couch otorgó solo el 7.9% de las solicitudes de asilo entre 2013 y 2018, en comparación con el promedio nacional de aproximadamente el 45%. Y agrega que antes de convertirse en juez de inmigración, Couch se desempeñó como fiscal militar y atrajo la atención generalizada por negarse procesar a un detenido en Guantánamo porque había sido torturado.
La madre del niño
La publicación indica que la madre del pequeño se negó a comentar la historia. El abogado del menor dijo que la mujer todavía le tiene miedo al juez.
La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), dependiente del Departamento de Justicia y que supervisa los tribunales de inmigración a nivel nacional, se negó a responder preguntas de Mother Jones sobre el incidente.
El intérprete que tradujo al niño para Couch en la audiencia del 2016 se negó a hablar sobre el incidente.
Coiner-Collier contó además que, durante la audiencia, el juez Couch apagó el dispositivo de grabación de la sala mientras amenazaba al pequeño.
Al encenderlo nuevamente, hizo una declaración en la que ella cree que alteró intencionalmente la edad del niño para ocultar el hecho de que había amenazado a alguien que apenas tenía 2 años, según el pasaporte del menor.
Otro antecedente revelado en la denuncia es que el pequeño tampoco hablaba correctamente el idioma español, y que su primera lengua era kiché, una de las tantas que se hablan en Guatemala.
Coiner-Collier dice que tras la amenaza, el juez le pidió que sacara al niño de la sala del tribunal. Y que cuando ella le pidió al niño que la acompañara, este comenzó a llorar y se agarró a su madre.
Poco después que el niño regresara a la sala para continuar el proceso, Couch le dijo: "Te debo una disculpa". Y añadió que su trabajo no era cuidar a los niños. Luego hizo un comentario que sugería que había amenazado a otros migrantes menores de edad.
La activista contó que entre sus apuntes de lo sucedido aquel día recordó que el juez dijo: “Por lo general, cuando amenazo a los niños con animales que dan miedo, funciona. No con este niño”.
Juicio a niños
En junio del año pasado, mientras el gobierno de Donald Trump recibñia órdenes judiciales de entregar cuanto antes a sus padres a más de 2,500 menores separados en la frontera y liberar a menores privados de libertad, las autoridades han comenzaron a emitir citatorios para que infantes, algunos incluso de tres años, se presenten a las cortes de inmigración para que un juez decidiera sus futuros en Estados Unidos.
“El problema es que muchos de ellos llegan sin representación legal”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Se trata de un proceso inhumano e ilegal que el gobierno impuso sin pensar en las consecuencias y en el daño que esto causa y está causando al grupo más vulnerable de la comunidad inmigrante”, agregó.
El diario USA Today citó en esa oportunidad el caso de un menor de tres años que se presentó en la corte para enfrentar el comienzo de su caso de deportación. Al padre del menor le presentaron cargos criminales por cruzar ilegalmente al país y le arrebataron al pequeño, quien fue puesto en manos del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).
El niño fue uno de los más de 2,500 menores separados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entre el 9 de mayo y la tercera semana de junio en cumplimiento de la política de ‘tolerancia cero’, ordenada en abril por el gobierno de Donald Trump. Un informe posterior elaborado por el Inspectos General del DHS reveló que las deportaciones forzadas afectaron a otros miles de niños, y que el gobierno ocultó los datos.
La crisis en la frontera que aumentó dramáticamente el número de casos de asilo estalló en junio del 2014 durante el gobierno de Barack Obama. Las oleadas de migrantes no se han detenido, y en lo que va del año fiscal 2019 el gobierno registra record de aprehensiones en la frontera, situación que ha creado una crisis humanitaria sin precedentes. Los migrantes, en su mayoría, huyen de sus países de origen a causa de la violencia y la pobreza y buscan asilo en Estados Unidos.
