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Atrapados en México Atrapados en México El trauma de pedir asilo en EEUU durante la era Trump

Por Patricia Clarembaux, Almudena Toral,
Lorena Arroyo e Inés García Ramos

19 de noviembre de 2020
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En enero de 2019, el gobierno de Estados Unidos creó los Protocolos de Protección de Migrantes para enviar a solicitantes de asilo a esperar sus casos en las ciudades más peligrosas de la frontera con México, contraviniendo leyes, acuerdos y reglamentos. Esa política, aún vigente, refuerza el legado de miedo y trauma que dejará la presidencia de Donald Trump. En cuatro años de gobierno, sin el Congreso, ha destruido el sistema migratorio construido por los últimos nueve presidentes. Ha separado familias, ha vetado a millones de migrantes que buscan entrar legalmente al país, quiere levantar más muros.

Este proyecto fue realizado con la colaboración de The International Women’s Media Foundation y The Carter Center.Este especial contiene imágenes de violencia.

Armando, un hondureño de 10 años, está sentado frente a un oficial de inmigración en Brownsville, Texas. Le cuenta que en México lo secuestraron dos veces con su padre. La primera vez, en Villahermosa, Tabasco: unos hombres que se identificaron como policías los entregaron a criminales que les robaron todo y luego
los liberaron.

La segunda fue en Monterrey, Nuevo León: un encapuchado le puso un fusil de asalto en la sien y un teléfono en la oreja para que le pidiera a su mamá en Houston que pagara 5,000 dólares de rescate, mientras torturaban a su padre frente a él.

"Le dijo al funcionario que es algo que no va a olvidar. Uno de grande está acostumbrado a ver eso, pero un niño... Él no podía ver a un policía mexicano por miedo, temblaba. Era algo traumático”, dice su padre Damián*, de 37 años.

Almudena Toral/Univision

En junio de 2019 Damián escapó con su hijo de San Lorenzo, una comunidad a más de 100 millas al sur de Tegucigalpa. Lo hizo para evitar represalias de unos pandilleros después de que se negara a entregarles a su niño para que lo pusieran a vender drogas en la calle. También porque soñaba con pedir asilo en Estados Unidos y reencontrarse con su hija pequeña. Cuando su esposa huyó con la bebé, hace tres años, por la misma violencia, la niña tenía un año y medio de edad.

Pero el camino al reencuentro no sería rápido ni sencillo. El 18 de agosto de 2019, después de los dos secuestros, cruzaron el río Grande con la ayuda de unos coyotes y al otro lado los esperaban los Protocolos de Protección de Migrantes.

Almudena Toral/Univision

“Cuando íbamos a cruzar, íbamos caminando por el monte y mi hijo vio la bandera de Estados Unidos enorme y dijo: ‘Papi, ahí está Texas, ahí está mi hermanita. Ya vamos a llegar’. Pero nos dijeron: ‘No, van para atrás otra vez, van para México’. Se decepcionó bastante. Fue muy traumático”.

Ropa perdida por migrantes en su cruce por el río.
Almudena Toral/Univision

Casi 70,000 personas han sido enviadas a México, igual que Damián y Armando, sin ninguna protección de sus derechos. Han sido dejados a su suerte en campamentos improvisados, en la calle o en albergues a los que el gobierno de ese país no ha dado ninguna asistencia.

En medio de la pandemia de covid-19, los migrantes siguen siendo expulsados al otro lado del muro. Con las elecciones presidenciales de Estados Unidos en puertas, los solicitantes de asilo anhelan la reapertura de la frontera y la reparación de un sistema construido durante cinco décadas de mandatos republicanos y demócratas, que Trump destruyó en cuatro años a fuerza de órdenes ejecutivas.

Los Protocolos de Protección de Migrantes (PPM) entraron en vigor en enero de 2019, durante la gestión de Kirstjen Nielsen como secretaria de Seguridad Nacional, que los presentó como un freno “a la crisis migratoria en la frontera sur”.

En los meses previos, más de 60,000 personas, la mayoría familias centroamericanas, se entregaron en grupos a los oficiales de la Patrulla Fronteriza, un comportamiento
sin precedentes.

Detenciones en la frontera

Los arrestos corresponden a personas que intentan ingresar indocumentados a EEUU. Al momento de su detención, algunos solicitan un recurso legal disponible, como el asilo.

Arrestos Expulsiones por PPM Presiona

El año fiscal 2018 termina con 20% más arrestos de los que hubo en 2017. Y para noviembre de 2018, se registra el primer récord de familias detenidas: 23,121.

Enero de 2019: Comienzan a devolver a solicitantes de asilo a México.

Marzo de 2019: Repunta la cifra de centroamericanos entregándose a la Patrulla Fronteriza para ser arrestados y pedir asilo. En su mayoría son familias.

Junio 2019: Bajo presión, México acepta un acuerdo para frenar el flujo de centroamericanos que buscan llegar a EEUU. Desplegó a la Guardia Nacional en 11 municipios de la frontera.

Julio 2019: La OIM coordina vuelos y autobuses financiados por EEUU para devolver a los migrantes bajo PPM a sus países.

Marzo de 2020: Estados Unidos y México acuerdan el cierre de la frontera por el coronavirus.

Abril de 2020: Estados Unidos comienza deportaciones en menos de dos horas por el coronavirus.

Quienes llegaban a la frontera y superaban la “entrevista del miedo creíble” eran detenidos por un periodo y liberados mientras el juez decidía el caso. Pero siempre el proceso avanzaba con ellos en suelo estadounidense.

Eso se acabó el 24 de enero de 2019, cuando Nielsen escribió un memo que establecía que todos los salvadoreños, hondureños y guatemaltecos —con excepción de los menores no acompañados, mujeres embarazadas y personas con condiciones preexistentes— que quisieran obtener ese beneficio en Estados Unidos debían permanecer en México por el tiempo que durara su proceso legal, que podía tomar meses y hasta años.

