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El alguacil del condado Maricopa, Arizona, Joe Arpaio.

Arpaio alega que nunca tuvo “conocimiento claro” de ordenes emitidas por juez

Arpaio alega que nunca tuvo “conocimiento claro” de ordenes emitidas por juez

El polémico policía de Maricopa se encuentra en el banquillo de los acusados por no obedecer una orden emitida en 2012.

El alguacil del condado Maricopa, Arizona, Joe Arpaio.
El alguacil del condado Maricopa, Arizona, Joe Arpaio.

El polémico alguacil Joe Arpaio (83), tildado por algunos como el sheriff más duro de Estados Unidos en contra de los inmigrantes indocumentados, argumentó el jueves en una corte de Arizona que nunca tuvo un "conocimiento claro" de las órdenes emitidas por el juez federal Murray Snow en 2012, que le prohibió aplicar leyes sobre inmigración, y que siempre "delegó" ese tipo decisiones.

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En su segundo día de testimonios en el proceso que se le sigue por desacato en una corte federal, sentado en el banquillo de los acusados, el alguacil del condado Maricopa aseguró que las decisiones sobre la aplicación de leyes migratorias las delegó a sus subordinados.

Abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), demandantes en este proceso, alegan que Arpaio continuó aplicando leyes migratorias hasta por lo menos 18 meses después de que el juez Snow se lo prohibiera como consecuencia de un proceso judicial.

En la audiencia del jueves se presentaron vídeos en los que se observa a Arpaio cuestionar al monitor independiente que le asignó la corte de dicho caso, y en otros un desafiante jefe policíaco que asegura en ruedas de prensa que continuará aplicando las leyes.

Los abogados del alguacil de Maricopa argumentan que aquellas declaraciones fueron tomadas fuera de contexto y que es difícil decir con exactitud a "cuales leyes" se refería el Arpaio.

 

Grave acusación sobre Joe Arpaio Univision

El policía tuvo que responder a varias preguntas sobre la contratación de Dennis Montgomery, un informante en Seattle (Washington) que supuestamente investigó de forma independiente una presunta conspiración del juez federal Murray Snow y varias agencias federales.

Durante la audiencia, la teniente Kim Seagraves declaró que el acusado gastó $10,000 dólares de su dinero para ayudar a pagar una investigación de una conspiración gubernamental que, según críticos, fue diseñada para descalificar al juez de un caso de etiquetación racial en contra del representante de la ley.

El dinero para la investigación provino de varias fuentes, incluida propiedad decomisada a través de tribunales como parte de casos criminales. También se utilizó dinero de subvención para el combate al tráfico de drogas. Parte del dinero ayudó a pagar la renta de una casa para investigadores del alguacil en Seattle, donde residía el informante en el momento de la investigación, dijo The Associated Press.

Conforme comenzó a agotarse el dinero, Arpaio gastó los $10,000 dólares de su bolsillo para cubrir gastos de viaje de Seagraves. Ella dijo en el juicio que se enteró de la donación del alguacil por otro oficial que manifestó preocupación sobre los costos de la investigación.

Agregó que el alguacil respondió majaderamente al oficial diciéndole que a él no le importaban sus preocupaciones.

La oficina del alguacil ha rechazado una solicitud de The Associated Press para conocer los registros de facturación relacionados a la investigación.

Críticos señalan que el objetivo principal de Arpaio para promover la investigación era que el juez del caso fuera removido cuando se demostrar que estaba conspirando con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para destituir al alguacil. Arpaio niega tales aseveraciones.

El alguacil y sus agentes de más alto rango ya se declararon culpables de desobedecer las leyes del juez federal Snow, pero los demandantes quieren demostrar que lo hicieron de manera intencional, una cuestión que determinaría los cargos que enfrentaría, que podrían incluir algunos de índole criminal.

En el año 2013, el juez Snow declaró culpable a Arpaio de prácticas de perfil racial en contra de conductores hispanos y ordenó una serie de reformas que han reducido drásticamente los poderes de Arpaio.

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Al terminar el caso ordenó a Arpaio dejar de realizar patrullajes de inmigración, pero luego desafió la orden durante 18 meses.

(Con información de Efe y AP.)

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