La administración de Donald Trump está poniendo en práctica más medidas para endurecer las posibilidades de permanencia de los inmigrantes en el país, al anunciar límites de tiempo para las visas estudiantiles o el estudio de la 'carga pública' que puedan significar los inmigrantes que acceden a beneficios para personas de bajos recursos como Medicaid o cupones de alimentos.
EEUU evalúa pedir una fianza de $100,000 para algunos solicitantes de green card y endurece condiciones para ciertas visas
El gobierno federal está desplegando una serie de medidas para endurecer las posibilidades de permanencia definitiva de los inmigrantes, al restringir o encarcer las tasas para optar a una 'green card', limitar la duración de las visas estudiantiles o retomar el análisis de las ayudas públicas a las que acceden los inmigrantes para considerarlos elegibles a una tarjeta de residencia.
Video ¿Fianza por ciudadania? Gobierno de Trump planea depósito de 100,000 dólares para otorgar residencia
También está en discusión que las tasas para optar a la 'green card' se elevarían a 100,000 dólares para solicitantes en el extranjero, en un intento por restringir la inmigración para personas de bajos ingresos, de acuerdo con un reporte de The Wall Street Journal.
El programa establecería que los aspirantes que aplican en los consulados a la 'green card' tendrían que pagar el monto a manera de fianza, y recibirían el dinero de regreso después de convertirse en ciudadanos estadounidenses, un proceso que demora largos años.
Apenas en junio pasado un juez federal anuló la cuota de 100,000 dólares impuesta por la administración de Trump para los nuevos visados H-1B, contradiciendo así un fallo anterior de un tribunal federal que ratificaba el aumento de la cuota.
Sin embargo, el juez Leo Sorokin, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Boston, se puso del lado de 20 estados y anuló la política de visas, al concluir que el poder ejecutivo se extralimitó en sus facultades y violó la Ley de Procedimiento Administrativo, que rige la forma en que las agencias federales elaboran y emiten regulaciones.
Cuatro años para los estudiantes
Respecto a las visas estudiantiles, el departamento de Seguridad Nacional afirmó este jueves en un mensaje en redes sociales que "durante décadas, se ha admitido a estudiantes extranjeros en Estados Unidos por un período indefinido, lo que ha permitido que miles de ellos se aprovechen del sistema y se conviertan en 'estudiantes de por vida' al matricularse continuamente en cursos para evitar tener que salir de nuestro país".
La nueva normativa, anunciada este jueves por el DHS, establece "un plazo fijo de admisión para los titulares de visas de no inmigrante de las categorías F, J e I". Los funcionarios aseguran que esta norma definitiva "elimina oficialmente la laguna jurídica relacionada con la 'duración del estatus', la cual permitía a los estudiantes extranjeros, visitantes de intercambio y representantes de los medios de comunicación permanecer en Estados Unidos de manera indefinida sin una supervisión gubernamental rutinaria".
Se espera que los estudiantes no puedan permanecer en EEUU más de cuatro años a menos que obtengan una aprobación del gobierno federal.
Añade el DHS que "al establecer límites claros y definidos para estos visados, Estados Unidos está recuperando su capacidad para evaluar, investigar y supervisar adecuadamente a las personas que se encuentran dentro de nuestras fronteras".
La norma, que entrará en vigor en septiembre, también establece restricciones sobre cuándo y cómo los estudiantes pueden cambiar de carrera o de programa académico.
Las normas actuales otorgan a los estudiantes una flexibilidad significativamente mayor. Por lo general, se les permite permanecer en EE. UU. durante el tiempo que les tome completar el programa académico, muchos de los cuales están diseñados para durar más de cuatro años.
Los líderes del sector de la educación superior se han opuesto a la norma, argumentando que el cambio genera una carga administrativa para las escuelas, las universidades y el gobierno federal.
"Esta medida es innecesaria y redundante", afirmó Zuzana Wootson, subdirectora de política federal de la Alianza de Rectores sobre Educación Superior e Inmigración, una organización sin fines de lucro. "Los estudiantes internacionales ya se encuentran entre las poblaciones de no inmigrantes más vigiladas en EEUU y están sujetos a una supervisión rigurosa por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las instituciones académicas".
¿Castigo a inmigrantes por usar ayudas públicas?
El gobierno de Donald Trump está retomando una norma que permitía negar 'green cards' a los inmigrantes que hicieron uso de beneficios públicos como los cupones de alimentos, Medicaid o ayudas para la vivienda, entre otros.
La política, conocida como "carga pública", apareció el jueves en el Registro Federal y se publicará oficialmente el 20 de julio. Se implementó por primera vez en febrero de 2020 como una de las medidas del presidente Donald Trump para limitar la inmigración legal durante su primer mandato, pero fue revocada después de que el presidente demócrata Joe Biden asumiera el poder.
Según esta política, quienes soliciten la tarjeta de residencia deben demostrar que no serán una carga para el país ni constituirán una "carga pública".
El retorno de la norma ocurre cuando el gobierno republicano está aplicando una política de línea dura para frenar tanto la inmigración ilegal como la legal, y cuando los costos de la atención médica y los alimentos están aumentando.
El gobierno federal "está reafirmando el requisito de autosuficiencia, protegiendo los recursos públicos y poniendo fin a las políticas que fomentaban la dependencia a costa de los contribuyentes estadounidenses que trabajan arduamente", señaló el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en una publicación en su cuenta de X.
"Bajo el mandato del presidente Trump, el USCIS está restableciendo el principio básico de que los inmigrantes deben poder mantenerse por sí mismos", se lee en la publicación. La agencia indicó que la norma entrará en vigor el 18 de septiembre.
Confusión y derechos no ejercidos
Si bien la campaña de la administración contra la inmigración se ha centrado cada vez más en las deportaciones y la aplicación de las leyes migratorias en ciudades de todo el país, así como en las fronteras y los puntos de entrada, también ha tomado medidas dirigidas a los inmigrantes legales y a las familias de estatus mixto.
La ley federal ya exige que quienes soliciten la residencia permanente o un estatus legal demuestren que no se convertirán en una carga pública. Sin embargo, la norma de la administración de Trump incluye una gama más amplia de programas que podrían descalificarlos.
La administración de Trump promovió por primera vez la norma en 2018 como una forma de garantizar que solo llegaran a EEUU quienes fueran autosuficientes. Los defensores de los derechos de los inmigrantes la criticaron, argumentando que equivalía a una "prueba de riqueza". Los expertos en salud pública señalaron que conduciría a peores resultados de salud.
Las organizaciones no gubernamentales señalaron que la política generó confusión y temor, y provocó que muchos inmigrantes y sus familiares nacidos en EEUU decidieran no solicitar los beneficios y servicios a los que tenían derecho.
Con información de AP