Cuando les tocara su fecha de corte ante un juez de inmigración, debían presentarse en el puerto de entrada y quedar en custodia de las autoridades estadounidenses; al final del día, la mayoría iba a ser devuelto a México y allí debían esperar hasta su siguiente corte.

Almudena Toral/Univision

“Los extranjeros que traten de jugar con el sistema para venir a nuestro país ilegalmente ya no podrán desaparecer en Estados Unidos”, dijo Nielsen. “La política de ‘te atrapamos y te soltamos’ (‘catch and release’) será reemplazada por ‘te atrapamos y te regresamos’”.

Arriba, un grupo de migrantes que se entregó a la Patrulla Fronteriza en marzo de 2019. Abajo, un tramo de la frontera entre Tijuana y San Diego.
Almudena Toral/Univision
A la izquierda, un grupo de migrantes que se entregó a la Patrulla Fronteriza en marzo de 2019. A la derecha, un tramo de la frontera entre Tijuana y San Diego.
Almudena Toral/Univision

El gobierno de Trump, en un movimiento sin precedentes, ejecutó el memo de Nielsen y continuó demoliendo el sistema de asilo. Ponían así un candado a lo que consideraban una “laguna legal”. Era parte del muro que levantaban bajo la presión del asesor de la Casa Blanca y arquitecto de la política migratoria de Trump,
Stephen Miller.

Los ataques claves
al sistema de asilo

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2017
2018
2019
2020

25 de enero

Trump firma una orden ejecutiva para ampliar el muro con México, aumentar la capacidad de detención para mantener arrestados a los solicitantes de asilo y asigna jueces de inmigración en los centros cercanos a la frontera para deportar migrantes de forma expedita.

27 de enero

Reduce a la mitad (de 110,000 a 50,000) el cupo de refugiados anual y prohíbe por 90 días la entrada de ciudadanos de Siria, Irak, Irán, Libia,
Somalia, Sudán y Yemen.

27 de febrero

Entran en vigor nuevos lineamientos que endurecen la evaluación de los oficiales de asilo durante las entrevistas de miedo creíble.

9 de junio

ICE puso fin al programa de manejo de casos familiares, que permitía que familias pelearan sus casos en libertad y que trabajadores sociales los ayudaran a conseguir vivienda, escuelas para los niños y abogados para sus casos.

24 de septiembre

Trump amplía su veto migratorio: incluye a ciudadanos de Venezuela, Corea del Norte y Chad.

24 de septiembre

Trump vuelve a reducir el número de refugiados anual a 45,000. Se trata del menor cupo establecido por el país.

5 de marzo

Sessions revocó una decisión de 2014 que daba el derecho a los peticionarios de asilo de tener una audiencia ante un juez de migración para presentar evidencia de sus casos o enmendar errores que hubieran cometido en los pasos previos.

2 de abril

Sessions aumentó la presión: notificó a los jueces de inmigración que evaluaría su desempeño en función del número de casos que cerraran al año. Para que obtuvieran una buena evaluación debían cerrar al menos 700.

6 de abril

Sessions anuncia la implementación de la política de ‘tolerancia cero’. Todos los migrantes que llegaban por puntos no autorizados de la frontera eran referidos al Departamento de Justicia para enfrentar cargos criminales por entrada ilegal. Resultó en la separación de familias.

11 de junio

Sessions anuncia que las víctimas de la violencia doméstica y de pandillas dejan de ser elegibles
para asilo.

7 de septiembre

Los departamentos de Seguridad Nacional y Salud elaboran una propuesta para poner fin al Acuerdo Flores, que prohíbe el arresto de menores de edad y exige el respeto a sus derechos y que se garantice que sus casos de asilo sean revisados por un
juez de migración.

6 de noviembre

Trump firma una norma que cambia la política de asilo y hace inelegibles para ese beneficio a todos los migrantes —incluyendo todos los menores de edad—que crucen ilegalmente la frontera sur. Una corte la declaró ilegal.

20 de diciembre

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen anuncia los Protocolos de Protección de Migrantes.

24 de enero

Comienza la implementación de los Protocolos de Protección de Migrantes en Tijuana.

31 de mayo

El Servicio de Inmigración emite un memorando que busca recortar los derechos de los menores no acompañados que buscan asilo, endureciendo sus requisitos para acelerar sus procesos y con ello, sus deportaciones. Una corte federal prohibió su implementación.

16 de julio

Anuncian la Regla Final Interina para presionar a México y Guatemala a llegar a un acuerdo para convertirlos en ‘tercer país seguro’. La norma establece que cualquier inmigrante que haya transitado por otro país antes de llegar a EEUU, no es elegible para pedir asilo en EEUU.

19 de julio

Anuncian la ampliación en todo el país del programa de deportaciones aceleradas, que antes se aplicaba en indocumentados hallados a 100 millas de la frontera con México. Permitiría la expulsión sin que se presentaran ante un juez de migración.

26 de julio

EEUU firma con Guatemala un acuerdo para que reciba a los solicitantes de asilo de otros países.

29 de julio

El fiscal general William Barr revirtió una decisión en un caso judicial y anunció que los familiares inmediatos de una víctima de violencia no son elegibles para asilo.

9 de septiembre

El gobierno propone una regla que elimina el plazo de 30 días para procesar y otorgar permisos de trabajo a solicitantes de asilo. Los trámites podrían demorarse el tiempo que la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración considere.

20 de septiembre

EEUU y El Salvador llegan a un acuerdo para aceptar a solicitantes de asilo.

20 de septiembre

El gobierno pone en marcha un plan piloto para que agentes de la Patrulla Fronteriza hagan entrevistas de miedo creíble. Hasta entonces las hacían oficiales de asilo altamente capacitados.

