EEUU insiste en que enviará a México a inmigrantes de cualquier nacionalidad que crucen la frontera sur sin papeles
El gobierno de Trump insiste en su propuesta de enviar a México a inmigrantes de cualquier nacionalidad que sean detenidos cruzando la frontera sur de Estados Unidos, según confirmó un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a Univision Noticias.
Esta política fue propuesta en un memorando que envió el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, a sus agencias de inmigración el pasado 20 de febrero, pero fue puesta en duda luego de que Kelly dijera dos días más tarde durante una visita a Guatemala que tenía la misión de "devolver (a inmigrantes indocumentados) a sus países de origen tan rápido como sea posible".
Esta semana, un portavoz de DHS confirmó en un correo electrónico que los comentarios de Kelly no debían ser interpretados como "un cambio en política", ya que la nueva política anunciada en el memorando no será aplicada contra personas con órdenes finales de deportación.
"Los extranjeros ilegales con una orden final de deportación serán devueltos a sus países", dijo el portavoz, David Lapan, a Univision Noticias. "Algunos de los que no tienen órdenes finales de deportación, que hayan entrado a Estados Unidos desde México y que quieran apelar o buscar alivio a través de nuestras cortes de inmigración, podrían ser enviados a México mientras se resuelve su caso".
La nueva política de Estados Unidos con quienes crucen la frontera y no sean mexicanos podría empeorar la riña diplomática entre el gobierno de Trump y el de México, que ha dicho en varias ocasiones que no aceptará una medida migratoria "unilateral" que no se alinea con sus propios intereses nacionales.
Sin embargo, según el portavoz de DHS, ya existen contactos entre ambos países para poner en marcha la polémica medida. "Estamos trabajando con el gobierno de México y el Departamento de Estado de Estados Unidos para determinar la mejor manera de implementar esta medida", dijo Lapan.
Ante una pregunta de Univision Noticias, un funcionario del Departamento de Estado confirmó que el departamento mantiene una discusión amplia con México sobre temas migratorios.
Paradójicamente, el canciller mexicano, Luis Videgaray, ha rechazado en varias ocasiones la idea de que México cooperará con la medida. "Si el gobierno de Estados Unidos insiste en que quiere deportar a México o que quiere enviar al país personas que no son de nacionalidad nuestra, México no tiene por qué recibirlos y en ese momento iniciaríamos un proceso de exigirle al gobierno de Estados Unidos que en cada caso acredite la nacionalidad de cada persona" enviada a México, dijo el canciller el mes pasado.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, Estados Unidos tiene la autoridad de enviar a personas que cruzan la frontera ilegalmente de vuelta al país del que llegaron. "Existe una cláusula en las leyes de Estados Unidos para hacerlo y la orden ejecutiva y los memorandos de su ejecución lo describen", dijo Lapan.
El memorando de DHS hace referencia a la sección 235(b)(2)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que estipula que: "En el caso de un extranjero (...) que llega por tierra (...) de un territorio extranjero adyacente a Estados Unidos, el fiscal general podrá devolver a ese extranjero a ese territorio mientras queda pendiente un procedimiento (de deportación)".
La política de Kelly establece que las personas que crucen la frontera sur deberán presentarse a sus audiencias de deportación desde instalaciones en México con un sistema de videoconferencia. Aún no existe una fecha para implementar este sistema al otro lado de la frontera, explicó Lapan.
Además de los retos de logística de establecer instalaciones en México, la nueva medida sobre inmigrantes que no sean mexicanos podría presentar problemas legales para Estados Unidos, en especial cuando se trate de personas buscando asilo, explicó a Univision Noticias Meg Satterthwaite, una profesora de la Escuela de Derecho de New York University (NYU).
"Si Estados Unidos comienza a enviar a personas a México que no son mexicanos, entonces tiene la obligación de mirar la evidencia sobre qué hará México con estas personas", explicó Satterthwaite, quien dirige la facultad del Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la escuela de leyes de NYU. "Si existe un riesgo de que México las enviará a sus países, y si estas personas han expresado su miedo (de persecución), entonces eso sería una infracción de la obligación de Estados Unidos hacia quienes buscan asilo".
El gobierno estadounidense se ha comprometido –a través de tratados internacionales– a una política conocida en inglés como 'non-refoulement', que prohíbe a países devolver a personas buscando asilo a territorios donde podrían sufrir persecución. Esta política complicaría los planes de Trump, argumenta Satterthwaite.
"Estados Unidos no puede transferir a inmigrantes pidiendo asilo a un país donde puedan ser torturados –o a un país que luego los transferiría a un lugar donde pueden ser torturados– mientras esté siendo procesado su pedido de asilo", explicó. "La responsabilidad recar sobre Estados Unidos de determinar si México podría expulsar a personas que buscan asilo a un lugar donde podrían ser torturadas antes de enviar a centroamericanos buscando asilo a México. Si esa posibilidad es probable, entonces Estados Unidos no puede transferirlas".
Satterthwaite agregó que la política también dificultaría el proceso para que estos inmigrantes reciban ayuda legal. "Aunque la representación legal en estos casos no es un privilegio bajo ley internacional, el hecho de que inmigrantes con abogados disfrutan sistemáticamente de mejores resultados significa que existe un asunto serio de justicia. Lo correcto sería facilitar el acceso a abogados de quienes enfrentan la deportación", dijo.
