A toda prisa, calor extremo, hacinamiento y casi sin esperanzas: juicios acelerados estremecen el sistema judicial migratorio

No fue un día normal. El martes de la semana pasada, tres de los abogados de la oficina de Haim Vásquez asistieron a audiencias en la corte de inmigración ubicada en el Edificio Federal y Palacio de Justicia Earle Cabell, en el centro de Dallas, Texas. Varios de sus clientes tenían audiencias de deportación donde planeaban solicitar asilo. Muchos llevan meses, incluso años, esperando por sus audiencias, estancadas entre los 3.6 millones de casos acumulados en la Oficina de Revisión de casos de Inmigración (EOIR, Corte de Inmigración).

“Había por lo menos 400 personas en el piso”, dice Vásquez. El aire en su interior era denso, había mucho calor. Los oficiales llamaban en voz alta, a ratos no se escuchaba por la aglomeración. Por ratos el clima era desesperante”, agrega, buscando las palabras para explicar cómo el gobierno está llevando a cabo los juicios de deportación de extranjeros indocumentados en lugares hacinados donde el olor del miedo se queda grabado e impregnado para siempre.

Hasta abril la mayoría de las audiencias eran individuales. Ahora se trata de “mega juicios donde el gobierno trata de crear caos y obtener muchas órdenes de deportación”, señala Vásquez. “En muchas ocasiones son como muchas audiencias al mismo tiempo, preliminares, donde se informan sus derechos a los inmigrantes citados”. Después viene la audiencia máster.

Durante el primer encuentro ante un juez, el extranjero “debe estar preparado para comparecer con una defensa ya establecida, para que en el momento el juez determine que tiene un camino a seguir”, señala Vásquez. El problema se vuelve desastroso cuando el inmigrante no tiene un abogado que lo defienda.

Alrededor del 62% de los inmigrantes sin representación legal pierde sus juicios de deportación, precisa un informe del American Immigration Council (AIC) y reciben una orden final de deportación. Apenas el 27% de quienes cuentan con asistencia legal ganan sus casos. Otro informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, indica que las probabilidades de perder el caso aumentan drásticamente para los indocumentados detenidos, superando el 90% de las órdenes de deportación.

Si bien la asistencia legal es clave para tener éxito en un juicio de deportación, no todos los extranjeros que batallan por sus derechos de permanencia tienen los recursos para costear el proceso. Usuarios de N+ Univision han denunciado cobros de $13,000 por un caso de visa Vawa, $5,000 por la revisión de un caso, entre $3,500 y $8,000 por acompañarlos a una cita de corte o ante la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y entre $8,000 y $12,000 por la preparación y presentación de un recurso de habeas corpus.

A la barrera económica se suman los juicios acelerados. “Esta estrategia debilita el debido proceso en las cortes porque no dan la oportunidad a las personas de presentar argumentos con la suficiente habilidad de hacerlo”, explica Vásquez. “Y con los cambios de pre-término, la mayoría no tiene ni sabe cómo defenderse. Se presentan sin abogado y frente a ellos hay un juez y un fiscal. Muchos se enteran de sus derechos ese día en la corte”.

Vásquez también refiere un error frecuente que, cuando los inmigrantes se dan cuenta, tienen la orden de deportación encima. “Las personas creen que se pueden manejar como en cualquier otro juicio y que el día de la audiencia conseguirán un abogado de oficio que los ayude. Pero no saben que no hay derecho a un abogado de oficio en asuntos de inmigración. Muchos no lo saben, se presentan sin tener conocimiento de cómo se desarrolla este tipo de juicios, de audiencias de deportación, y reciben en la primera audiencia una orden de expulsión de Estados Unidos”.

Los juicios acelerados se multiplican por todas partes

Un reciente informe de la Radio Nacional Pública (NPR) denunció que los tribunales de inmigración están acelerando drásticamente las audiencias de los inmigrantes y agrupándolas con el objetivo de emitir más órdenes de deportación. Y añade que esta nueva y sin precedente táctica, fue denunciada por abogados de inmigración y por la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), que agrupa a más de 15,000 miembros a nivel nacional.

Precisa que actualmente se está citando a los inmigrantes a “audiencias masivas de calendario maestro (mega audiencias) que incluyen a 100 personas o más a la vez”, similar a lo denunciado por Vásquez. “Esta cifra representa un aumento significativo respecto a las dos o tres docenas de personas por sesión ,que solía ser lo habitual en una primera audiencia. Para muchos inmigrantes, esta constituye su primera comparecencia ante el tribunal para intentar exponer su caso y lograr permanecer en Estados Unidos”, añade el reportaje.

La mayoría de los extranjeros citados para comparecer en estos juicios de deportación acelerados (donde tienen la oportunidad de pedir asilo y defender sus derechos de permanencia en EEUU) se trata de inmigrantes que no tienen registrada una representación legal (por medio del formulario G-28 ante las autoridades migratorias) o no se han presentado anteriormente a una audiencia.

