Sin santuarios hay menos trabajadores agrícolas: cómo la agenda migratoria de Trump perjudica incluso a quienes le votaron
A lo largo de una desolada carretera rural en el noreste de Wisconsin, Manuel Estrada acelera hacia el trabajo en su ruidoso Ford todoterreno plateado. Va tarde para su turno antes del amanecer. Y está preocupado.
Su jefa cuenta con él; a ella le falta un trabajador desde hace un mes. Más de 400 vacas Holstein esperan parpadeando a que las ordeñen. Su familia necesita el dinero de su empleo de 11.50 dólares por hora.
Y Estrada, de 30 años, espera que la policía no lo esté esperando a él también.
Es un riesgo que corre usualmente durante los 15 minutos de viaje desde su casa en Manitowoc, a unos 80 kilómetros al norte de Milwaukee, hasta la granja lechera familiar de 150 años de antigüedad donde ha trabajado durante dos años. Si bien no ha sido un conductor ejemplar desde que ingresó ilegalmente al país hace 13 años, ha evitado cualquier problema serio con la policía. Por los controles de tráfico anteriores, dijo, los policías saben que él no debe conducir un coche.
Estrada conduce sin licencia y la ruta que pasa por uno de los principales condados productores de lácteos de la nación es su punto de presión, porque si lo detiene la policía, podría tener una preocupación aún mayor.
"Lo que yo temo es la separación de la familia y que me separen de mis hijos", dijo en español. "A mí no me preocupa específicamente Trump, porque sé que no soy un criminal".
Pero está en el país ilegalmente, y eso es lo que importa en la agenda del presidente Donald Trump para acelerar las deportaciones. La jefa de Estrada, Abby Driscoll, dijo que ella no puede imaginar el pavor que Estrada y otros empleados enfrentan cada día sin saber si llegarán o no al trabajo o a sus casas.
Incluso aunque celebró el triunfo de Trump como "el menor de dos males", Driscoll intentó tranquilizar a los empleados ansiosos después de la elección, diciéndoles que simplemente se mantuvieran fuera de problemas. En su opinión, la inmigración y la seguridad fronteriza deberían ser cuestiones secundarias para Trump.
"Yo esperaba que sucedieran algunas cosas cuando voté por Trump", dijo. "En cuanto a todas sus políticas de inmigración, supongo que yo no esperaba que llegaran tan lejos".
Estos son tiempos extraños en Dairyland, la tierra de Estados Unidos. Los votantes de Wisconsin le dieron a Trump el impulso electoral que necesitaba para llegar a la Casa Blanca en las elecciones de 2016, la primera vez desde 1984 que un candidato presidencial republicano ganó en el estado.
Los funcionarios del cercano Condado de Milwaukee están divididos: un sheriff se presenta implacable contra las jurisdicciones santuario, mientras otros desoyen la postura del gobierno de Trump.
Conforme el país se esfuerza por cerrar las brechas políticas, económicas y culturales, el debate migratorio enfrenta al gobierno federal contra algunos estados, condados y ciudades. Wisconsin es un mosaico de opiniones, políticas y prácticas en lo que se refiere a cómo las autoridades locales tratan la inmigración.
Los votantes del Condado de Manitowoc, donde vive Estrada, favorecieron abrumadoramente a Trump. Los funcionarios policiales dicen que se enfocan en responder a la delincuencia local, no en aplicar las leyes federales de inmigración.
Los funcionarios del cercano Condado de Milwaukee están divididos en cuanto a esta cuestión. El agitador sheriff de ese condado, David Clarke, lanza vituperios contra las ciudades santuario y encarcela a los inmigrantes siempre que se lo solicitan, haciendo caso omiso de una política local que restringe la práctica. Otros funcionarios han atraído el escrutinio federal por su postura hacia la protección de los inmigrantes que se encuentran aquí ilegalmente.