24 de septiembre

El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, pone fin a la política de ‘catch and release’, con la que los migrantes detenidos en la frontera eran liberados después de que pedían asilo.

25 de septiembre

EEUU y Honduras llegan a un acuerdo para expandir su capacidad de recepción de solicitantes de asilo de otros países.

14 de noviembre

El Departamento de Seguridad Nacional propone una ley para negar la autorización de permisos de trabajo a solicitantes de asilo con casos “frívolos”
o “fraudulentos”.

21 de marzo

EEUU y México acuerdan el cierre de la frontera terrestre para evitar la propagación del coronavirus. Con esto se frena el procesamiento de nuevos asilos y se cancelan todas las audiencias de casos pendientes de personas que estaban bajo PPM.

31 de julio

El Servicio de Inmigración anuncia que el formulario de asilo tiene un costo de 50 dólares. Es la primera vez que se cobra por el trámite. Las tarifas serían efectivas a partir de octubre, pero una corte
las frenó.

27 de agosto

Se conoce que el gobierno de Trump mantuvo detenidos entre marzo y julio a unos 577 niños migrantes en 25 hoteles ubicados en tres estados para deportarlos sin que pudieran pedir asilo. Fue prohibido en septiembre por una corte de California.

24 de septiembre

Presentan una propuesta de regla que estipula un plazo máximo de 15 días a partir de la primera comparecencia en corte para presentar la solicitud de asilo. Aún no está en vigor.

25 de septiembre

El fiscal Barr ordena que la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) revise nuevamente las decisiones de los jueces de inmigración sobre casos de asilo para determinar si satisfacen todos los elementos estatutarios de ese beneficio.

21 de octubre

Anuncian una nueva regla que hace inelegibles para el asilo a quienes hayan sido acusados de delitos, incluso si no han sido condenados.

Con los PPM en marcha, los centroamericanos quedaron en un limbo en una frontera con altos índices de violencia. La primera ciudad donde se aplicaron fue Tijuana, en
Baja California.

Dos cadáveres en la morgue de Tijuana. El jefe de servicios médico forenses de Baja California, César González Vaca, asegura que Tijuana atiende 50% de los ingresos anuales de todo el estado.
Almudena Toral/Univision

En agosto de 2019, la morgue de Tijuana estaba rebasada. Los forenses recibían entre 15 y 40 cadáveres al día, con 30 o 40 heridas de bala, con traumatismos en la cabeza, estrangulados, degollados con armas blancas. En ese periodo, el número de cuerpos que recibían baleados y descuartizados aumentó hasta 50%, explica César González Vaca, jefe del Servicio Médico Forense de
Baja California.

Arrestos por uso y tráfico de droga en Tijuana en agosto de 2019. Almudena Toral/Univision

Tres organizaciones criminales se disputan el control del narcomenudeo de drogas como el cristal: el cartel de los hermanos Arellano Félix, el de Sinaloa y el de Jalisco
Nueva Generación.

“Tijuana pasó de ser un proveedor a ser también un consumidor de drogas. Ese es el problema que tenemos ahorita: 90% de las víctimas están ligadas al narcotráfico (...) Se pelean las calles, las esquinas, que es donde venden”, dice el comandante de la Policía de Tijuana, Ricardo Guerrero.

Y la agresión no es solo contra los narcomenudistas, sino también contra los consumidores: “Si vas y le compras al de la esquina, que es el contrario, pues también son agredidos por no consumirles a ellos. Es un problema súper complejo”.

En ese contexto, explica el comandante Guerrero, los migrantes que llegan a Tijuana “son víctimas” de los traficantes de personas y de los narcomenudistas que, además, podrían ofrecerles algún trabajo.

Ese es el perfil de la violencia brutal que se vive en la mayoría de los puntos a los que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) extendió los PPM. Son lugares a los que el Departamento de Estado incluso recomienda no viajar.

¿Dónde hay PPM?

Hasta septiembre de 2020 el TRAC reportó que 67,790 personas han sido sometidas a los Protocolos de Protección de Migrantes en algunas de las ciudades más peligrosas de la frontera mexicana con EEUU.

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Tijuana

Comienzo: Enero de 2019

Tasa de homicidios*: 114.05

Mexicali

Comienzo: Marzo de 2019

Tasa de homicidios*: 12.81

Nogales

Comienzo: Enero de 2019

Tasa de homicidios*: 34.74

Ciudad Juárez

Comienzo: Marzo de 2019

Tasa de homicidios*: 88.81

Nuevo Laredo

Comienzo: Enero de 2020

Tasa de homicidios*: 12.18

Matamoros

Comienzo: Julio de 2019

Tasa de homicidios*: 14.39

Piedras Negras

Comienzo: Octubre de 2019

Tasa de homicidios*: 8.56

(*) Tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes.
Fuente: Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, 2019

Y Tijuana, que en 2018 fue catalogada como la más violenta del mundo por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, es considerada la ciudad más segura entre las siete que reciben a los migrantes bajo los Protocolos.

Fue allí donde dos adolescentes hondureños que viajaron con una de las caravanas migrantes, fueron golpeados, estrangulados y torturados hasta la muerte por criminales de la zona. Las autoridades hallaron sus cuerpos desnudos y envueltos en cobertores en esta calle, la noche del 15 de diciembre de ese año.

Almudena Toral/Univision

Poco a poco, el DHS amplió los protocolos casi a cualquiera que pidiera asilo, ya no solo a los centroamericanos. Sumó a venezolanos, nicaragüenses, cubanos, brasileños, colombianos, algunos africanos y hasta mexicanos (que representan 0.14% del total). Luego llegó a acuerdos con El Salvador, Honduras y Guatemala para que se convirtieran en receptores de solicitantes de asilo, a sabiendas de que el grueso de los migrantes que buscaban protecciones en Estados Unidos provenían de esos tres países marcados por la violencia de las pandillas y la pobreza.

