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Estas mujeres con TPS cocinan la comida y limpian las mesas de los funcionarios y políticos que podrían deportarlas

María Fuentes, María Carballo, Vicenta Fuentes y María Cruz. Ellas son solo cuatro de los cientos de mujeres con TPS que trabajan desde hace décadas en las cocinas y en la limpieza de los edificios federales. Con la cancelación de este permiso sus vidas están en un limbo. Antes de que la fecha límite se acerque ellas quieren pedirles a esos políticos que las ayuden para que la deportación no sea su destino.
29 Abr 2018 – 9:13 AM EDT

Si nada cambia de aquí al 9 de septiembre de 2019, muchos de los empleados salvadoreños con TPS que se encargan de que los edificios federales funcionen, que las cafeterías y las cocinas operen, y que las instalaciones y los baños estén limpios no irán a trabajar.

Connie Linares, una de las coordinadoras de Good Job Nation, una campaña que representa a más de 2 millones de trabajadores que laboran en edificios federales, calcula que alrededor de 9,000 salvadoreños, la mayoría amparados de la deportación por el TPS, trabajan en el Capitolio, el Pentágono, el edificio federal Ronald Reagan, el Zoológico y el resto de los inmuebles del gobierno federal regados por todo el país.

María Fuentes, María Carballo, Vicenta Fuentes y María Cruz son solo cuatro mujeres de ese nutrido grupo de inmigrantes que, después de décadas de trabajar atendiendo a las más altas esferas del poder de Estados Unidos, han decidido contarle su historia a los medios y a los políticos para ver, cómo ellas mismas lo confiesan, “si alguien le toca el corazón al presidente” y con ello lograran que se retracte y puedan seguir manteniendo sus permisos de trabajo.

“Los trabajadores con TPS le han traído a Estados Unidos contribuciones económicas significativas”, le dijo a Univisión la senadora Catherine Cortez-Masto (demócrata por Nevada), quien se ha reunido con este grupo de mujeres en la capital estadounidense . “Justamente la razón por la que yo he querido reunirme con todas ellas es para recordarle a mis colegas que son inmigrantes con estatus legales los que están trabajando aquí mismo con nosotros. Muchas de ellas son personas que vemos todas las mañanas cuando compramos nuestro café”, agregó. “Muchos trabajan detrás de escena para que estos lugares funcionen. No deberíamos dar eso por sentado. Deberíamos más bien estar ayudando a esa gente que día a día nos ha ayudado”.

Cortez-Masto indicó que ha trabajado en una legislación denominada ‘Ley SECRETA’, que ayudará a proteger a los inmigrantes que tienen TPS. “Esto creará una avenida a la residencia permanente para los que han calificado para TPS. Estamos trabajando para protegerlos, pero necesitamos que nuestros colegas (republicanos) nos ayuden a hacerlo realidad”.

Mientras esperan que los esfuerzos lleguen a buen puerto, estas mujeres quieren contar su historia para poner en evidencia por qué están tan aferradas a este país, y por qué tienen tanto miedo a volver a su tierra.



María Fuentes:

María vivía en los montes de El Salvador, en un caserío del que solo se podía salir en bestia o a pie. “Un día llegaron unos hombres. Tenían la cara tatuada, armas grandes, a mi me encerraron adentro de la casa, me pusieron la pistola en la boca. Me golpearon el estómago y yo estaba embarazada, me golpearon a mi niño y me lo enfermaron y a mi me ha tocado mantenerlo sola. A mi esposo lo asesinaron”.

María Fuentes
“No le hacemos daño a nadie con trabajar”


El hermano de María ya vivía en Estados Unidos y al saber que ella se había quedado viuda con dos hijos y uno en camino le dijo que intentara salir como fuera de ese lugar. “Yo decidí venirme a Estados Unidos. Me vine en carro, luego a pie, escondida en camiones, anduvimos en el monte, mojados y sufriendo en esos caminos. Si yo volviera a nacer no me vendría”, recuerda María que desde julio de 1998 buscó encontrar otro destino en un país que no era el suyo.

Consiguió trabajo lavando trastes. Con lo que pudo ahorrar fue trayéndose a sus críos, que había dejado en manos de una mujer que les daba malos tratos en su tierra. Justo cuando la familia pudo reunirse completa en Estados Unidos fue aprobado el TPS y ella y sus dos hijos mayores consiguieron acogerse a esta amnistía. “Gracias a eso pudimos trabajar, aplicar para rentar un apartamento. Pude tener seguro médico y hacer algo tan básico como manejar o viajar”.