En caso de que una Notificación de Comparecencia (NTA) sea emitida y enviada a la dirección registrada por un extranjero, este cambio de domicilio no lo registró a tiempo y no se presentó a la audiencia, el juez de inmediato emite una orden de deportación en ausencia, facilitando al gobierno su búsqueda, arresto y expulsión del país.

Un reporte del Diario las Americas publicado el viernes, basado en datos de la EOIR, revela un incremento en las órdenes de deportación emitidas contra solicitantes de asilo que no acudieron a sus audiencias. Los números pasaron de 19,069 en 2024 a 50,191 en 2025.

No hay indicios, por ahora, de si el Departamento de Justicia (DOJ) ha impuesto nuevas cuotas a los jueces de inmigración (unos 700 en total) respecto a casos vistos y decididos. Durante el primer gobierno de Trump (2017-2021) era de 700 casos al año, cifra que se mantiene. Algunos abogados mencionan la existencia de “presiones” del ejecutivo para acelerar juicios e incluso aumentar el trabajo, pero no hay datos que lo confirmen. Sólo la aceleración de juicios y audiencias masivas cada vez más frecuentes en los tribunales de inmigración.

“La información sobre los planes de la EOIR (sobre las cuotas anuales) es muy, muy limitada”, dice Dana Leigh Marks, expresidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ). “No he logrado averiguar qué criterios se están utilizando para asignar casos a estas «mega audiencias preliminares» (mega masters). Me parece que el único propósito de estos calendarios es lograr que los jueces de inmigración emitan docenas (o cientos) de órdenes (de deportación) ‘in absentia’, bajo el supuesto de que es poco probable que las personas citadas en estos calendarios se presenten”, agrega.

Marks, de 71 años, con más de 35 años de servicio y retirada en 2024, advirtió que “si todas las personas citadas se presentaran, esto probablemente generaría un problema de seguridad, ya que ninguno de los tribunales que conozco fue diseñado para albergar a cientos de personas simultáneamente”. Eso incluye el tribunal ubicado en el Edificio Federal Earle Cabell, en el centro de Dallas, Texas.

“Esto resultaría especialmente problemático si más de un juez celebrara este tipo de audiencias de manera simultánea”, dijo Marks. “Sería casi imposible garantizar un debido proceso significativo a cientos de personas en el transcurso de una sola mañana o una sola tarde”.

Mega audiencias no dan chance para preguntar

Al indagar respecto a cómo se desarrollan las mega audiencias planeadas por el gobierno para acelerar los juicios y demostrar que se cumple con el debido proceso, Marks dijo que, “según mi experiencia, la dinámica de grupo me ha demostrado que, a menos que una persona formule una pregunta al juez durante una audiencia colectiva numerosa, ninguna otra lo hará. A mi juicio, esto menoscaba la equidad y la eficacia de las orientaciones legales brindadas”.

Entonces, ¿qué oportunidad real tienen los enjuiciados de permanecer en Estados Unidos? “Al menos un tribunal de circuito ha dictaminado que se debe consultar a los individuos uno por uno respecto a su renuncia al derecho de apelación”, refiere la expresidenta de la NAIJ, citando un fallo emitido en febrero. Y señala que “este mismo criterio debería aplicarse para determinar si la persona comprendió o no las orientaciones legales que se le proporcionaron”.

Por último, precisa, “los calendarios excesivamente extensos tienen una mayor probabilidad de dar lugar a errores en cuanto a si la notificación del documento de cargos y del aviso de audiencia se efectuó correctamente, si el DHS utilizó la dirección adecuada y más actualizada, y si las pruebas documentales presentadas por el DHS cumplen con el estándar de prueba ‘claro, convincente e inequívoco’ exigido para que dicha agencia cumpla con su carga de la prueba de que la persona es un no ciudadano sin estatus legal”.

A la par de las preocupaciones sobre la aceleración de juicios y la celebración de mega audiencias, se agregan los castigos que está implementando el gobierno a los indocumentados sancionados por presencia ilegal acumulada, en algunos casos enviándolos a terceros países distantes de sus naciones de origen, en otros continentes.

“Las expansiones más importantes de los delitos que dan lugar a la deportación siempre han provenido del Congreso mediante legislación”, explica el abogado Daniel H. Weiss, exjuez de inmigración quien además ha desempeñado posiciones de liderazgo senior, incluyendo como Principal Deputy Chief Immigration Judge con responsabilidad de supervisar todo el sistema nacional de tribunales de inmigración. “El Poder Ejecutivo tiene amplia autoridad para establecer prioridades de cumplimiento bajo la ley existente”, indica.

“Pero cuando el gobierno comienza a tratar violaciones migratorias civiles ordinarias como si tuvieran consecuencias de nivel penal sin nueva autoridad legal del Congreso, se está moviendo en terreno legal inestable”, puntualiza, “En mi experiencia, el sistema funciona mejor cuando cada rama respeta su rol adecuado”.

