Primera regularización de la diáspora venezolana: en qué consiste la protección temporal que les dará Colombia
La cifra de venezolanos que migra a Colombia no cesa ni con la pandemia. En los últimos dos meses de 2020 y a pesar del cierre de la frontera, el gobierno precisó que más de 18,000 fueron interceptados mientras andaban por las carreteras. Y entre los que ya cruzaron, calculan que más de la mitad está indocumentado y que la mayoría seguramente no volverá a vivir en Venezuela. Esos factores crearon una marea perfecta para que el gobierno de Iván Duque decidiera acceder a un Estatuto Temporal de Protección (ETP) que los aparte de una inminente deportación, pero que además regularice a esa diáspora.
La medida no les da la nacionalidad, pero analistas de ese país la aplauden aunque haya sido tomada en momentos en que la economía colombiana trata de levantarse de la contracción histórica de 2020, alentada por la crisis del covid-19. Consideran que permitirá hacer el primer registro real de inmigrantes venezolanos en América Latina, a donde se estima se han movido al menos 4.6 millones de personas: 37% de ellos hacia Colombia. Además, les dará documentación, un proceso limitado en Venezuela por las dificultades y la corrupción para acceder a algo tan básico como un pasaporte.
"Ningún país del mundo está preparado para asumir un fenómeno migratorio como el que está enfrentando Colombia" con la llegada en masa de los venezolanos, analiza Ronal Rodríguez, politólogo e investigador del Observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario, una de las organizaciones que ha profundizado más en la huida venezolana. "El verdadero valor de la medida es que esta es una situación que no tiene posibilidades de contención y que lo mejor es ir estructurando una ruta hacia la regularización que permita que esos ciudadanos en lugar de sentirse perseguidos y de estar limitados en el estado colombiano, pues se conviertan en parte de la comunidad internacional colombiana y puedan participar en el desarrollo económico".
Hasta ahora, Colombia solo había dado a los venezolanos un Permiso Especial de Permanencia, conocido como PEP, que les autorizaba su estancia por dos años. María Clara Robayo, otra de las investigadoras del Observatorio, considera que ese tiempo era muy corto para generar un proyecto de vida y explica que enfrentaba a los venezolanos a trabas para, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria. "Se necesitaban medidas con mayor escala temporal", dice.
Y cuando se abre el espectro y se mira la respuesta migratoria a esta diáspora desde otros países de la región, Robayo critica que se dé una "respuesta convencional" y no una con "mirada humanitaria". Menciona como ejemplo a Chile, que militarizó su frontera con Bolivia para frenar los cruces irregulares de venezolanos y frenó la emisión de visas para ellos. "Tiene que haber un componente de protección a una población que requiere protección internacional. Tiene que haber un componente de gestión migratoria que busque la integración de esa población, teniendo en cuenta que los migrantes no van a regresar a Venezuela".
Otros ejemplos
Países como Estados Unidos han adoptado Estatus de Protección Temporal (TPS) para decenas de miles de ciudadanos de países con conflictos armados o que han vivido desastres naturales, como Siria o Haití, respectivamente. Lo ha hecho desde los años 90. Sin embargo, aunque les concede una autorización para trabajar, el beneficio nunca contempló el paso a la residencia o la posibilidad de legalizar permanentemente su estatus migratorio. Justo para dar ese paso, organizaciones de derechos humanos, los demócratas en el Congreso y el propio presidente Joe Biden presionan por aprobar una ley que los lleve a la green card (residencia permanente).
Lo mismo pasó con Turquía cuando implementó una política de puertas abiertas con los sirios que huían de la guerra. Implementó políticas de refugio temporal previendo que el conflicto cesara, los identificó, les permitió el acceso a los servicios sociales y al mercado laboral, pero no planteó una vía a la residencia permanente.
El enfoque colombiano es diferente y sí contempla un camino a la residencia permanente, específicamente para los venezolanos y luego de permanecer 10 años en el país bajo el Estatuto. Robayo asegura que el modelo colombiano no debe ser considerado como "el mejor del mundo". Lo sería si después de ese tiempo el gobierno contemplara "integraciones más profundas que involucren la nacionalidad", pero hasta ahora eso no está previsto.
Este 23 de febrero terminó la consulta popular sobre el Estatuto colombiano. El proceso para su implementación está en construcción, aún faltan regulaciones que definan cada paso. El decreto apenas le dio nombre y sentó una pinceladas de lo que será. Aquí respondemos algunas dudas con la información que se conoce hasta ahora:
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