Ya legal, un amigo de la iglesia le consiguió trabajo en una de las cafeterías del Capitolio. Desde hace 10 años, María se encarga de disponer todas las mesas para que políticos y congresistas puedan almorzar. Recoge los platos sucios, limpia las mesas, revisa que haya suficientes servilletas y que los frascos del ketchup estén llenos. Aunque trabajaba legalmente, de la mano de God Job Nation se dieron cuenta de que a ella y a otros inmigrants que trabajaban en esa cafetería les pagaban menos de lo legal y después de varias pugnas consiguieron que las compensaran por robo de salario.

Sin embargo, no sabe si esa lucha valió la pena. Con la cancelación del TPS anuciada por el presidente, María Fuentes solo podrá mantener su trabajo hasta septiembre de 2019, cuando según lo ajustado por el gobierno se terminaría la amnistía. “Si cancelan el TPS yo les he dicho a mis hijos que miren si me entierran aquí o allá”, dice María que al tener sus dos hijos que ya están por encima de los 30 años también amparados por este permiso no tiene ninguna otra vía para buscar su legalización en este país.

“Yo no tengo a dónde volver en El Salvador, por eso tenemos la esperanza y la fe de que algún político nos ayude. Ellos mandan y han sido testigos de lo que nosotras vinimos a hacer aquí, vinimos a trabajar y a atenderlos, les vamos a agradecer mucho que nos ayuden y que hablen por nosotros”.



VIcenta Fuentes

Lo primero que hace Vicenta Fuentes cuando entra a las 6:00 a.m. a una de las cocinas que surten el edificio del Pentágono es poner a preparar 12 libras de frijoles. La cuenta hace mucho tiempo que la sabe de memoria. Luego, sagradamente, cocina 20 libras de arroz blanco y 12 de arroz integral. Mientras el fuego hierve, prepara dos cajas de guacamole y corta cebolla, tomate y lechuga para el pico de gallo que literalmente un batallón devorará durante la hora del almuerzo. Vicenta lleva 10 años preparando diariamente la comida que toman en su tiempo de almuerzo cientos de los 23,000 empleados que tiene la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

Vicenta Fuentes
“Esa noticia de la cancelación del TPS me impactó mucho

Pero Vicenta es salvadoreña y a pesar de que buena parte de su vida en Estados Unidos la ha dedicado a alimentar a coroneles, soldados, marines, políticos, y congresistas, ahora con la cancelación del TPS que hizo el presidente Trump en enero de 2018, Vicenta enfrenta la posibilidad de ser deportada.

“Esa noticia de la cancelación del TPS me impactó mucho, pensé que era una broma, pero luego llevo semanas de dolor de cabeza, de no dormir, de llorar todas las mañanas del sufrimiento de pensar tener que llevar a mis hijos allá, a exponerlos. Ellos nacieron acá, solo han ido una vez a El Salvador”.

Allá… ese país que Vicenta nombra con tanta distancia es la tierra que dejó en el año 2000 cuando tenía 23 años. Las pandillas tenían agobiados a sus padres. “Llegaban a la casa y dejaban una nota que decía que si no tenían el dinero que pedían iban a violar a las muchachas. Vi muchos casos de esos con mis vecinos y vivíamos con ese temor a ser violadas, matadas, por no querer hacer cosas que ellos estaban pidiendo que hiciéramos”.


Vicenta se vino a Estados Unidos “a pie”, una manera muy neutra de resumir el gran periplo que tuvo que pasar para entrar a la tierra del Norte. Sus padres, a pesar de la precariedad de su situación, no querían que ella lo hiciera, porque desde niña había sufrido de epilepsia y no sabían si iba a lograr sobrevivir sola. Pero Vicenta no solo lo logró, sino que con la amnistía que EEUU dio a los salvadoreños tras las catástrofes ambientales de 2001, consiguió un trabajo digno y legal, un seguro de salud y se hizo una vida. Se casó y tuvo tres hijos.

“Me siento orgullosa de haber trabajado en el Pentágono todos estos años porque ahí hay gente importante que define el destino del país, a muchos senadores los he conocido y están ahí esperando mi comidita”, dice con un tono de ingenuidad, el mismo con el que dice “estar esperando que ellos hablen por ella” y por el alrededor de 9,000 empleados salvadoreños que trabajan con TPS en los edificios federales.


María Carballo


“Para ser sincera si cancelan definitivamente el TPS me voy a quedar aquí trabajando como pueda. Yo dejé a mi hija en El Salvador hace 22 años casi recién nacida y aún no me la he podido traer. Estábamos en todo el trámite de los papeles para que se viniera para aquí cuando el presidente canceló el TPS. Fue el día más triste de mi vida, y eso que yo he tenido días muy tristes. Yo crucé la frontera, me cogieron, pagué fianza, luego pagué 2,500 dólares por unos papeles que resultaron falsos. Yo he vivido y he luchado todos estos años para poder trabajar con dignidad. No me voy a ir”.