Como una de las industrias más grandes del estado y el núcleo de su identidad de Wisconsin, la producción de lácteos depende en gran medida de los trabajadores inmigrantes.
Los agricultores dicen que muy pocos ciudadanos estadounidenses solicitan estos trabajos. Además, aunque los agricultores que siembran cultivos estacionales como los arándanos pueden traer trabajadores temporales al país bajo el programa de visas H-2A, la industria láctea no califica porque las vacas deben ser ordeñadas durante todo el año.
Driscoll y algunos otros agricultores dicen que las severas medidas contra la inmigración por parte de la administración Trump están haciendo más difícil encontrar trabajadores. Durante los primeros 100 días de Trump, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) hizo más de 40,000 arrestos en todo el país, alrededor de un 35% más que en el mismo período del año pasado. Eso ha afectado a la región del Medio Oeste, incluyendo Wisconsin.
Si las granjas de Wisconsin enfrentan escasez de mano de obra hoy en día porque han dependido de los trabajadores ilegalmente en el país, el legislador estatal republicano Bob Gannon no quiere oír hablar de ello.
"Si se requiere inmigrantes ilegales para hacer que funcione su modelo de negocio, creo que su modelo es un fracaso", dijo. "Estoy de acuerdo con el presidente Trump en que, si violan la ley en Estados Unidos, deben esperar que se les deporte de aquí".
También tiene problemas con las ciudades que no hacen más para ayudar al gobierno federal. Gannon respaldó la legislación de Wisconsin encaminada a prevenir las jurisdicciones santuario de todo tipo –ciudades y condados que han adoptado políticas para obstaculizar o evitar que las fuerzas del orden colaboren con los agentes federales de inmigración–.
¿Santuario? ¿Qué santuario?
Bajo el fiscal general Jeff Sessions, el Departamento de Justicia en mayo declaró por primera vez lo que el gobierno considera un santuario. Citando una sección de la ley de inmigración de Estados Unidos, Sessions dijo que las autoridades estatales y locales que no comparten información con los agentes federales son malhechores santuario.
Milwaukee es una de casi una docena de jurisdicciones que recibió un aviso del Departamento de Justicia amenazando con retener más de 340 millones de dólares en financiamiento federal si los funcionarios locales no podían demostrar que las autoridades locales comparten información con los agentes de inmigración. El departamento señaló 10 lugares para realizar un mayor escrutinio, basándose en un memorándum de 2016 del inspector general, de más de 140 jurisdicciones que rechazaron solicitudes de órdenes de detención o tenían políticas de santuario.
Reveal, del Centro de Periodismo Investigativo, recopiló detalles sobre las políticas de santuario en las 10 jurisdicciones para medir cuánto santuario ofrece cada una. Las políticas incluyen si la policía puede preguntarles a las personas por sus situaciones migratorias o si la cárcel se compromete a respetar las peticiones de los agentes de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos de retener a personas que de otro modo serían liberadas.
El Condado de Milwaukee fue incluido en la lista porque hace cinco años su Junta de Supervisores aprobó una medida que respeta las órdenes de detención del ICE sólo para delitos graves. Gran parte del debate se centró en el costo.
El condado estaba gastando sus propios fondos para detener a personas y no podía justificar el asumir los costos para los delincuentes de bajo nivel. Aunque muchas cárceles de condado tienen contratos con el ICE para recibir reembolsos, Milwaukee hasta ahora no lo ha hecho.
Peggy Romo West, la supervisora que promovió la resolución y la primera latina en la junta del condado, dijo que no quería que el condado se agobiara con el tiempo y el costo de encarcelar a delincuentes menores. Pero en su mente eso no hace de Milwaukee un paraíso libre de la aplicación de las leyes migratorias.
"Para mí, es filosófico y financiero, pero simplemente desde el punto de vista financiero tiene sentido", dijo. "No nos estaban pagando por día lo que estábamos gastando. Y entonces, ¿por qué los ciudadanos del Condado de Milwaukee deben asumir ese costo?".
