Un proyecto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para convertir un gran almacén en un centro de detención de inmigrantes en el condado de Washington, Maryland, quedó suspendido tras enfrentar una fuerte oposición social y un proceso legal en curso.
Protestas frenan centro de detención migrante en Maryland; proyecto del DHS queda en pausa por batalla legal
La iniciativa de implementar este centro de detención migrante forma parte de un plan federal para adaptar 11 almacenes en distintos puntos del país como instalaciones para albergar a miles de migrantes, con una inversión total de 1,074 millones de dólares
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La iniciativa forma parte de un plan federal más amplio para adaptar 11 almacenes en distintos puntos del país como instalaciones para albergar a miles de migrantes, con una inversión total de 1,074 millones de dólares. En el caso de Maryland, el contrato para renovar el inmueble asciende a 113 millones de dólares y contemplaba alojar entre 500 y 1,500 personas.
Sin embargo, un juez ordenó frenar temporalmente las obras luego de una demanda presentada por el fiscal general del estado. La audiencia clave está programada para el 15 de abril de 2026.
El futuro del proyecto es incierto. El actual secretario del DHS, Markwayne Mullin, revisa esta estrategia heredada de su predecesora, Kristi Noem, en medio de cuestionamientos sobre su viabilidad y del impulso a la política de deportaciones masivas promovida por el presidente Donald Trump.
De hecho, el propio DHS ha reconocido en documentos judiciales que está reconsiderando el alcance del uso del almacén, mientras revisa contratos firmados anteriormente y ha detenido nuevas adquisiciones de propiedades con este fin.
El plan original buscaba que el centro funcionara como instalación de procesamiento para migrantes recién detenidos antes de su traslado a centros de reclusión de largo plazo, además de aliviar la demanda de espacio en la oficina de ICE en Baltimore.
A nivel nacional, el programa también ha sido objeto de críticas por el costo de las propiedades, ya que en algunos casos el gobierno pagó significativamente más que su valor estimado.
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Protestas y rechazo comunitario escalan contra el proyecto
Desde el anuncio de la compra del almacén, residentes y activistas han manifestado su rechazo mediante protestas constantes, especialmente durante reuniones del gobierno local, donde han lanzado consignas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La inconformidad se debe tanto a razones éticas como a la falta de consulta pública previa. Habitantes aseguran que no fueron informados ni tomados en cuenta antes de concretarse la adquisición del inmueble.
Aunque autoridades del condado han afirmado que no podían intervenir en la compra federal, también expresaron públicamente su respaldo al DHS y al ICE mediante una proclamación oficial, lo que generó aún más indignación entre la población.
En paralelo, comunidades de otros estados también han respondido con acciones legales y administrativas para frenar proyectos similares, incluyendo demandas por falta de transparencia y medidas para limitar servicios básicos a las instalaciones.
La tensión ha impactado incluso a residentes cercanos al almacén, algunos de los cuales consideran mudarse ante la incertidumbre y el cambio en el entorno de sus comunidades.
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Con información de AP