Maria Carballo
“Muchos estamos en el limbo, no sabemos qué pueda pasar”


Su nombre es María Carballo. También es salvadoreña y es otra de esas mujeres con TPS que lleva años trabajando en el Pentágono en donde dice, casi todos lo que se encargan de la limpieza, la cocina y los servicios hablan español y, como ella, trabajan legalmente gracias a que cada 18 meses pagan hasta 500 dólares ( 85 dólares por la toma de las huellas digitales y 410 dólares por el formulario I-765) para que les den su permiso temporal de trabajo.

“Nosotras no solo pagamos impuestos como los demás estadounidenses sino que además pagamos para poder trabajar. Yo siempre me pongo a pensar: si somos suficientemente buenas para cocinarles sus comidas, para arreglarles sus oficinas, limpiar sus mesas deberíamos ser suficientemente buenas para poder quedarnos en este país”.


María se fue de El Salvador después de que todas sus hermanas habían migrado a Estados Unidos. Se quedó cuidando a su “vieja” quien un día le dijo que ya no tenía que velar más por ella, que “era hora de que hiciera su vida”. Ella no se fue de su pueblo huyendo de la violencia de las pandillas, pero sí se fue por miedo. Un hombre se enamoró de ella y la persiguió al punto de amenazarla con matarla.

Después, se vino a Estados Unidos y solo sintió que podía dejar de huír cuando se acogió al TPS. “Dejé de tener miedo de que me detuvieran, empecé a tener seguro médico, pude salir sin tener que esconder la cara”.

Ahora sus manos se encargan de las ensaladas y de las pizzas que se sirven a la hora del almuerzo en el Pentágono. “Para entrar a trabajar aquí analizaron todo mi pasado, me tomaron mis huellas, me revisaron hasta el último detalle y ahora resulta que nos quieren deportar a todos. Eso no va a pasar”.


María Cruz

María Cruz recibió una llamada del celular de su hija. Era lunes 8 de enero, el reloj marcaba las 11:00 a.m., apenas quedaba una hora antes de que empezara el maratónico momento de servirle los almuerzos a todos los militares y políticos que estaban ese día en el Pentágono, el lugar en donde María lleva trabajando 16 años sirviendo almuerzos.

María Cruz
“No cancelen el TPS. Mis hijos no quieren irse a El Salvador”

No se supone que María hablé por teléfono en medio de la cocina, menos en la hora más apretada del día, pero la llamada le resultó extraña. Contestó. Detrás de la bocina estaba su hija de 15 años llorando. En el colegio le habían dicho que habían cancelado el TPS y que todas las personas salvadoreñas con ese permiso iban a ser deportadas. Se pusieron a llorar las dos.

Desde ese día María Cruz recibe llamadas a deshoras de sus cuatro hijos. “Ellos tienen un trauma, ahora me llaman todo el tiempo, están muertos de miedo de que me deporten a mi y su papá que también tiene TPS”. Los hijos de María Cruz son estadounidenses porque nacieron en esta tierra, pero no tienen aún la mayoría de edad para pedir a sus padres y así hacer que no dependan de ese permiso temporal de trabajo que Trump ha cancelado.


“La noticia del fin del TPS fue como si nos tocara enfrentarnos a todos nuestros más terribles temores. Yo tenía 20 años cuando me fui de El Salvador. Habían disparado varias veces en la puerta de la casa de mis papás, éramos muy pobres y ellos le pidieron a un tío que vivía acá en Estados Unidos que me recibiera”, cuenta María quien después de trabajar sin papeles por un tiempo en Estados Unidos se acogió en marzo de 2001 a la amnistía otorgada por el estatus de protección temporal que dio el gobierno de Bill Clinton. “Después de eso conseguí que una comadre me ayudara a entrar al Pentágono y mi vida fue otra”.

María sabe que, si las cosas no cambian de aquí a septiembre de 2019, es muy probable que su familia tenga que separarse, por eso ha decido unirse a un grupo de mujeres que salen a marchar y que levantan la voz así en sus trabajos las amenacen con que pueden perder el puesto si lo hacen. “Yo antes ni era capaz de decir nada, pero ahora quiero hablar por todos esos que no pueden”. Sus palabras se han vuelto contundentes: “Si pudiera hablarles a todos esos funcionarios para los que he trabajado les diría que no somos criminales, que vinimos aquí a trabajar, a luchar por tener una vida digna y además a servirles a ellos para que defiendan a este país”.

  • Agradecimientos especiales a Connie Linares de Good Job Nation, quien ayudó en la consecución de este artículo.

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