Fiscal general de Texas urge al gobierno de Trump que elimine DACA y amenaza con ir a las cortes
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, junto con procuradores de nueve estados, urgieron este jueves al gobierno de Donald Trump a que cancele el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que protege de la deportación a cerca de 800,000 jóvenes inmigrantes indocumentados.
En una carta hecha pública este jueves, los diez fiscales generales y un gobernador –todos republicanos– amenazan con demandar en las cortes el programa migratorio que Barack Obama promulgó en 2012, si el gobierno no cancela DACA antes del 5 de septiembre de 2017.
“Respetuosamente pedimos que el secretario de Seguridad Nacional elimine gradualmente el programa DACA”, dicen los fiscales el documento. “Específicamente pedimos que el secretario de Seguridad Nacional anule el memorando del 15 de junio de 2012 de DACA y ordene que la rama ejecutiva no renueve ni emita nuevos permisos de DACA o de la expansión de DACA en el futuro”.
Una nueva batalla judicial
La maniobra recuerda al frente común en 2014 que Texas lideró contra el programa DAPA para padres indocumentados con hijos ciudadanos o residentes, y contra la ampliación de DACA, para algunos jóvenes indocumentados. De hecho, los diez estados representados en la carta de este jueves contra DACA también demandaron en 2014.
En esa ocasión, esa batalla judicial de 26 estados dejó paralizadas las ordenes ejecutivas del presidente Obama y acabaron muriendo.
Si el gobierno de Trump no anula DACA antes del 5 de septiembre, los demandantes presentarán su reto a DACA en la corte en Brownsville, Texas, del juez Andrew S. Hanen, el mismo que detuvo el programa de Acción Diferida para Padres de Estadounidenses (DAPA) en 2015.
El 13 de febrero de 2015 el juez Hanen dictó una medida cautelar que detuvo la puesta en vigor de DAPA y la ampliación de DACA.
Y es que ese caso permanece abierto, aunque una parte fue resuelta, enviada a la Corte Suprema y cancelada por el gobierno de Trump este mes de junio.
Las posibles consecuencias
“No nos sorprende esta medida", dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Estamos viendo cómo el ala más ultraconservadora del Partido Republicano está nuevamente atacando un programa que ha traído tanto beneficio a los dreamers”.
“En este caso no sabemos lo que pueda suceder si prospera esta demanda”, admitió Barrón. Si la acción advertida siga su curso, el abogado dijo que “el juez Hanen, el mismo que detuvo la Acción Ejecutiva de 2014, pudiera detener parte del programa como evitar que nuevos beneficiarios se inscriban o decretar una medida retroactiva que afecte a quienes tienen un amparo de sus deportaciones”.
Las dreamers reaccionan
“Necesitamos que todos aquellos que han levantado sus voces a favor de DACA, representantes, senadores, gobernadores, abogados, religiosos y activistas, que hablen ahora con más fuerza que lo están haciendo quienes nos quieren quitar este beneficio”, dijo a Univision Noticias Cristina Jiménez, directora ejecutiva de United We Dream, la principal organización de dreamers beneficiarios del programa creado en 2012.
Jiménez considera esta maniobra como “otro ataque liderado por republicanos para destruir nuestra victoria y la protección que tenemos”.
“Es claro que iremos a otra batalla en las cortes”, dijo en referencia a lo sucedido en 2014 tras las acciones ejecutivas de Obama que crearon DAPA y la ampliación de DACA, programas que nunca entraron en vigor.
“Todo esto está liderado por el presidente Trump”, acusó Jiménez. “Pero nosotros seguiremos luchando con fuerza y dignidad. Y le pedimos al presidente de la Cámara, el republicano Pauyl Ryan, que repita públicamente lo que declaró al país a través de la cadena CNN, cuando declaró su apoyo a DACA y aseguró a los dreamers que no debíamos preocuparnos, que no nos iban a deportar de Estados Unidos”.
“Es una gran pena, siento una gran tristeza por esta noticia”, dijo otro dreamer, Juan Escalante, un activista y beneficiario de DACA.
Escalante agregó que “los procuradores que presentaron este pedido al fiscal general están atacando a casi un millón de jóvenes que han expresado su intención de asimilarse, que trabajan legalmente y pagan impuestos”.
“Todo esto es parte de una retórica de un partido que no quiere hablar de soluciones permanentes al problema que plantean 11 millones de indocumentados”, precisó.
