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Estafa y Fraude

Madre e hija se hicieron pasar por abogadas de inmigración y por su culpa deportaron a sus clientes

Un juez de Los Ángeles condenó a Judith Gil y a su hija Minerva a pasar unas semanas en una cárcel por múltiples cargos por operar un negocio de consultoría de inmigración ilegal aprovechándose de migrantes que buscaban una residencia permanente, asilo y otras formas de estatus legal. Pero algunos fueron deportados a sus países.
27 May 2019 – 3:35 PM EDT

La sonrisa amable de Judith Gil, quien durante varios años fingió ser una abogada de inmigración, no se desdibujó en sus seis oficinas en el sur de California ni siquiera cuando se enteró que uno de sus clientes fue deportado debido a su representación legal indebida. Tuvo la misma reacción con otro caso en el que una mujer regresó a Guatemala por la expulsión de su esposo, que también fue su cliente.

La ‘notaria’ o consultora de inmigración Judith Gil, de 65 años, no actuaba sola. Su hija, Minerva Gil, de 36, era su cómplice defraudando a varios inmigrantes a los cuales les cobraron miles de dólares prometiéndoles permisos de trabajo, procesos de asilo y tarjetas de residencia permanente. Ya que ninguna estaba autorizada para ejercer la abogacía en el estado de California, estos nunca llegaron a sus manos.

Según las autoridades, ellas incluso afirmaban que tenían contactos en el Servicio de Naturalización y Ciudadanía (USCIS) que les facilitaban la aprobación de esos trámites. Pero la mayoría de las veces no hacían más que someter los procesos a dicha entidad y después los abandonaban a su suerte.

“Hizo mucho daño a muchos clientes que fueron sus víctimas”, dijo a Univision 34 Mike Chávez, investigador de la Barra de Abogados de California, que tomó este caso hace unos meses. “No va a salvar a mucha gente de que los deporten”, advirtió al ser cuestionado sobre las consecuencias que este negocio fraudulento podría acarrear a las víctimas.

Otros afectados tuvieron que contratar a abogados legítimos buscando no terminar en la lista negra del Servicio de Aduanas y Control Fronterizo (ICE).

Al momento no se tiene una cifra precisa de víctimas de las Gil, ni de cuántos terminaron deportados por su culpa. La Fiscalía de la ciudad de Los Ángeles, que representó a los afectados ante una corte local, indicó que madre e hija “fueron acusadas de supuestamente cobrar a los clientes miles de dólares por servicios, mientras ofrecían información falsa y asesoría legal no calificada”.


La denuncia penal contra Judith Gil incluye 17 cargos, que van desde violaciones a leyes de asesoría migratoria y fraude, hasta la práctica ilegal de la abogacía. Tras no contender contra estos cargos, un juez la sentenció a 60 días en una cárcel del condado, aunque le dio la opción de cumplir esa condena en su casa o realizando trabajo comunitario durante 46 días. Después deberá cumplir 36 meses de libertad condicional.

También se le ordenó restituir un total de 13,355 dólares a tres de sus víctimas. Finalmente, se le indicó que no debe brindar asesoría legal o promoverse como abogada sin tener una licencia y que solo con la autorización de las autoridades federales puede trabajar como consultora de inmigración.

En tanto, a su hija, quien fue acusada de un cargo de actuar indebidamente como asesora de leyes de inmigración y ser parte de la farsa de su madre, le impusieron una condena de 30 días en una cárcel del condado, que puede purgar solo con 20 días de trabajo comunitario. También deberá pagar 3,855 dólares a una víctima y cumplir 36 meses de libertad condicional.

“Nuestras comunidades de inmigrantes son más susceptibles que nunca a ser explotadas por aquellos que se aprovechan de su miedo y vulnerabilidad”, dijo Mike Feuer, fiscal de Los Ángeles, al anunciar el pasado jueves las convicciones contra estas mujeres.

Los investigadores obtuvieron una orden a principios de febrero para registrar las seis oficinas de las Gil en el sur de California. En unas 300 cajas empacaron miles de documentos que usaron como evidencia en el juicio y que ahora buscan devolver a las víctimas. “Esos clientes fueron a Judith Gil creyendo que ella era una abogada”, dijo Abraham Baghen, funcionario de la Asociación de Abogados californiana.

Una de las supuestas víctimas de las Gil es Julie Blanco, una joven colombiana que alega haberles pagado alrededor de 4,000 dólares esperando que le ayudaran a regularizar su estatus migratorio. “Simplemente confié en ellos”, lamentó ella.


Por su parte, el venezolano Jennsi Villavicencio dice que su futuro es incierto porque desconoce de qué manera procesaron su proceso de asilo. Gracias a su permiso de trabajo, que vence en 2020, él mantiene a sus familiares en Venezuela, un país que enfrenta una severa crisis política y económica.

“Me preocupa cada día que pasa. No sé qué pueda pasar de aquí en adelante. Todo es incierto”, dijo.

Cómo evitar estafas

Estos son algunos consejos que ofrece la dependencia para no caer en las garras de los defraudadores:


  • No contrate a un ‘notario’ o consultor de inmigración si busca ayuda sobre su situación migratoria. Ellos no son abogados ni expertos en inmigración. De hecho, la ley no exige que sepan nada sobre derecho migratorio porque solo tienen permitido ayudarle con tareas no legales, como traducir información.
  • No pague a un abogado de inmigración sin antes confirmar que la persona está autorizada para ejercer la profesión. Para ello consulte la página de internet de la Asociación de Abogados de cada estado. También se puede buscar en la base de datos de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).
  • No pague por formularios de inmigración. Puede solicitar estos documentos sin costo alguno llamando al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) al teléfono (800) 870-3676 o visitando su sitio de internet.
  • Obtenga información sobre inmigración de páginas legítimas del gobierno (su enlace termina con gov).
  • No entregue dinero por servicios de inmigración hasta haber solicitado y leído una copia de su contrato. Si no habla inglés, usted tiene derecho a revisar una copia traducida al español, que debe indicar los servicios que se prestarán y el costo. Cada vez que le pague a un abogado o consultor pida un recibo.

En fotos: Así es el centro de detención para inmigrantes más grande de California

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