Para el Sheriff Clarke, un ardiente partidario de Trump, cualquier indicio de resistencia o indiferencia ante asuntos federales de inmigración es inconcebible –y motivo de sanción.
"No sé cómo un funcionario de las fuerzas del orden o funcionario público –un alcalde o un gobernador –puede decir en serio que nuestras comunidades son más fuertes debido a la inmigración ilegal", dijo Clarke a Sean Hannity de Fox News a comienzos de este año.
Su oficina rechaza la postura del condado en cuanto a las solicitudes de órdenes de detención. Mantiene a los presos tras las rejas siempre que los agentes del ICE se lo piden, a un costo anual para el condado de casi un millón de dólares por detener a unos 3,000 inmigrantes.
Clarke declinó varias solicitudes de entrevistas. En un correo electrónico, su portavoz sugirió que la persona de quien se debe hablar –y culpar– por la brecha en este país sobre temas como la inmigración es el ex presidente Barack Obama.
Incluso en la sede del condado, la ciudad de Milwaukee, la policía tiene instrucciones de no preguntarle a los residentes sobre la situación migratoria a fin de ayudar a fortalecer las relaciones y fomentar la denuncia de crímenes en una región donde la violencia ha ido en aumento.
El alcalde de Milwaukee, Tom Barrett, declinó decir si la ciudad es o no es santuario, añadiendo a la falta de claridad en cuanto a la postura de la ciudad sobre la cuestión. Sin embargo, recalcó que se enfoca en la seguridad y el encarcelamiento de criminales violentos, y cualquier bloqueo con intenciones de tomar el poder por parte de la administración Trump más allá de eso, sería problemático.
"Si lo que están intentando hacer es tomar nuestros recursos limitados y trasladarlos de las fuerzas locales del orden a las fuerzas federales del orden, tengo problemas con eso", dijo Barrett.
En otros lugares, las políticas varían ampliamente, pero cinco de las 10 jurisdicciones ocupan un alto lugar en términos de su condición como santuarios basada en políticas que protegen a las personas de la aplicación de las leyes migratorias.
Chicago y el Condado de Cook, Illinois, por ejemplo, les prohíben a los oficiales de guardia compartir con el ICE información sobre la situación migratoria de una persona. El lunes, Chicago demandó al Departamento de Justicia por su intento de inhabilitar a las ciudades santuario para recibir sus donaciones.
En Philadelphia, Nueva York y Nueva Orleans, la policía no puede preguntarle a las personas que detiene si son ciudadanos. El principal abogado de Philadelphia incluso acusó al Departamento de Justicia por quebrantar la ley al exigir que la ciudad explicara sus políticas.
Por otro lado, funcionarios de Las Vegas y Miami le han dicho a la administración Trump que han cambiado sus políticas este año. Desde que Trump comenzó a amenazar con cortar los fondos federales para las ciudades santuario, ambas ciudades han estado cumpliendo con las órdenes de detención del ICE. En ambos lugares los funcionarios dicen que el Departamento de Justicia recientemente les dijo que estaban actuando de conformidad con la ley federal.
El resto de las jurisdicciones en la lista tiene políticas en contra del cumplimiento de las órdenes de detención del ICE. Todas menos una –el Condado de Cook, Illinois– hacen una excepción si una persona ha sido acusada o condenada por un delito grave.
Pero no todos los conservadores están en sincronía con las políticas de Trump. En un punto, el conservador comentarista de radio Charlie Sykes podría haberse puesto del lado de Clarke. Transmitiendo durante casi 25 años desde Milwaukee, Sykes ofrecía su propio tipo de santuario a los políticos derechistas de Wisconsin, incluyendo al Presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Paul Ryan, al gobernador Scott Walker, y al senador estadounidense, Ron Johnson.
Sykes, un consagrado crítico de Trump, se ha distanciado de Clarke. Llama al sheriff su monstruo de Frankenstein.