Hasta mayo de 2020, la organización Human Rights First contabilizó 1,114 delitos contra solicitantes de asilo que habían sido enviados a ciudades fronterizas mexicanas a esperar por la resolución de sus casos.

Almudena Toral/Univision

En ese número se contaban asesinatos, violaciones, raptos, torturas y robos: 265 de esos incidentes fueron secuestros o intentos de secuestro en los que había niños involucrados. Y la cifra podría ser mayor, pues no todos los afectados se atreven
a denunciar.

Esos crímenes y el largo camino hacia el asilo bajo los PPM han hecho que los migrantes sigan acumulando trauma y daño psicológico.

La incertidumbre se potenció cuando el gobierno de EEUU decidió en marzo de 2020 cerrar la frontera por el coronavirus y paralizar las audiencias de los migrantes anclados en
México. Para abril había caído exponencialmente el número de personas que la Patrulla Fronteriza sumaba a los PPM, pero en septiembre la cifra escaló más de 80% en relación con la de abril: 1,167 personas fueron devueltas a México.

Enviados a México

tras la emergencia

del coronavirus

Migrantes devueltos bajo PPM

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Fuente: CBP

Enviados a México tras

la emergencia del coronavirus

Migrantes devueltos bajo PPM

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Fuente: CBP

El 19 de octubre de 2020, cuando algunas ciudades se preparaban para la reapertura, el secretario en funciones de DHS, Chad Wolf, anunció una extensión del cierre de la frontera por el coronavirus, ahora hasta el
21 de noviembre.

Un grupo de niños juegan con armas de mentira que incluso simulan el sonido de disparos en el campamento de migrantes de Matamoros.
Almudena Toral/Univision

“Con la frontera cerrada, el ambiente es tenso, de tristeza, muchas veces de frustración. Psicológicamente es un daño irreparable. Es un daño que nadie va a olvidar jamás. Es algo traumante”, dijo Damián en julio, poco después de que se confirmara el primer caso de coronavirus en el campamento de Matamoros, a donde él fue enviado igual que cientos de migrantes que dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir día a día en las ciudades fronterizas con PPM.

Cuando se juntaron la espera interminable por la pandemia y un intento de secuestro a su hijo en el campamento de Matamoros, Damián ya había tomado una
decisión dolorosa.

Damián muestra una foto de su hijo.
Almudena Toral/Univision

Fue uno de los primeros padres, entre cientos, que desesperados optaron por la alternativa que veían más segura para sus hijos: los hicieron cruzar solos la frontera, como menores no acompañados (UAC, la sigla en inglés), para que amparados en las leyes fueran procesados y reunificados con los familiares que ya estaban en Estados Unidos. En el caso de Armando con su madre, que vive
en Houston.

“Cuando llegaba la noche, Armando se ponía nervioso porque pensaba que podía volver a pasar (el secuestro)”, dice. Y el padre no conseguía pegar ojo por la tensión. “Vengo de Honduras huyendo y me encuentro con un país igual o peor, más violento que el mío. Entonces, no es fácil saber que la vida de tu hijo corre peligro. Solo Dios y mi hijo han visto cómo yo he llorado en esa carpa”.

Así que aquella conversación del hijo de Damián con un funcionario estadounidense era el preámbulo de esa separación indefinida.

Damián muestra el juguete favorito de Armando. Meses después de la partida de Armando, Damián sabía que enviar a su hijo a EEUU era la mejor decisión que había tomado. “Ahora puede tener una vida un poco más normal. Los niños aquí me dan pena. Ningún ser humano debería vivir en estas condiciones”, le dijo a Univision Noticias en julio. Almudena Toral/Univision

“Todo padre al que le preguntes te va a decir lo mismo: que el corazón queda vacío, sin nada. Él era todo para mí, tuve que hacerlo porque no tuve otra opción, no pude hacer nada y, tal vez ellos (las autoridades estadounidenses) no entienden eso, tener que separarse de lo que uno más quiere para salvarlo”, lamentó en entrevista con Univision Noticias poco después de ver a su hijo cruzar la frontera.

El trauma de los solicitantes de asilo bajo el programa Quédate en México, como se le conoce a los PPM, está alimentado por la violencia criminal de todas las ciudades fronterizas donde se aplica y por la violencia institucional que viven los solicitantes de asilo en su tránsito por una política improvisada e “inhumana”, como la cataloga la abogada de inmigración Jodi Goodwin.

La salvadoreña Daniela Díaz, de 20 años, estuvo año y medio atrapada en los Protocolos. En ese tiempo acumuló nuevos miedos, como a la oscuridad, porque en los últimos 10 meses de confinamiento que vivió en tres cárceles del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) nunca le apagaron completamente la luz
por la noche.

Almudena Toral/Univision

Ahora —en su casa tras ser deportada en septiembre de 2020— muchas veces le dan las 4:00 de la madrugada despierta. No logra conciliar el sueño por las pesadillas y porque, asegura, necesita las pastillas que le dieron en el centro de detención durante los últimos cinco meses de encierro; su madre trata de calmar su dependencia haciéndole tés de manzanilla. Consultado sobre este tema, ICE negó que suministre este tipo de medicamentos a los detenidos.

También sufre ataques de ansiedad con fuertes dolores de estómago cuando ve una sopa ‘Maruchan’ o un espagueti simplón, como el que tragó sin opciones cada día
en prisión.

Almudena Toral/Univision

Con 19 años, Daniela había huido de su país porque un policía la acosaba hasta dentro de su casa, a donde entraba sin pedir permiso para robarse fotos de ella y la amenazaba con violarla, matarla y lanzarla por un barranco donde nadie pudiera encontrarla; estaba escapando también de un pandillero que quiso hacerla su novia a la fuerza y cuando ella se negó le dijo que la encontraría y la asesinaría.

