Logró protección en EEUU, pero nunca volvió a ver a su padre que murió mientras hablaba con él

Para no preocuparla, los familiares de Flor Marroquín le ocultaron un tiempo que la salud de su padre había empeorado por un cáncer. Pero en noviembre de 2018 se puso muy grave y tuvieron que decirle. Una mañana ella llamó por teléfono a El Salvador sin saber que sería la última vez que hablarían.

“Le dije: ‘Papá, te quiero mucho. Gracias por haber elegido estar con nosotros. Gracias por cuidar a mis hijos. Te quiero mucho’. Eso fue lo último. Él quiso hablar, pero no pudo. Comencé a llorar y mi mamá me dijo: ‘Flor ya murió’”, relató Marroquín en una entrevista con Univision Noticias.

Durante esa conversación telefónica, José Heriberto Ramírez falleció en su casa en Cojutepeque. Unas horas antes, en medio de su agonía, él observaba al teléfono y repetía: “Flor, Flor, Flor”. Quería escuchar por última vez a la hija que una década atrás se fue a Estados Unidos y nunca volvió.

Como ahora ocurre con muchos indocumentados, Marroquín decidió no asistir al funeral de su padre por temor a separarse definitivamente de su esposo y sus tres hijos en California. En ese entonces el gobierno de Donald Trump endurecía su política migratoria. Se conformó con ver el sepelio a través de una transmisión en vivo por Facebook y con llorarle a la distancia.

“Llegué a un punto de querer irme, pero pensé que no lo iba a revivir con eso. ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Los dejo aquí o los llevo? No, yo tengo que seguir trabajando para salir adelante”, pensó.

Flor Marroquín, de 42 años, vino a este país para darle una mejor vida a sus hijos y ayudar a sus familiares en El Salvador. Su historia es similar a la de miles de centroamericanos que han dejado su país por los altos niveles de inseguridad y marginación.

Ella cruzó la frontera en 2005 y agentes de la Patrulla Fronteriza la arrestaron en Texas. En vez de deportarla, le dieron un citatorio para que se presentara a una corte migratoria en Houston, Texas. Debido a que ella llegó a Ohio, no pudo cumplir con esa obligación. Con el tiempo se enteró que había una orden de deportación en su contra que dificultaba su proceso de regularización.

Marroquín continuó su vida a pesar de que la habían puesto en la lista negra de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). Se enfocó en criar a sus hijos y vender cosméticos y ropa en un puesto ambulante en el centro de Los Ángeles, California.

Un robo le cambió la vida

Hasta que un incidente violento terminó por cambiarle la vida de manera positiva. Sucedió la noche del 25 de diciembre de 2011, cuando ella fue a comprar a una gasolinería de Cudahy, una ciudad hispana en el sureste del condado de Los Ángeles, y un hombre le arrebató un iPhone nuevo y le dio una paliza.

“Venía con la tarjeta telefónica para hablarle a mi mamá, cuando vi que venía una persona y al acercarse me quitó el celular, me golpeó y me tiró a una reja”, relató.

Recibió los golpes en la cara y la cabeza. Como pudo, regresó a la gasolinería a pedir ayuda. Llamó al 911 y la policía levantó su denuncia. Ese robo violento la dejó con secuelas emocionales. “Los golpes son pasajeros, pero el miedo que uno tiene en su mente es lo más fuerte. Queda un pequeño trauma. Hasta ahora no lo supero al cien por ciento”, dice ella.

Su cooperación con las autoridades le abrió la posibilidad de solicitar una Visa U, que el gobierno otorga a las víctimas de crímenes. Lo supo hasta 2015, cuatro años después del incidente. Aunque no calificó para ser parte de una petición migratoria que hizo su esposo, un asesor legal le recomendó iniciar un proceso migratorio separado citando el robo que había sufrido.

“Nunca me imaginé que con eso podía tener un beneficio migratorio”, señala Marroquín.

No fue fácil: tres abogados que le cobraron unos 8,000 dólares le fallaron. En julio de 2020 acudió al abogado Sergio Siderman y hace un mes recibió su Visa U, que le permite trabajar legalmente en el país. Ella dudó cuando le llamaron para darle la noticia. “Lo veía imposible, sentía que no podía arreglar de ninguna forma, había gastado mucho dinero y pasaron años”.

Después de haber vivido en las sombras durante 16 años, Marroquín invita a otros inmigrantes a denunciar ante la policía a los delincuentes. “Tenemos protección en este país”, dice.

Sidemar afirmó que la Visa U es un trámite migratorio “muy accesible” siempre y cuando se cumplan dos requisitos: ser víctima de un crimen (asalto, secuestro, violencia doméstica, explotación laboral, violación sexual) y poder comprobarlo con un reporte policiaco.

“El caso de Flor es ejemplar para miles de personas sin estatus legal y que han sido víctimas de un crimen violento. El beneficio migratorio de la Visa U está disponible en estos momentos y con una buena representación legal puede ser una solución para salir de las sombras”, dijo el abogado a este medio.

El proceso depende de cada caso y puede durar entre 18 y 24 meses. Si al inicio del trámite se someten todos los documentos y la Oficina de Migración encuentra los elementos requeridos, sería más corto, indicó Siderman. “La Visa U tiene la bondad legal de perdonar una entrada ilegal al país y por estadía extendida, así como freno a la deportación y obtener la residencia legal sin salir del país”, explicó.

Marroquín tendrá en noviembre de 2024 la opción de solicitar la residencia permanente. Ahora su plan es encontrar un empleo formal y dejar de ser una vendedora ambulante. “Es difícil vender en la calle: aguantamos frío, lluvia, el calor”.