El comentarista dijo que la inmigración nunca fue un gran problema para Clarke antes de que el perfil del sheriff se hiciera famoso a nivel nacional. Sykes no se había dado cuenta realmente de cuán entrelazada estaba la industria láctea del estado con la inmigración ilegal hasta ya mucho tiempo después de comenzar su programa de opinión en la radio.
"Ésta no es una economía que esté siendo dañada por los inmigrantes ilegales", dijo. "Realmente ellos nos están manteniendo a flote".
Aumento de las hostilidades
A los 17 años de edad, Estrada cruzó a Estados Unidos desde México y terminó en Manitowoc "por un capricho".
El trabajo agrícola se le daba fácilmente –creció en ranchos– y fue contratado rápidamente. Conforme creció la demanda de trabajadores, eligió a los que más le gustaban. Y luego conoció a su esposa Jennifer con los cuatro hijos de un matrimonio anterior.
Jennifer, quien nació y creció en Wisconsin y habla muy bien el español, sufrió la separación de su primera familia cuando su marido fue blanco de una redada de inmigración y fue deportado a México. Ella trató de resolver las cosas llevando a la familia al sur de la frontera, pero pronto regresó a Manitowoc sola con sus cuatro hijos a cuestas.
La lucha de Estrada para mantener a su creciente familia junta –tienen un hijo de 3 años juntos– es también su batalla, la cual ella ha ampliado hasta incluir manifestaciones, marchas y discursos. En su opinión, el problema se reduce a cuestiones básicas para todas las familias, tales como el precio de la leche.
"Si no queremos acabar pagando 10 dólares por un galón de leche, necesitamos empezar a proteger a nuestros empleados y a nuestra comunidad", dijo. "Éstas son personas de nuestra comunidad que viven con miedo".
En un reciente mitin en una lluviosa mañana de verano en el Capitolio Estatal de Madison, Estrada caminó hasta el micrófono y se presentó a sí mismo. Él, su esposa y otras personas de todo el estado habían ido a protestar contra el proyecto de ley anti-santuario, apoyado por Gannon.
"Ellos llaman a éste el estado lechero, pero eso es gracias a la fortaleza de los inmigrantes", dijo a la multitud.
Los Estrada han estado casados por más de un año y han solicitado ante el Departamento de Seguridad Nacional regular la situación migratoria de Manuel. Confían en que el gobierno les conceda lo que desean.
Pero con la administración Trump, no hay nada seguro. El presidente está tratando de restringir más aún la inmigración legal mediante su apoyo a un proyecto de ley en el Senado que cambiaría radicalmente las calificaciones de quiénes pueden entrar al país, haciendo énfasis en los trabajadores educados y capacitados sobre los trabajadores no calificados.
Si los agentes del ICE vienen en busca de su marido u otros trabajadores de la industria láctea, Jennifer Estrada tiene un plan. Ha ayudado a organizar un equipo de dos docenas de personas que han accedido a cobijar a las personas en riesgo de deportación.
En el Condado de Sheboygan, aproximadamente a una hora al sur de Manitowoc, Daniel Guerrero tiene un enfoque diferente. En la granja lechera de la que es copropietario, una docena de trabajadores vive en los predios para evitar el contacto con la policía. Cuando necesitan ir a la tienda o al dentista, él los lleva. Cuando él se va de vacaciones, lleva a algunos con él.
Originalmente de México, Guerrero llegó a esta granja hace casi 20 años. La granja ha prosperado, aumentando de 300 vacas a un rebaño de 2,000 cabezas. En todo este tiempo, dijo, sólo un buscador de empleo estadounidense solicitó trabajo.
"Duró dos horas", dijo Guerrero. "Fue demasiado, muy difícil para él".
Algunos agricultores han optado por regresar al país del que salieron hace muchos años antes que vivir con el temor constante de ser detenidos.