Las amenazas del pandillero a Daniela continuaron en Facebook una vez que ella huyó de El Salvador. Ella imprimió la conversación para mostrarla como evidencia al juez. Almudena Toral/Univision

En Tapachula, su primera parada en México, tuvo que salir corriendo también de enemigos ajenos: dos pandilleros que le dispararon a la amiga con la que escapó de El Salvador y con los que se toparon en una calle.

Gabriela, la amiga de Daniela, muestra una de las cicatrices que tiene en su cuerpo por los balazos que le dieron en El Salvador tras negarse a ser novia de un pandillero. Almudena Toral/Univision

Así que en Estados Unidos esperaba lograr un asilo y con él, la protección que no había conseguido en su
propio país.

La primera vez que Daniela pidió asilo en Estados Unidos estuvo dos días detenida y la devolvieron a Tijuana. Luego, su primera corte, a principios de abril de 2019, coincidió con la disposición de un juez federal que puso un freno momentáneo a los PPM y como consecuencia, la dejaron encerrada en una hielera de San Diego,
en California.

“Todos nos preguntábamos por qué nos llevaban ahí (...) hasta el día siguiente, que me dijeron que como hubo un cambio de ley ya nadie regresaba a Tijuana”.

La frontera de Tijuana-San Diego.
Almudena Toral/Univision

Ese día, cuenta, les dijeron que “no sabían qué iban a hacer con nosotros”. Mientras tanto no pudo avisar a su familia que estaba arrestada. Un inmigrante más confirmó a Univision Noticias que pasó por la misma situación tras la orden del juez.

Veinte días después liberaron a Daniela y volvió a quedar como el primer día: los oficiales le dieron un papel con una nueva fecha de corte y la regresaron a Tijuana hasta su siguiente audiencia,
un mes después.

Almudena Toral/Univision

Daniela vivió primero en un albergue, el Movimiento Juventud 2000, en la peligrosa zona norte de Tijuana. Luego se mudó con una tía a Rosarito, a más de 30 minutos de Tijuana. Para llegar a tiempo a su corte tenía que madrugar y tomar un autobús que la acercara a la frontera. En ocasiones, sus audiencias terminaban tarde, de noche, cuando ya no tenía cómo regresar a su casa y debía dormir en el refugio.

“Hola, buenas tardes, yo llamaba a este número para saber si usted me podría acompañar a mi audiencia. Estoy yendo a corte con un juez allí a San Diego y quería saber si usted podía llevar mi caso. Estoy aquí en México esperando el proceso del asilo”, dijo Daniela a otra de las múltiples contestadoras telefónicas que ha escuchado cada vez que llama a la oficina de un abogado
de inmigración.

Las manos le sudan con cada llamada fallida, porque en cada audiencia el juez le pregunta cuándo conseguirá un abogado. Lo necesita para completar su solicitud de asilo en inglés y porque el juicio no puede avanzar sin que el inmigrante tenga un defensor. Eso es lo que establece el debido
proceso migratorio.

Almudena Toral/Univision

“Cada vez que me toca una audiencia siempre llamo para ver si alguno quiere acompañarme. Uno me cobraba por solo ir a acompañarme. Le dije: ‘No, no tengo’. Otras veces llamo y me sale lo mismo, que tengo que dejar el mensaje y no, nunca me vuelven a llamar ni nada”, lamenta la joven mientras sigue marcando a más abogados, que tampoco responden. Otros que le han contestado, le explican “que no trabajan con casos de Tijuana” porque sus licencias son de
Estados Unidos.

La última vez que Daniela estuvo arrestada fue cuando intentó apelar la negación de su asilo sola, sin abogados. Pasó 10 meses en custodia de ICE en una prisión en California y dos en Texas. Al final perdió su caso

Almudena Toral/Univision

En septiembre de 2020 la deportaron, como ha pasado con casi 50% de los 67,790 migrantes que han estado bajo los PPM, según un análisis de datos del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la
Universidad de Syracuse.

Esta situación no es una rareza. Le pasa a 92.6% de los migrantes que han sido devueltos por Estados Unidos a México mientras esperan la solución de sus peticiones de asilo: o no pueden pagar los servicios de un abogado privado o no consiguen ninguno que pueda representarlos ad honorem.

Almudena Toral/Univision

Al final, la mayoría pierde el caso. Los PPM fueron diseñados a sabiendas de que iban a causar este problema a los inmigrantes en su proceso de asilo.

Total de casos

por nacionalidad

Apenas 7.3% de los migrantes que han estado bajo los Protocolos han acudido a sus cortes con representación de un abogado.

Con representación legal

Asilos aprobados*

Honduras

Guatemala

Cuba

El Salvador

Ecuador

Venezuela

Nicaragua

23,052

15,802

9,506

8,126

4,986

2,380

1,732

5,000

10,000

15,000

25,000

20,000

Asilos aprobados

Los que huyen de países con regímenes autoritarios tienen más posibilidades

de ganar sus casos de asilo.

20%

19.92%

15%

9.12%

10%

5%

3.24%

HO

GU

CU

SA

EC

NI

VE

Fuente: TRAC

Total de casos por nacionalidad

Apenas 7.3% de los migrantes que han estado bajo los Protocolos han acudido a sus cortes con representación de un abogado.

Con representación legal

Asilos aprobados*

Honduras

Guatemala

Cuba

El Salvador

Ecuador

Venezuela

Nicaragua

23,052

15,802

9,506

8,126

4,986

2,380

1,732

5,000

10,000

15,000

25,000

20,000

Asilos aprobados

20%

19.92%

15%

Los que huyen de países con regímenes autoritarios tienen más posibilidades de ganar sus casos de asilo.

