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Deferred Action for Childhood Arrivals

Juez federal dictamina que DACA sigue vigente y unos 700,000 dreamers siguen protegidos de la deportación

El juez de distrito Andrew Hanen negó la petición de un grupo de 10 estados encabezados por Texas, que alegaron que el programa es ilegal e inconstitucional. Por el momento nada cambia para los jóvenes protegidos por la Acción Diferida de 2012. Abogados de inmigración y organizaciones recomiendan a los beneficiarios seguir renovando los permisos de trabajo.
31 Ago 2018 – 3:08 PM EDT

Un juez federal de Houston, en el sur de Texas, dictaminó este viernes que la Acción Diferida de 2012 (DACA) es legal, con lo que unos 700,000 dreamers siguen protegidos de la deportación, además de contar con un permiso de trabajo renovable cada dos años.

El juez de distrito Andrew S. Hanen negó la petición de un grupo de 10 estados encabezados por Texas, que el 1 de mayo alegaron que el programa es ilegal e inconstitucional, basados en que el presidente Barack Obama cambió la ley de inmigración al crearlo, una facultad que sólo le compete al Congreso.

Pese a que el juez reconoce en su sentencia que los argumentos de Texas para presentar la demanda eran buenos, considera que los estados se tomaron demasiado tiempo en presentarla, por lo que decidió no bloquear el programa.

En todo caso, el juez señala en su argumentación que aún existen grandes diferencias de opinión en torno a si realmente el gobierno de Obama tenía poderes ejecutivos para crear este programa. De esta forma, Hanen sugiere que es la Corte Suprema la que debe determinar en última instancia su legalidad y/o constitucionalidad.

En ese sentido, señala que el programa ha debido ser consecuencia de la acción legislativa del Congreso, no del Poder Ejecutivo solamente. En todo caso, llama a los demandantes a activar cualquier proceso de apelación en los "próximos 21 días" al señalar que DACA es "probablemente ilegal".

Además, considera que el daño que causaría a los beneficiarios sería mucho mayor que el que aparentemente generó por la aparente extralimitación de poderes del presidente, en este caso, Barack Obama. Cabe destacar que los demandantes argumentaron que su intención no era afectar a los beneficiarios sino solo la legalidad del programa.

Recomiendan a los beneficiarios renovar sus permisos de trabajo

En la práctica, la decisión del juez Hanen hace que nada cambie para los jóvenes ya protegidos por la acción diferida de 2012, y DACA siga vigente tal y como lo ordenaron tres cortes federales de California, Nueva York y el Distrito de Columbia.


Abogados de inmigración consultados por Univision Noticias recomiendan a los beneficiarios de DACA que tengan que renovar sus permisos de trabajo que lo hagan cuanto antes, ya que, si hay una futura resolución judicial contraria al programa, tendrían derecho a seguir trabajando mientras esos documentos sigan vigentes.

Para el abogado Ezequiel Hernández, el fallo es "sorprendente", pero da más tiempo a los beneficiarios de DACA. "El mejor consejo para los dreamers es que apliquen por su renovación, no importa si faltan 90 o 150 días. Otra vez más les dan la oportunidad de extenderlo", dijo el abogado.

La decisión judicial también representa una derrota legal para el gobierno de Donald Trump, que desde que llego a la Casa Blanca el 20 de enero de 2017 ha luchado por eliminarlo.


La cancelación

El 5 de septiembre de 2017 el fiscal general Jeff Sessions anunció la cancelación del programa. DACA ampara temporalmente de la deportación a jóvenes que entraron al país antes de cumplir 16 años y se les conoce como dreamers. También les concede un permiso de trabajo que se renovaba cada dos años.

Ese día el gobierno de Donald Trump dio un plazo de 30 días a los dreamers, cuyas autorizaciones de empleo vencieron entre el 5 de septiembre y el 5 de marzo de 2018, para que renovaran por última vez sus amparos.

Trump también le dio seis meses al Congreso para debatir una solución permanente para los dreamers, pero al término del plazo demócratas, republicanos y la Casa Blanca no se pusieron de acuerdo.

La fecha de cancelación fue determinada dos meses antes por Texas, cuando dijo que demandaría al gobierno si no procedía a eliminar el programa.


La restitución

Cuatro meses después de la cancelación, el 9 de enero, una corte de California declaró ilegal lo actuado por el gobierno y ordenó restituir DACA, tal y como se encontraba antes de ser cancelado, pero advirtió que el gobierno no recibiría nuevas solicitudes de dreamers que antes no se habían inscrito.

El 13 de febrero una segunda corte, esta vez de Brooklyn, Nueva York, emitió un dictamen similar al de California y restituyó el programa bajo los mismos términos.

Pero el 24 de abril una tercera corte federal, esta vez del Distrito de Columbia (DC), restituyó en su totalidad DACA y le dio un plazo de 90 días al gobierno para presentar evidencias adicionales, o en su efecto debería aceptar nuevas solicitudes de inscripción.

El tercer fallo hizo que Texas y los otros estados se movilizaran y el 1 de mayo demandaron al gobierno bajo el argumento que se trataba de un programa ilegal e inconstitucional.


La postura de Texas

“En cambio quienes lo defienden, demandaron la decisión que tomó el presidente Trump de cancelar DACA. Son cosas totalmente distintas”, dijo Teresa Farfán, encargada de las relaciones con la prensa en español de la oficina del procurador Ken Paxton.

“Ese es el enfoque de nuestra demanda”, puntualizó. “Lo que se busca con nuestra acción legal es que se detenga el programa en su totalidad. No estamos pidiendo que deporten a todo el mundo o que se quiten los permisos de trabajo que ya se dieron, sino que se elimine el programa y no pueda haber nuevas renovaciones porque es ilegal”.

A finales de junio Paxton, junto con procuradores de los nueve estados restantes que integran la demanda, le enviaron una carta a Trump urgiéndolo a que cancele DACA.

“Respetuosamente pedimos que el secretario de Seguridad Nacional elimine gradualmente el programa DACA”, dijeron los fiscales en el documento. “Específicamente pedimos que el secretario de Seguridad Nacional anule el memorando del 15 de junio de 2012 de DACA y ordene que la rama ejecutiva no renueve ni emita nuevos permisos de DACA o de la expansión de DACA en el futuro”, agregaron.

El juez Hanen

El 20 de noviembre de 2014 Obama promulgó una segunda orden ejecutiva migratoria, esta vez para ampliar DACA y drear el programa DAPA.

La extensión de DACA consistía en aumentar de 2 a 3 años la validez de los permisos de trabajo y quitando el límite de edad para calificar, y de esa manera beneficiar a un total de unos 1.6 millones de dreamers.

DAPA ampararía de la deportación a unos 5 millones indocumentados padres de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes, quienes además iban a recibir una autorización de empleo temporal renovable cada tres años.

Pero Texas y otros 22 estados demandaron la acción ejecutiva y el 16 de febrero, un día antes de entrar el vigor, el juez Hanen frenó la implementación de ambos programas, demandados bajo los mismos argumentos que ahora.

En noviembre de ese año la Corte de Apelaciones del 5to Circuito en Nueva Orleans ratificó el fallo de Hanen, y el 20 de junio de 2016 la Corte Suprema de Justicia no emitió veredicto al respecto, prevaleciendo entonces el dictamen de Hanen del 16 de febrero del 2015.

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