Funcionarios esperan que Biden repare el sistema migratorio como parte de sus planes de gobierno
La elección del demócrata Joe Biden es vista con buenos ojos entre algunos agentes y empleados de las agencias encargadas de hacer cumplir las leyes de inmigración.
´“Aquí también estamos divididos, como en el resto del país”, dice una fuente de la Patrulla Fronteriza que pidió mantener su nombre bajo reserva por temor a represalias. “Muchos agentes están preocupados porque bajo el actual gobierno hemos asumido funciones que no corresponden a las que nos fueron asignadas por una ley del Congreso”.
Entre los trabajos que sobrepasaron las atribuciones, los agentes mencionan las separaciones forzadas de familias en la frontera, que en su momento fueron reconocidas por el gobierno y afectaron a 2,654 familias. Pero investigaciones posteriores de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (IGDHS) concluyeron que estas ocurrieron en secreto desde mediados de 2017 e impactaron a otros miles cuyos datos no fueron adecuadamente recopilados por el gobierno.
Las separaciones ocurrieron luego que agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP), por órdenes del entonces fiscal general, Jeff Sessions, levantaran cargos criminales a adultos que venían en busca de asilo bajo el marco de la denominada política de ‘tolerancia cero’. Ello permitió que les arrebataran a sus hijos mientras enfrentaban el proceso criminal. Pero una vez concluido, cientos no pudieron reunificarse con sus hijos porque el gobierno no estableció un protocolo.
La criminalización de estos inmigrantes fue parte de la política migratoria del presidente Donald Trump diseñada por Stephen Miller, uno de sus principales asesores políticos.
De los dos bandos
Las fuentes contactadas por Univision Noticias incluyen agentes y personal de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) y de CBP.
“Juramos servir a la ley, pero muchas reglamentaciones de esa misma ley fueron modificadas y ajustadas a los requerimientos de la política del gobierno”, agregó una de las fuentes.
Otra más señaló que “dentro de la fuerza que agrupa a varias agencias hay gente de los dos bandos. Quienes temen estar actuando al margen de la ley y sirviendo a los intereses del gobierno, celebran la elección del nuevo presidente y esperan que se restablezca el sistema para hacer lo correcto”.
“Pero hay otros que apoyan firmemente al presidente y siguen dando instrucciones al personal para seguir adelante con la política migratoria actual”, indica.
“Ellos no celebran y saben que si el gobierno cambia seguirán trabajando en sus respectivas agencias”, añadió.
“Secreto a voces”
Para Víctor Johnston, un exdirector del desaparecido Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) en Centroamérica, la mayoría de los agentes en servicio, investigadores y empleados de carrera “quieren seguir trabajando profesionalmente sin temor a perder sus empleos”.
Señala que en los últimos cuatro años ha habido cambios, pero reconoce que en otros gobiernos también hubo políticas impuestas “por instrucciones de arriba” y los agentes, ya sea por temor a ser despedidos o acusados de insubordinación, se vieron obligados a ejecutar.
“Que yo sepa, no hay un responsable directo de haber obligado a hacer cosas, pero si sabemos que hay problemas. Es un secreto a voces que algo pasa”.
“No es que la gente esté aplaudiendo a uno de los candidatos que ganó la elección, sino que crece el entusiasmo para que los agentes vuelvan a hacer lo correcto”, aseguró Johnston, quien se mantiene en contacto con varios agentes en servicio.
Miedo de hablar
Al igual que en el resto de las agencias que operan bajo el mando del DHS, en el servicio de inmigración “hay distintas opiniones” entre los 18,700 empleados, dice una fuente.
Sin embargo, la mayoría “de quienes trabajan en la implementación de programas humanitarios están felices” con el presidente electo, precisa.
En cuanto a la ejecución de la ‘tolerancia cero’, señala que “las preocupaciones son grandes” y que muchos no hablan del tema por miedo a “represalias” o a perder sus empleos.
Durante una entrevista concedida a la cadena NBC menos de una semana antes de la elección, Miller explicó que, entre los planes del presidente en caso de ser reelecto, se encontraban limitar aún más el asilo, las ciudades o jurisdicciones santuario, expandir las prohibiciones de viaje (BAN) y reducir los programas de visas de trabajo. Reiteró además el compromiso de construir un sistema migratorio basado en méritos.
En noviembre del año pasado el el Southern Poverty Law Center (SPLC) publicó un informe basado en una serie conversaciones que sostuvo Miller con el sitio ultraconservador Breitbart News cuando él trabajaba en el Senado con el exsenador Sessions (republicano por Alabama).
En los correos electrónicos se muestra a Miller defendiendo puntos de vista racistas y promoviendo publicaciones supremacistas blancas y neonazis.
Tras la revelación de los e-mails un grupo integrado 107 legisladores junto con el SPLC, organizaciones judías y grupos de derechos civiles pidieron la destitución de Miller, hombre clave en el diseño de las políticas migratorias del presidente. Trump lo mantiene en su cargo.