9.12%

10%

3.24%

5%

Honduras

Guatemala

Cuba

El Salvador

Ecuador

Venezuela

Nicaragua

Fuente: TRAC

Peticiones de asilo

en la frontera

Hasta el 30 de junio de 2020, las cortes tenían un acumulado

de 155,023 peticiones y habían concedido 13,350 asilos.

Solicitados

Otorgados

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

2008

10

12

14

16

2019

Fuente: Cortes de Inmigración

Peticiones de asilo en la frontera

Hasta el 30 de junio de 2020, las cortes tenían un acumulado

de 155,023 peticiones y habían concedido 13,350 asilos.

Solicitados

Otorgados

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: Cortes de Inmigración

La venezolana Elibet y sus hijos de 9, 11 y 16 años son parte del 0.8% de migrantes que ha ganado un asilo en el marco de los Protocolos de Protección de Migrantes de Donald Trump. Después de cuatro citas en una corte improvisada en una carpa en Brownsville, Texas, el 21 de noviembre de 2019 el juez a través de una videoconferencia les dio el sí.

Uno de los motivos que le ayudó: ella y sus hijos fueron acompañados por un abogado a la última audiencia. El abogado Richard Newman dejó su trabajo como abogado de ICE tras la separación de niños en la frontera y se unió a una ONG para ayudar a representar a solicitantes de asilo,
como Elibet.

Almudena Toral/Univision

El otro es que su caso encaja en una de las causales de asilo, pues su familia fue perseguida por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.

Elibet salió de Venezuela el 28 de junio, dos semanas después de que la policía de Monagas —un estado al este del país, gobernado por el chavismo— arrestara a su esposo. La justicia lo acusó de robo material estratégico de cobre y lo condenó a 30 años
de prisión.

Ella asegura que los cargos fueron inventados: “Cuando lo detuvieron dice que le sembraron en sus pertenencias material de cobre y que él no tuvo nada que ver…
Lo están culpando de eso”.

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Ya esperaban que algo así pasara. Ella y su esposo militaban en un partido de oposición al que aportaban dinero y acompañaban en las protestas de calle contra el gobierno socialista. Además, ella en 2013 aceptó ser coordinadora del centro de votación de su parroquia, donde dice que vio “muchísimas irregularidades”, como a trabajadores estatales que eran obligados a votar por Maduro bajo la amenaza de que si no lo hacían, serían despedidos.

En varias oportunidades, funcionarios armados los amedrentaron en su propia casa y allanaron su negocio sin tener una orden judicial.

“Nos revolvieron todo (...) Nos amenazaron, nos dijeron que dejáramos de oponernos al sistema de gobierno, que eso era traición a la patria. Teníamos mucho temor”, recuerda.

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Ellos ya están a salvo en Estados Unidos. Pero su paso por los Protocolos sumó memoria a sus peores recuerdos. En Matamoros escuchó del secuestro de migrantes. Elibet estaba aterrada, ni siquiera salían de la carpa en la que estaban: “No nos podíamos bañar, no podías salir a comprar comida. Yo me sentía bastante deprimida, bastante aturdida. No podía dormir pensando en que quizás yo estaba durmiendo y cuando me despertara no tenía a un niño al lado”.

Ese miedo la obligó a empujar a su familia a cruzar el río “aún a expensas de cualquier peligro”, dice. "Fueron momentos desesperantes, fuertes. De verdad que yo le pedí perdón a Dios por haber puesto a mis hijos en esta situación", cuenta sin poder contener las lágrimas. Ella casi se ahogó durante el cruce.

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Y al llegar al otro lado, los devolvieron a Matamoros. “Después que estamos en aquel lado, que arriesgamos nuestras vidas, que vinimos huyendo porque sentimos presión de secuestro, que venimos huyendo de mi país porque venimos traumados y creemos que por fin vamos a estar bien… nos mandan de nuevo para atrás. Es inexplicable la sensación
de decepción”.

En ese proceso, la familia estuvo un poco más de cinco meses del
lado mexicano.

La abogada de inmigración Jodi Goodwin asegura que en los cuatro años de Donald Trump en la Presidencia ha vivido más crisis en la frontera que en sus 25 años
de ejercicio.

En enero de 2019, Goodwin comenzó a monitorear lo que pasaba en Tijuana
con los PPM.

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“Sabíamos que tarde o temprano iban a llegar aquí”, recuerda. Para entonces, ya tenía poco más de un año yendo una vez a la semana a Matamoros para dar orientación legal a los migrantes que aspiraban pedir asilo. Todavía ese beneficio se peleaba desde Estados Unidos.

Pero los PPM siguieron en expansión. Y en julio, la puerta de México por el puente internacional de Matamoros comenzó a llenarse de solicitantes de asilo deambulando por las calles, devueltos por Estados Unidos. Ella fue la primera abogada que reaccionó
en ese punto.

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Comenzó a ir dos o tres veces por semana: “Trataba de dar una orientación legal y se acercaban 300 personas. Ya la siguiente semana, los 300 eran 400, y luego 600, y luego 700”, recuerda. Desbordada, pidió ayuda a través de sus redes sociales, le explicó a sus colegas abogados que los casos de asilo que antes les mandaba a Boston o a Chicago, ahora estaban atrapados en Matamoros. “¿Quién me va a ayudar?”, preguntó en Facebook y 10 abogados se unieron para el siguiente fin
de semana.

Arriba, el campamento de Matamoros donde viven los migrantes. Abajo, el puerto fronterizo por el que cruzan para ir a sus cortes en Estados Unidos.
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A la izquierda, el campamento de Matamoros donde viven los migrantes. A la derecha, el puerto fronterizo por el que cruzan para ir a sus cortes
en Estados Unidos.
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Atendían a los migrantes en una plaza pública, a 90 grados Fahrenheit y tomando notas en papel. “Nunca pensé que después de 25 años, iba a estar practicando derecho en las calles, sudada. No es trabajo de lujo, pero es un trabajo importante”.

