“Eres una zorra”, le espetó un oficial fronterizo a Amanda Rodríguez cuando cruzaba por el puesto de El Paso (Texas) para hacer sus compras semanales. Rodríguez, de 51 años, pasaba de Ciudad Juárez a territorio estadounidense cuando fue abordada. El agente que la retuvo comenzó a hacer comentarios sobre su apariencia y le preguntó si venía a Estados Unidos a hacer “favores”.
Del "eres una zorra" a las amenazas: los abusos de agentes en la frontera con México
Grupos de derechos civiles han presentado una queja ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza con 13 casos de "uso excesivo de fuerza, maltrato verbal, humillaciones e intimidación" en los puestos fronterizos de Texas y Nuevo México.


“Andas de puta”, llegó a decirle, según un documento presentado este martes por grupos civiles para denunciar el "uso excesivo de fuerza, maltrato verbal, humillaciones e intimidación" que a veces utilizan los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
La queja, presentada por la Unión Americana de Libertades (ACLU) junto a otros grupos de derechos civiles, recoge 13 casos en donde tanto ciudadanos estadounidenses como residentes fueron víctimas de un “trato abusivo” en Texas y Nuevo México.
Rodríguez nunca ha ejercido como trabajadora sexual, lleva casada 33 años, tiene dos hijos y trabaja en una asociación ayudando a mujeres a salir de la violencia doméstica en Ciudad Juárez. Nada de esto le impidió al oficial que la atendió retenerla durante 10 horas, amenazarla con encarcelarla y obligarla a firmar un documento en inglés que no entendía.
Según el documento, a Rodríguez le revocaron su visa y le han prohibido entrar de nuevo a suelo estadounidense por los próximos cinco años.
El documento, dirigido al Departamento de Seguridad Nacional, sostiene que los oficiales no solo utilizaron técnicas de acoso a las personas que cruzan con documentos legales sino que los desanimaban de presentar quejas o no les informaban de cómo hacerlo. Y si los afectados continuaban con su intención de dar a conocer lo sucedido, a veces los agentes los amenazaron con represalias.
Es lo que le ocurrió a Pamela Morales, una ciudadana estadounidense, en septiembre de 2014. Cuando solicitó el nombre del oficial para poner una queja, fue arrestada y obligada a hablar con un superior, que la amenazó. Al final, su permiso SENTRI –un documento que permite acelerar el proceso de entrada en la frontera- fue revocado.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no se ha pronunciado sobre este documento en concreto. Sin embargo, las continuas quejas similares presentadas ante el organismo hizo que en marzo publicara un comunicado donde establecía que trabajan para una “mayor transparencia y vigilancia”.
“Para muchos de nosotros, cruzar la frontera significa volver a casa”, sostuvo Vicki Gaubeca, directora del Centro Regional por los Derechos Fronterizos. “CBP sostiene que facilita los viajes y el comercio legal pero las acciones indignas que sus oficiales infligen en los ciudadanos (estadounidenses) y los no ciudadanos ofenden las nociones básicas de justicia y desanima el intercambio económico y cultural que impulsa nuestra economía”.
Cada día, aproximadamente 600,000 personas entrar en Estados Unidos por los puertos de entrada para visitar a sus familiares, de vacaciones o de compras. Además, 1 de cada 24 puestos de trabajo en el país dependen de este intercambio, según los demandantes.
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