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Reforma Migratoria

Grupo bipartidista del Senado discute a puertas cerradas plan de reforma migratoria

Tras las elecciones de mitad de periodo del 8 de noviembre, cuando los demócratas perdieron el control de la Cámara de Representantes, un grupo de senadores moderados de ambos partidos iniciaron reuniones secretas para llegar a un acuerdo de reforma migratoria, el último esfuerzo en el actual período legislativo.
Publicado 2 Dic 2022 – 06:18 PM EST | Actualizado 4 Dic 2022 – 07:34 AM EST
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Un grupo bipartidista moderado del Senado discute a puertas cerradas lo que podría ser un último esfuerzo por aprobar un plan de reforma migratoria, según indicaron fuentes a Univision Noticias.

Encabezado por los senadores Kyrsten Sinema (Arizona) y Thomas Tillis (republicano por Carolina del Norte), el plan contempla legalizar a dreamers y titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS), pero con un fuerte componente de seguridad nacional.

“El liderazgo no participa en estas negociaciones, pero está al tanto del desarrollo de las pláticas”, dijo a Univision Noticias una fuente demócrata conocedora de las conversaciones, pero que no está autorizada para hablar con los medios. “No tenemos conocimiento oficial respecto al punto de arranque de las conversaciones, pero se trata de un grupo bipartidista”.

De ser aprobado, el plan podría incluir la legalización de hasta 6 o 7 millones de indocumentados, de acuerdo con los dos proyectos de ley aprobados por la Cámara de Representantes el 18 de marzo de 2021.

Por una parte, no han contado con los votos de los senadores Sinema y Joe Manchin (West Virginia) para un proyecto de ley que incluya un camino a la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados con mínimas concesiones para los republicanos y tampoco han conseguido un mínimo de 10 votos republicanos para que, sumado a los 50 de la bancada, alcancen los 60 necesarios para convertirla en ley.

En los últimos dos años los demócratas del Senado han intentado en varias ocasiones, sin éxito, aprobar una iniciativa de reforma migratoria.

“Sinema, en estos momentos, es la única senadora que puede convencer al ala moderada republicana del Senado y conseguir los 10 votos mínimos necesarios”, dijo la fuente. “Los republicanos confían en ella. Y está claro que para avanzar el plan deberá incluir seguridad nacional”, un tema que hasta ahora los demócratas no se han puesto de acuerdo.

La demócrata Sinema está considerada como más próxima al ala moderada republicana que apoya la legalización de ciertos indocumentados, como los dreamers, pero con mayores controles de seguridad fronteriza para revertir la crisis en la frontera sur.

Un buen presagio de reforma migratoria

“Es correcto (el proyecto de abril de 2021 forma parte del comienzo de las negociaciones bipartidistas). Hay conversaciones para lograr un amplio acuerdo sobre inmigración antes de que finalice diciembre”, dijo a Univision Noticias una segunda fuente demócrata en el Congreso. “Pero no estamos por ahora informados sobre cuál iniciativa de ley se está utilizando en las conversaciones. Solo puedo confirmar que existe urgencia por hacerlo en lo que queda del actual período legislativo, porque a principios de enero los republicanos tomarán el control de la Cámara de Representantes”.

Univision Noticias conoció además que en las conversaciones “hay otros lobbies (grupos de presión) diferentes”, entre ellos grupos defensores de los derechos de los inmigrantes que intentan conseguir un arreglo para un camino a la ciudadanía para titulares de DACA. “Es una prioridad”, dijo la fuente

El sector industrial y agrícola que depende de la contratación de trabajadores extranjeros con visas H-2A y H-2B también participan en el esfuerzo encabezado por Sinema y Tillis, confirmaron las fuentes demócratas.

“Sinema ha sido muy efectiva en liderar negociaciones como esta”, aseguró una. Y agregó que, de llegar a un acuerdo, el proyecto de ley de inmigración será incluido como enmienda en uno de dos proyectos de ley clave que serán debatidos este mes: una ley de defensa que autoriza al Departamento de Defensa usar el dinero que el Congreso le ha otorgado, y el paquete completo de la ley de gastos, que se conoce como ‘ómnibus’.

