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Inmigración

Corte de apelaciones anula orden de deportación de un inmigrante detenido durante una redada de ICE

El fallo indica que ICE solo tenía una orden para revisar documentos en una empresa y no para realizar una redada. La decisión puede favorecer a otros indocumentados que hayan sido detenidos bajo unas circunstancias similares en los cerca de 10 estados que abarca la jurisdicción de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito.
14 Jun 2019 – 12:39 PM EDT

Un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito en California anuló el jueves la orden de deportación del inmigrante mexicano Gregorio Pérez Cruz, quien fue detenido durante una redada de la de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en febrero de 2008 (durante el gobierno de George W. Bush) en la ciudad de Van Nuys, norte de Los Ángeles.

Los jueces dictaron que el arresto de Pérez, uno de los 138 migrantes arrestados en esa ocasión, fue ilegal porque los agentes de ICE tenían una orden para registrar documentos de empleo la empresa, pero en su lugar ejecutaron la batida.

En 2009, un año después de la redada, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) había solicitado a la corte de inmigración que emitió la orden de expulsión de Pérez que la dejara sin efecto.

En la batida, los agentes de ICE interrogaron a los detenidos sin la presencia de abogados. Los arrestados permanecieron sin comida ni agua por más de 18 horas, señalan documentos de la ACLU presentados al tribunal.

Es probable que la decisión invalide las órdenes de deportación de otras personas afectadas en la redada, dijo Ahilan Arulanantham, un abogado de ACLU que ha manejado el caso desde 2008 y que fue citado por Los Angeles Daily News.


Datos del fallo

El dictamen detalla que a los agentes ICE “no se les permitió realizar detenciones masivas planificadas con anterioridad, interrogatorios y arrestos en una fábrica sin sospecha razonable individualizada” y luego enviarle a la corte de inmigración un documento con instrucciones relacionadas con la deportación de Pérez.

Añade que, durante la ejecución de la orden para revisar documentos relacionados con el empleo de los trabajadores ubicados en la fábrica donde se llevó a cabo la redada y donde se encontraba Pérez, el inmigrante “fue detenido, interrogado y arrestado por violaciones a la ley de inmigración junto con aproximadamente otros 130 trabajadores”.

Los arrestados fueron luego colocados en proceso de deportación y acusados de haber entrado ilegalmente al país, “basado en las declaraciones proporcionadas durante las detenciones”.

La corte indica que ICE preparó un Formulario I-213 “alegando que Pérez había admitido que fue llevado ilegalmente a Estados cuando era niño Unidos como un niño”. ICE también preparó un certificado de nacimiento en base a datos recopilados durante los interrogatorios.

Añade que la corte de inmigración en 2008 concluyó que la detención de Pérez y el interrogatorio “no violó el reglamento de la agencia” ni tampoco la 4ta Enmienda de la Constitución.


Conclusiones de la corte

El panel desestimó las evidencias del gobierno y concluyó que “una orden para búsqueda de contrabando (de personas) fundada en causa probable, implícitamente lleva consigo la autoridad limitada para detener a los ocupantes” del sitio donde se lleva a cabo el operativo.

Precisa además que una orden de registro “no puede extenderse a un plan preexistente cuyo propósito central es detener, interrogar y arrestar a un gran número de individuos sin sospecha razonable individualizada”.

“En conclusión, el propósito detrás de la conducta de los agentes sea relevante”, dijeron los jueces. Y recalcaron que el propósito detrás de una búsqueda, a menudo, es relevante cuando las intrusiones carecen de sospecha razonable.

La jueza Marsha S. Berzon, una de los miembros del panel, opinó que los agentes de ICE tenían un plan “preconcebido” que apuntaba a más de 200 trabajadores de la fábrica para detenerlos e interrogarlos sobre sus estados migratorios.

“El record que tenemos ante nosotros establece que la orden de cateo de documentos fue ejecutada para arrestar a trabajadores indocumentados presentes en la fábrica. Nuestra pregunta central es si a los agentes de ICE se les permitió llevar a cabo detenciones masivas, interrogatorios y arrestos en la fábrica sin sospecha razonable individualizada. Sostenemos que no”, escribió Berzon.


Quiénes podrían beneficiarse

Además de Pérez, el fallo de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito “puede ayudar al resto de migrantes detenidos en esa redada o a otros que vivan en la misma jurisdicción de la corte y que crean y tengan evidencias de que el gobierno federal excedió de su mandato o poder cuando llevaron a cabo una redada o una detención”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas.

“Si alguien que vive o reside en los estados que abarcan el 9º y esté pasando por una situación similar de abuso, hay que contactar a un abogado y revisar cada uno de los casos y determinar si el dictamen le ayudará a defenderse y batallar por su permanencia en Estados Unidos”.

La ACLU dijo que el fallo probablemente dejará sin efecto las órdenes de deportación de otros migrantes detenidos en la redada de 2008.

La jurisdicción del 9º Circuito abarca los estados de Alaska, Arizona California, Hawai, Idaho, Nevada, Oregón, Montana y Washington, además de los territorios de Guam y las Islas Marianas del Noreste.

La redada de Van Nuys se llevó a cabo dos años después de que ICE recibiera una denuncia anónima que en la empresa Micro Solutions Enterprises (MSE), un fabricante de cartuchos de tinta para impresoras había empleado a inmigrantes indocumentados.

Los documentos de la corte indican que la redada fue una operación “bastante diferente” a la búsqueda de documentos de empleo.

Fotos: Lo que dejó la mayor redada bajo el gobierno de Trump en Ohio

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