En agosto de 2019 se instaló un voluntariado de la organización Lawyers for Good Government (L4GG) para poner en marcha un plan piloto, el Proyecto Corazón, que permitió que los abogados atendieran a los migrantes de forma remota. Luego de que las personas llenaran un cuestionario con sus datos personales, la fecha de su corte y su número de Whatsapp, eran contactadas por voluntarios que escuchaban las historias y, cuando los casos tenían sustento legal, les ayudaban a rellenar en inglés los formularios de solicitud de asilo para que se los presentaran al juez en la siguiente audiencia.

Así, comenzaron a dar asesorías personalizadas sin que los abogados gastaran dinero o tuvieran que viajar hasta Tamaulipas.

El gobierno de Trump instaló estas carpas blancas en Brownsville para que los migrantes tuvieran sus audiencias con un juez a través de videoconferencias. Almudena Toral/Univision

Pero esto no pasaba en toda la frontera. “Los abogados no quieren aceptar el caso porque está en Brownsville, en las carpas. No quieren viajar para acá e ir a la corte. Entonces es muy difícil. De hecho, el porcentaje de las personas que reciben alguna asesoría legal o alguna representación en la corte es muy poco”.

Maricela Amezola es abogada de inmigración en San Diego y no atiende casos de PPM en Tijuana por varias razones: visitarlos o notificarles de sus cortes es muy difícil, porque “no tienen un lugar estable”, van de un albergue al otro; algunos tienen parientes en Estados Unidos que pueden pagar por la consulta, pero otros no; y lo más importante, en muchas ocasiones, después de conversar con ellos por teléfono, “resulta que no tienen un caso”, porque ni la violencia doméstica ni de pandillas está entre las causales de asilo. También pasa que muchos, desesperados, cruzaron la frontera ilegalmente, fueron detenidos y tienen cargos federales como consecuencia de la política de tolerancia cero.

Para Goodwin, los PPM son una "forma de cerrar la frontera (...) Y están teniendo efecto: están causando unas condiciones muy inhumanas para las personas que están esperando
sus audiencias".

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"Pero más que eso, están vaciando las protecciones del debido proceso en las cortes, están quitando todo lo que era el derecho de tener acceso a un abogado. No hay muchos abogados que estén preparados para ir a una zona de nivel cuatro de seguridad", asegura la abogada.

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Además de eso, reclama Goodwin, el volumen de personas que están regresando a México “sobrepasa la capacidad del mejor sistema que podamos inventar. Necesitamos más personas, más ayuda administrativa, más tecnología, más tiempo y más que nada, necesitamos un sistema de justicia que cumpla el debido proceso y eso es lo que está completamente ausente en el proceso del PPM”.

Algunos migrantes en el campamento de Matamoros lavando enseres y ropa a orillas del río Bravo. Almudena Toral/Univision

Desde que los Protocolos entraron en vigencia en ese punto de la frontera, la abogada ha visto cómo las autoridades estadounidenses devuelven a México incluso a personas excluidas del memorando del gobierno: niños, bebés con síndrome de Down; mujeres embarazadas con dolores de parto que son trasladadas a hospitales para que les calmen sus dolencias y así puedan ser regresadas a México a tener a sus bebés de ese lado de la frontera.

“Mi mente no tiene la capacidad de ver en ninguna forma por qué está correcto hacer que algún otro ser humano sufra. Es precisamente lo que están haciendo con ese programa. Esas personas que están a favor del programa hablan o se creen que son personas de valores o cristianas, no son, no son. Un cristiano no hace sufrir a otra persona a propósito”.

Cuando en los 90 Michael Benavides llegó a Estados Unidos después de pelear en la guerra del Golfo Pérsico, la ansiedad y los nervios de recordar bombardeos y explosiones lo hacían trillar los dientes por la noche y lo dejaban insomne. De día, cuando se miraba al espejo, veía a una persona desesperada. “No lo podía ocultar, sabía que necesitaba ayuda y recibí mucha ayuda” como veterano, cuenta.

Tres décadas después reconoce en los migrantes la expresión de tristeza y angustia que él tuvo en el rostro. La ve en cada niño, mujer y hombre, predispuestos para lo peor, en alerta permanente ante cualquier movimiento extraño, con miedo ante cualquier sonido que de inmediato relacionan con balas. “Es lo peor que he visto en mi vida y he ido a guerras.
Esto es peor”.

Benavides los visita y les lleva comida casi todos los días en el campamento de Matamoros con su organización Team Brownsville. Pero cuando llegó el coronavirus, la Guardia Nacional les limitó parcialmente el paso.

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Lo que viven los migrantes se llama PTSD (Post Traumatic Stress Disorder, por su sigla en inglés), dice Benavides. “Han visto muchas cosas que un niño no debería ver. Esos niños han sufrido mucho”. Pero la diferencia entre él y estos migrantes es que él tuvo ayuda de especialistas para identificar y superar su PTSD, mientras que quienes están en la frontera con México lidian solos con sus demonios.

“Ese trauma es real (...) Puede causar mucho daño si no es tratado apropiadamente. Conozco muy bien lo que es el PTSD; ellos no”.

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A Benavides le molesta la crueldad del sistema migratorio que han moldeado Trump y su equipo. “Es triste y me rompe el corazón. Esta no es la América que yo conozco”. Para él, las medidas que se van tomando tienen un tono de “maldad”, “racismo” y “odio”. Cree que los hacen sufrir aún más agudizando en ellos la desesperación “de no tener un país” al que llegar. Al final, reclama, eso va “solidificando el trauma y la desesperación”.