El plan de 2021

En medio del silencio en el Senado respecto a las negociaciones, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) publicó este viernes el resumen ejecutivo de un proyecto de ley bipartidista presentado al Congreso en abril del año pasado y que fue desestimado cuando faltaban unos cuantos votos para ser aprobado.

Denominado ‘Ley de Soluciones de Fronteras Bipartidistas de 2021’, el plan tenía como objetivo abordar los flujos de migración en la frontera con México y también un camino de regularización para dreamers, titulares de TPS, trabajadores esenciales y campesinos.

El proyecto citado este viernes por AILA fue copatrocinado por los senadores John Cornyn (republicano por Texas), Sinema, Margaret Hassan (demócrata por New Hampshire) y Tillis.

Una de las fuentes indicó a Univision Noticias que, pese a no confirmar que el proyecto que se basa en el plan de 2021, sí puede ser un punto de partida.

Aquel plan incluye la instalación en la frontera de cuatro grandes centros de procesamientos de asilo donde los extranjeros serán sometidos a entrevistas de miedo creíble y donde deberán aportar evidencias del temor a ser regresados a sus países de origen.

En cuanto a qué autoridad sería la encargada de determinar la existencia de miedo creíble, el documento no esclarece si la decisión recae en los agentes de asilo del servicio de inmigración (USCIS) o los jueces.

La ley actual indica que son los agentes de USCIS quienes tienen discrecionalidad al respecto y solo los jueces tienen la capacidad de conceder asilo. Pero a finales de mayo el gobierno de Biden amplió la discrecionalidad a los agentes de asilo no solo para determinar miedo creíble, sino también para conceder asilo. Y aquellos casos que desestimen sean referidos a un tribunal de inmigración para un juez decida el futuro inmediato del inmigrante que llego en busca de asilo a estados Unidos.

De los centros de procesamiento, el plan señala que “serían instalaciones de detención de corto plazo que contendrían a las personas por no más de 72 horas”, como lo dicta el reglamento actual que regula la actuación de la Patrulla Fronteriza.

Durante este período de tiempo en los centros se llevarían a cabo verificaciones de antecedentes penales, verificación de identidad, análisis de biometría, exámenes médicos, entrevistas de asilo y referidos.

El proceso se hará en coordinación y comunicación con otras agencias que participan en el proceso, y también organizaciones sin fines de lucro que brindan orientación legal y emisión de documentos legales.

Seguridad nacional

El proyecto de ley bipartidista de 2021 incluye fondos para la contratación de más personal para la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), la Oficina de inmigración y Aduanas (ICE), la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), la oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) y la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), así como personal médico, trabajadores sociales, profesionales de la salud mental y defensores de los niños.

Las fuentes consultadas por Univision Noticias señalaron que las negociaciones contemplan “aceptar” exigencias republicanas para aumentar los controles fronterizos y reducir la inmigración irregular en la frontera sur.

Al respecto, sobre la mesa de conversaciones se incluyen temas tales como el muro, mayores sanciones a los traficantes de personas (coyotes), aumentar la capacidad para detectar y tener el cruce indocumentado exitoso (cuyo conteo se dejó de hacer a finales del año fiscal 2018 durante el gobierno de Donald Trump) y las prioridades de deportación del gobierno de Biden (que están siendo revisadas por la Corte Suprema de Justicia).

Otro tema de preocupación en las conversaciones es el atasco en la Corte de Inmigración (EOIR) que acumula más de 2 millones de casos, que se suman a los casi 9 millones de formularios de servicios acumulados en la USCIS.

