Esta hispana tuvo un aborto espontáneo y fue condenada a 11 años de cárcel por "asesinato fetal"

Adora Pérez ha pasado los últimos cuatro años de su vida en una cárcel de California por un crimen que ella dice no cometió. La noche del 31 de diciembre de 2017 dio a luz a su hijo, pero muerto. Los médicos llamaron a la Policía tras denunciar que el hecho habría resultado del consumo excesivo de drogas y afirmaron que el feto murió entre 12 y 18 horas antes del aborto espontáneo.

Pérez fue arrestada dos días después, cuando aún se encontraba en el área de maternidad del hospital, y fue acusada de “asesinato fetal”, lo cual la metió en un laberinto legal del cual no ha podido salir.

Llevaba tres meses en un penal femenil cuando sus abogados le sugirieron que se declarara culpable para “evitar la posibilidad de obtener la cadena perpetua en el caso de asesinato”, señalan documentos judiciales. Ella aceptó dicha estrategia legal pensando que no tenía una mejor opción y cuando se arrepintió era demasiado tarde. Un juez negó su intento de retirar el acuerdo con los fiscales y en junio de 2018 le impuso la pena máxima por su delito: 11 años de cárcel.

El magistrado determinó que había una “base fáctica” para el cargo de asesinato porque los principales factores que contribuyeron a la muerte del feto fueron “asfixia por desprendimiento de la placenta y un nivel tóxico de metanfetamina dentro del feto”, se describe en el caso.

Esta joven de 33 años, quien comenzó a drogarse desde la adolescencia después de que un amigo de la familia abusó de ella sexualmente, afirma desde la cárcel que jamás trató conscientemente de quitarle la vida a su bebé. “No quise lastimar intencionalmente a mi hijo”, dijo Pérez en una entrevista que le concedió a finales de 2020 al diario Los Angeles Times , el primero en reportar este caso.

“No sabes lo que es estar drogado a menos que hayas estado drogado”, dijo al mismo medio y reclamó que sus abogados le hicieron creer que lograron “un buen acuerdo” cuando firmó su culpabilidad.

El caso de Adora Pérez: la fiscalía brinda apoyo

El caso de Adora Pérez está ahora en el centro de una disputa legal a la cual se ha sumado la fiscalía General de California, que le ha brindado apoyo jurídico para liberarla lo antes posible. En tanto, los fiscales del condado King, quienes la procesaron penalmente, mantienen su postura.

“La pérdida de un embarazo en cualquier etapa es una experiencia traumática física y emocional que no debe ser exacerbada por la amenaza de ser acusado de asesinato”, dijo el fiscal estatal Rob Bonta este jueves, al refrendar en un comunicado su lucha para sacar de la cárcel a Pérez.

Su oficina fue más allá este jueves al enviar una alerta legal a todos los fiscales de distrito en California, así como jefes de policía y alguaciles, precisando que la sección 187 del Código Penal estatal, la cual fue usada para condenar a Pérez, se enmendó en 1970 con la intención de responsabilizar a quienes infligen daño a personas embarazadas, lo que resulta en aborto espontáneo, no para castigar a las personas que sufren la pérdida de su embarazo.

Bonta señaló que el objetivo de su alerta es evitar repercusiones “peligrosas”, como disuadir a que embarazadas que consumen drogas busquen atención médica necesaria y hasta vital por miedo a terminar en la cárcel, fomentar el “escrutinio policial innecesario” en abortos espontáneos (que son eventos relativamente comunes) y crear “impactos desproporcionados en la justicia penal”.

La exhoneración de una mujer blanca en un aborto espontáneo

El caso de Pérez ha generado una serie de críticas porque una mujer blanca, Chelsea Becker, también fue acusada por la Fiscalía del condado King por el mismo motivo: por dar a luz a su hijo muerto tras consumir metanfetamina (la misma droga que Pérez). Pero su proceso penal sí fue desestimado por un juez en mayo de 2021 y ahora ella se encuentra libre. La fiscalía General de California también abogó por Becker.

“Los cargos contra la señora Becker y la señora Pérez no fueron consistentes con la ley y este uso indebido de la sección 187 (del Código Penal estatal) no debe repetirse. Con los derechos reproductivos bajo ataque en este país es importante que lo aclaremos: en California no criminalizamos la pérdida de un embarazo”, dijo el jueves el fiscal Bonta.

Varias organizaciones, incluyendo la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Planned Parenthood, se han sumado al esfuerzo para liberar a Pérez. Una campaña en la página de Change.org ha colectado más de 10,000 firmas a su favor.

“Sin duda, las consecuencias de criminalizar la pérdida del embarazo afectan de manera desproporcionada a las personas de color, las personas con ingresos más bajos y las personas que viven en zonas rurales del estado”, dijo Jodi Hicks, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood Affiliates of California, en un comunicado.

A decir de la Fiscalía de California, mientras no haya pleno entendimiento de la ley existirá el riesgo de criminalizar a mujeres que sufran aborto espontáneo. Citando un reporte del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, la dependencia indicó que el 10% de los embarazos se pierden durante el primer trimestre, mientras que los mortinatos ocurren en 1 de cada 160 partos en el país.

“Si se repiten los cargos y los enjuiciamientos como los de las señoras Becker y Pérez, las personas embarazadas pueden evitar la atención médica por temor a ser procesadas”, advierte la Fiscalía.

Adora Pérez se encuentra desde junio de 2018 en la Cárcel Central para Mujeres de California, en la ciudad de Chowchilla. Es la presa número WG0595. El Departamento estatal de Correccionales (CDCR) informa que hasta junio de 2025 ella sería elegible para obtener la libertad condicional.