A la pregunta si puede el gobierno castigar severamente como si se tratara de criminales a extranjeros que han cometido faltas de carácter civil, como la permanencia indocumentada, Weiss detalla que “la mayoría de las violaciones migratorias son de naturaleza civil y administrativa, no penal. Las personas detenidas en centros de detención migratoria son detenidos civiles —no deben ser castigados-. Dicho esto, las condiciones de detención pueden ser duras y las personas detenidas son particularmente vulnerables. A menudo tienen acceso limitado a abogado, familia y recursos básicos mientras intentan navegar procedimientos complejos. El carácter civil del proceso no elimina sus muy reales consecuencias humanas”.

¿Por qué entonces vemos que cientos, quizás miles de inmigrantes detenidos por las autoridades federales de inmigración y privados de libertad en las cárceles de ICE denuncian malos tratos? ¿Y por qué cada día aumenta la capacidad de detención del gobierno? ¿Están los jueces recibiendo presiones por parte del fiscal general para desestimar casos sin tener en cuenta las evidencias presentadas? Weiss respondió que “los jueces de inmigración juramos decidir los casos con base en la evidencia y la ley (…) Esa independencia era esencial para la integridad del proceso. Cualquier presión desde el fiscal general o de cualquier otro lugar para ignorar evidencia o el mérito de un caso violaría ese juramento. Los jueces deben poder seguir el expediente hasta donde conduzca”.

Al referirse a la cuota de 700 casos anuales establecidos en 2018 durante el primer gobierno de Trump, el exjuez dijo que “yo estaba allí cuando se implementó el plan de desempeño de 700 casos por año. Generó una presión significativa sobre los jueces. (ahora), una meta de 1,000 casos por mes (una versión advertida por algunos abogados con los que conversó N+ Univision para este reportaje) sería imposible si hablamos de casos reales y controvertidos en los que el juez escucha evidencia y emite una decisión sobre el fondo. Muchas ‘conclusiones’ de casos son órdenes de deportación dictadas en ausencia cuando la persona no comparece. Otras son desestimaciones, terminaciones o cierres administrativos. Los números crudos pueden ser profundamente engañosos respecto a la cantidad de trabajo adjudicativo cuidadoso que realmente se está realizando”, apuntó.

Cuál es la verdadera amenaza para los inmigrantes

“La mayor amenaza que enfrentan los inmigrantes indocumentados en los tribunales de inmigración hoy es tener que defender casos de alto riesgo en un sistema sobrecargado donde muchos carecen de representación legal”, dice Weiss. “Cuando las personas están detenidas en condiciones duras con acceso limitado a abogado o apoyo familiar, aumenta el riesgo de resultados injustos, incluso cuando los jueces se esfuerzan por ser exhaustivos e imparciales”.

Respecto a los 3.5 millones de casos acumulados en EOIR, Weiss recuerda que todos esos expedientes “no se acumularon de la noche a la mañana y no existe una solución administrativa rápida”, ni siquiera acelerando juicios o celebrando mega audiencias.

“Vi de primera mano cómo el desajuste fundamental entre el volumen de casos y la capacidad del sistema para adjudicarlos de manera justa ha persistido a través de administraciones. Sin recursos sostenidos, manejo de casos modernizado y cambios legislativos que aborden los flujos de entrada, el backlog seguirá siendo un desafío definitorio por años”, previno.

Este desorden también se ve reflejado en el alto número de inmigrantes que no se presentan a audiencias por diversos motivos, incluyendo el miedo a perder un caso y ser detenido por ICE y puesto en proceso de deportación. De acuerdo con el Registro Federal (diario oficial estadounidense), las órdenes de deportación dictadas en ausencia aumentaron de unas 62,500 en 2022 a casi 310,000 en 2025, indica el reporte del Diario de las Américas.

A la pregunta si el castigo máximo por el delito de estar indocumentado es la deportación, ¿por qué el gobierno agrega el sufrimiento extremo al enviar al extranjero a un tercer país?, Weiss respondió: “La Ley de Inmigración y Nacionalidad permite la deportación a un tercer país en ciertas circunstancias. Esa autoridad existe por razones prácticas. Sin embargo, las personas en detención civil ya se encuentran en una posición vulnerable. Enviar a alguien a un tercer país donde pueda enfrentar daño grave o sufrimiento extremo requiere una revisión rigurosa e individualizada y fuertes salvaguardias procesales. Nunca debería tratarse como una práctica rutinaria o masiva”.

El exjuez de inmigración también advirtió que entre ahora y 2028, cuando finalice la segunda administración de Trump, “es probable que sigamos viendo niveles altos de actividad de cumplimiento y litigios continuos sobre cambios de política. Lo que más importará es si el propio sistema adjudicativo se fortalece —mediante recursos adecuados, mejor tecnología, mayor acceso a representación legal y protección genuina de la independencia judicial— o si seguimos empujando volumen a través de un proceso ya tensionado. El segundo enfoque puede generar estadísticas a corto plazo, pero erosionará la equidad y la confianza pública con el tiempo”, concluyó.