El proyecto del 2021 incluye, además:


  • Aumento de verificaciones biométricas de seguridad;
  • Uso de análisis de pruebas de ADN;
  • Modificar la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Tráfico de William Wilberforce de 2008 para exigir inspección de las instalaciones del HHS y las instalaciones del DHS para garantizar la seguridad de los Menores no Acompañados;
  • Evita la colocación de inmigrantes menores con delincuentes;
  • Convierte en ilegal el obtener la custodia de un menor no acompañado mediante la fabricación de falsos, ficticios o declaraciones fraudulentas;
  • Contratación de nuevos jueces de inmigración;
  • Informes periódicos al Congreso sobre cuidado de menores, referidos y procesos de deportación;
  • Informe del Departamento de Estado (DOS) sobre los esfuerzos binacionales para combatir la migración irregular con un enfoque en niños migrantes; y
  • Mejorar la capacidad de transporte de inmigrantes del DHS.

El paso de la Cámara Baja

El 18 de marzo del 2021 con respaldo de ambos partidos, la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó dos proyectos de ley que incluyeron un camino a la ciudadanía para dreamers, titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS) , trabajadores esenciales y campesinos.

El primero de los proyectos migratorios recibió 228 fotos a favor (9 de ellos republicanos) y 197 en contra, mientras que el segundo fue aprobado con 247 votos (30 de ellos republicanos) y 174 votos en contra (1 de ellos demócrata).

La aprobación ocurrió en medio de una oleada migratoria en la frontera con México que vulnera la política migratoria del presidente Joe Biden, quien desde que llegó a la Casa Blanca en enero del año pasado batalla para revertir la política migratoria de Trump con una disminuida capacidad de respuesta para procesar a miles de migrantes que huyen de sus países y llegan a la frontera sur en busca de asilo.

Los beneficiarios de ambos programas recibirán una residencia provisional condicionada por 10 años al término de los cuales podrán solicitar la resiencia legal permanente (Green Card). Cinco años después serán elegibles para convertirse en ciudadanos estadounidenses.

Tanto el proyecto de los dreamers como el de los trabajadores agrícolas y esenciales, y titulares de TPS, incluían un camino hacia la residencia y la ciudadanía estadounidense, pero cada uno por vías diferentes.

Los dreamers debían demostrar que se encontraban físicamente en el país al 1 de enero de 2021 o antes. Quienes ingresaron después de esa fecha no califican. Entre otros requisitos, debían carecer de antecedentes criminales y estar estudiando o haber obtenido un título o diploma de secundaria y pagar una cuota al momento de iniciar el proceso de regularización.

Quienes se encontraban de alta prestando servicio en las fuerzas Armadas también calificaban para regularizar sus permanencias en Estados Unidos.

Ambos planes contenían una lista de faltas que excluían tanto a dreamers como trabajadores agrícolas para legalizar sus permanencias. Entre ellas el haber sido condenado por cualquier delito grave, tres o más delitos menores (incluyendo marihuana), delitos que implicaran desobediencia civil, violencia doméstica y/o agresión sexual.

En cuanto a los TPS y DED, el proyecto señalaba que puedodían optar a la residencia provisional condicional si demostraban que estaban físicamente presentes en Estados unidos durante un período de 3 años antes de la promulgación de la ley; y eran elegibles o tenían TPS el 17 de septiembre de 2017 o tenían estado DED al 20 de enero de 2021.

Para los trabajadores agrícolas, el proyecto de la Cámara de representantes incluyó un proceso para que los campesinos indocumentados adquieran el estatus de Trabajador Agrícola Certificado (CAW). Calificaban aquellos que hubieran trabajado al menos 180 días en la agricultura durante los últimos 2 años.

El estatus de CAW se puede renovar indefinidamente con trabajo agrícola continuo (al menos 100 días por año) y los trabajadores y sus familias inmediatas deben someterse a verificaciones de antecedentes y carecer de antecedentes criminales. A largo plazo, dice el proyecto, quienes quieran quedarse podrán ganar un camino hacia la residencia permanente (green card) pagando una multa de $1,000 y participando en actividades agrícolas adicionales.

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