Miguel Hernández pasó 16 años trabajando en una granja de productos lácteos en el oeste de Wisconsin antes de decidirse a dejar el hogar que ha compartido con su esposa, Luisa Tepole, y dos hijos jóvenes. Una tarde hace poco tiempo, los propietarios de la granja Doug y Toni Knoepke observaban de cerca mientras Hernández y varios otros trabajadores cargaban las posesiones de la familia en una caravana de dos camiones.
Doug Knoepke dice que la escena le recordó a "Las Viñas de la Ira", el cuento de John Steinbeck sobre la migración masiva del "Dust Bowl" de Oklahoma hacia California en la década de 1930.
"Ya nosotros solos no podemos ordeñar las vacas", dijo Knoepke, un agricultor de primera generación con 650 vacas. "Lo que realmente me preocupa es quién va a hacer el trabajo de ellos".
"Los estadounidenses no quieren trabajar en esto", añadió Toni Knoepke.
Dentro de su amplia cocina con vista al área de ordeño, Tepole prepara el almuerzo.
La familia siempre había planeado regresar algún día a México, cuando vinieron a Estados Unidos en busca de trabajo en las granjas. Pero las representaciones negativas de los inmigrantes por parte del presidente y la franca hostilidad que la familia ha experimentado desde la elección aceleraron esos planes.
"Antes, te sentías más cómodo, ¿sabes? Para salir, para comprar alimentos o para llevar a los niños a sus citas, o a cualquier otro lugar, pero ya no es así", dijo Tepole. "En estos días, es como si la gente se sintiera más libre para ofender o hacer cosas que no son correctas".
Se corrió la voz de que se habían visto funcionarios de inmigración en el cercano pueblo de Durand. Después de eso, otros cuatro trabajadores decidieron unirse a Hernández en su viaje de regreso a México.
Cuando le dijo a su jefe que se iba, a Hernández le ofrecieron más dinero para quedarse. Los propietarios de la granja incluso ofrecieron comprar un remolque para el resto de los trabajadores de manera que Hernández y su familia pudieran vivir solos en la casa. Pero él lo rechazó.
Había escuchado bien las promesas de campaña de Trump acerca de deportar a cualquiera que no estuviera aquí legalmente.
"Nuestros jefes siempre nos dijeron que no nos preocupáramos porque él no va a hacer nada", dijo. "Pero en algunos estados, está ocurriendo".
Política de "no preguntar, no decir"
Unos minutos antes de las 4 de la madrugada, mientras los enormes ventiladores industriales giran a lo largo de una pared del granero –sus aspas giratorias crean su propia música mientras empujan el aire fresco hacia las vacas y terneros que están dentro– Estrada comienza su día.
Hace eficientemente su trabajo, limpiando con manguera los tapetes, sacando toallitas de una secadora y preparando una olla de leche refrigerada y un compresor.
No ha tenido un verdadero día libre en aproximadamente un mes pues la búsqueda que hacen los Driscoll de un empleado nuevo se extiende cada vez más. Estrada incluso volvió rápidamente a trabajar después de que una vaca le pisó la mano. Pagó las facturas médicas de la sala de emergencia de su propio bolsillo.
Driscoll dijo que desearía que no fuera así. Le gustaría contratar a trabajadores legales y ciudadanos estadounidenses. Ella no culpa a los empleados como Estrada por vivir ilegalmente en el país. Lo elogia por intentar regularizar su situación migratoria a través de su esposa.
Por otros empleados, ella hace lo que necesite para asegurarse de que puedan trabajar legalmente en el país, pero por lo demás tiene una política de "no preguntar, no decir".
"Definitivamente nos damos cuenta de que, usted sabe, quizá nos estamos haciendo los de la vista gorda ante el hecho de que algunos de estos trabajadores están en este país ilegalmente", dijo.
Y Estrada no culpa realmente a Driscoll por votar por Trump. Sin embargo, sí le advirtió tras la elección que ella se quedaría sola ordeñando las vacas si Trump hace lo que dice que quiere hacer.