Por eso, cuando va al campamento a llevarles comida, lo hace como “una obra de patriotismo” mayor que su servicio en la guerra. “En este puente, eso todos lo saben, nadie va a pasar hambre. Quizás van a pasar frío, van a pasar pruebas legales, pero hambre nadie va a pasar”,
asegura el soldado.

El diagnóstico de Benavides, basado en su experiencia personal, no es errado. Nora Valdivia, supervisora de salud mental de Médicos Sin Fronteras, la única organización que brinda ayuda psicológica en la zona, también ve estrés postraumático por la violencia a la que han sido expuestos los migrantes, así como preocupación y ansiedad ante cosas como qué le doy de comer a los niños o qué haré de aquí a tres meses, cuando me toca la siguiente visita a la corte.

A partir de allí, se suman la tristeza y la depresión incluso en niños, que terminan teniendo comportamientos extremos, se vuelven o muy agresivos o muy reservados; pierden el apetito y el sueño. “Ya no es el niño alegre de antes (...) Son las consecuencias del cambio de su entorno, de su contexto, ahora, en lo que están viviendo”.

Niños en el albergue Movimiento Juventud 2000, en Tijuana. Almudena Toral/Univision

Los expertos creen que el limbo en el que viven los afectados por los PPM se incrementó en los últimos meses con la pandemia. Algunos migrantes se rindieron y aceptaron los camiones que les ofreció el gobierno mexicano para trasladarles a la frontera sur y viajar desde ahí a
sus países.

Armando está en Houston con su mamá. Pero los recuerdos del camino a Estados Unidos y de la espera en México siguen con él. Su padre Damián cuenta que el niño ve a un psicólogo “porque nunca se le olvida lo que vivió acá, en este campamento
de refugiados”.

Y los que se quedaron en Matamoros, narró, suman más pesar y frustración: “Hay mujeres que han tenido a sus bebés en carpas y otras que han perdido a los hijos que esperaban y a eso se le suman las amenazas por parte de los delincuentes aquí”, contó Damián en julio. “Se nota que hay menos gente y la tristeza en los ojos de las personas cada vez que dicen que las cortes están cerradas y se alarga más tiempo (...) Es un daño que nadie aquí va a olvidar jamás”.

En su caso, tras asistir a tres cortes, el juez le negó el asilo bajo el argumento de que debió pedirlo primero en los otros países por los que transitó. Él apeló y le asignaron una audiencia en junio, pero con el cierre de esos procesos, las cortes están retrasadas de forma indefinida.

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“A mí me aplicaron la ley de tránsito que decía que yo tenía que haber pedido protección primero en México. Y yo le dije: ‘¿Cómo voy a pedir protección en México si es allí donde yo fui secuestrado dos veces y amenazado de muerte por la misma policía mexicana? ¿Cómo voy a pedir protección en un país que ni siquiera puede proteger a sus
propios ciudadanos?’”.

Damián se frustró.

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Juntó unos ahorros que tenía de algunos trabajos que hizo en Matamoros, más un dinero que le mandaron de Honduras por la venta de una moto que era suya. Le pagó 1,500 dólares a un coyote y cruzó el río Bravo. Una vez en Texas, y tras pagar 3,500 dólares más con un dinero prestado, un amigo lo llevó a Florida y allí está trabajando en construcciones para saldar esa deuda y poder reencontrarse con sus
hijos en Houston.

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Según dice, ya no le teme a las extorsiones que vivió en Honduras ni al secuestro; solo a que un día lo detengan y lo deporten.

Daniela, la salvadoreña que fue deportada en septiembre, no tiene ganas de volver a Estados Unidos. “Pasé cosas que jamás imaginé”, asegura y enumera el miedo, el frío de la detención, las esposas que le apretaban sus manos y pies, las veces que no le dieron toallas sanitarias y terminaba manchada de su propia menstruación. Para ella, los Protocolos de Protección de Migrantes son “lo más duro” que ha vivido en sus 20 años y los aguantó a pesar de sus dudas: cuando veía que el proceso se alargaba sentía que no serviría de nada tanto trauma.

Después de todo, de las amenazas que recibió en su país de un policía y un pandillero; de los insultos que escuchó en Tijuana, de los disparos que oyó fuera del albergue y las invitaciones que le hacían en la calle para que se prostituyera, tomó una decisión: por ahora, prefiere no salir
de su casa.

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Lo que pasará con los Protocolos de Protección de Migrantes, se conocerá en 2021. El 19 de octubre de 2020, la Corte Suprema accedió a revisar la legalidad del programa, que ya ha sido desafiado por las mayores organizaciones de derechos humanos en distintas cortes de Estados Unidos. Quien gane las elecciones presidenciales de 2020 recibirá un legado migratorio que usa el trauma como instrumento.

*Nombre cambiado a solicitud de la fuente.

Un proyecto de Univision Noticias
Investigación y producción: Patricia Clarembaux, Almudena Toral, Lorena Arroyo, Inés García Ramos, Jorge Armando Nieto, Karla Castro y Juan José Ramírez Vega.
Texto: Patricia Clarembaux y Lorena Arroyo
Fotografía y Video: Almudena Toral
Edición de video: Mauricio Rodríguez Pons, Andrea Patiño Contreras,
Almudena Toral
Gráficos e ilustración: Mauricio Rodríguez Pons
Edición: Maye Primera, Jorge Cancino y Patricia Vélez
Compilación de fotos: David Maris
Redes sociales: María Carolina Hurtado
Producto: Juan Hernández
Diseño y desarrollo Web: Adriana Bermúdez y Juanje Gómez
Traducción al inglés: Juan Tamayo y Peter Katel
Comunicaciones: José Zamora y Sandra Ramos
Agradecimientos: Santiago Marvez, Gabo Marvez, Mario Juárez