En Costa Rica, quien va con un abogado público ante un juez es hasta 25% más propenso a ser condenado

Róger Solórzano Chavarría es un comerciante costarricense de 36 años a quien la Fiscalía de Delitos Económicos de Costa Rica señala como líder de una banda que robaba cheques y confeccionaba documentos falsos para cometer estafas en ese país.

La fiscalía estima que la banda logró llevarse al menos $100.000 de bancos, tiendas de electrodomésticos y casas de préstamos. A Solórzano lo acusan de 47 delitos, entre ellos estafa y falsificación de documentos. Una sola condena por estafa lo enviaría hasta 10 años a la cárcel.

Lleva 16 meses en prisión a la espera de un juicio. En este tiempo no ha podido trabajar, tiene tres hijas que alimentar, una esposa sin empleo y una hipoteca encima. Asegura que es inocente y rechazó la posibilidad de aceptar los cargos a cambio de una pena más baja.

En Costa Rica, los ciudadanos que enfrentan un proceso penal y no tienen suficiente dinero para pagar a un defensor privado, como Solórzano, pueden optar por uno pagado por el Estado. Se asume que este servicio logra que las personas de bajos recursos no estén en desventaja en un proceso judicial.

En un mundo ideal, si el abogado de Róger Solórzano es público o privado no debería importar en la probabilidad que él tiene de ser condenado por los jueces. Pero en Costa Rica parece que eso no es así.

Un estudio de Univision Data, a partir de la revisión de 8,000 sentencias judiciales, descubrió que en este país, en ciertos delitos la probabilidad de que el cliente de un defensor público sea condenado en un juicio aumenta entre 12% y 26%, comparado con quien tiene uno privado.

Los hallazgos de Univision ponen en duda que en Costa Rica el estatus económico de los procesados penales no impacta las decisiones en la administración de justicia. En total, en cinco de nueve tipos de delitos analizados, que concentran la mayoría de la información (75%) del estudio, las personas que tenían un defensor público mostraron una mayor probabilidad de ser hallados culpables por los jueces.

Quienes enfrentan cargos por estafas y falsificaciones – los mismos por los que acusan a Róger Solórzano– con un abogado público, tienen el riesgo más alto de ser condenados. En estos casos –de delitos contra la fe pública, que en ocasiones pueden requerir una defensa técnica, costosa y compleja– esa probabilidad aumenta a 26% para quienes son defendidos por el Estado.

Dicho de una manera más simple: por cada 100 casos de estafa en los que el cliente de un abogado privado es condenado, se registran 126 condenas por el mismo delito, para personas con abogados públicos.

Los abogados pagados por el Estado costarricense también muestran un peor rendimiento al defender a personas acusadas por crímenes como resistencia y desobediencia a la autoridad, delitos sexuales, robos y hurtos. En ningún tipo de delito los abogados públicos muestran ventaja sobre los privados.

La directora de la Defensa Pública de Costa Rica, Marta Iris Muñoz, rechazó hablar sobre esta investigación y los problemas que revela, pese a reiterados intentos para entrevistarla. Igual ocurrió con la presidenta del Poder Judicial de ese país, Zarela Villanueva.

En una respuesta escrita, el jefe de despacho de Villanueva, Roger Mata Brenes, descalificó el estudio al considerar que "no es determinante y no arroja datos concluyentes". También aseguró que no le compete ala institución comparar el rendimiento de su defensores con los abogados privados. "No es función del Poder Judicial medir el desempeño del abogado o abogada litigante".

Dada la ausencia de información oficial en Costa Rica, que permita comparar el rendimiento de los defensores públicos y privados, el estudio se realizó a partir de una base de datos inédita, construida en cuatro años por un reportero de Univision Data, junto a un equipo de 10 periodistas y abogados que extrajo, a mano, múltiples variables de miles de sentencias judiciales penales dictadas entre los años 2004 y 2013 en el Segundo Circuito Judicial de San José, en la cuales se procesaron poco más de 11,000 delitos. Las conclusiones no pueden generalizarse a todos los tribunales del país.

La investigación contrastó el rendimiento de defensores públicos y privados en procesos penales con igualdad de condiciones: el mismo tipo de delito, la misma experiencia de los abogados, jueces y fiscales, el mismo género de la víctima y de los imputados, el mismo tipo de proceso (si es ordinario o abreviado, variable que refleja si el acusado enfrenta mucha evidencia en contra) y teniendo en cuenta si el imputado es nacional o extranjero.

En el siguiente artículo puede profundizar en la metodología utilizada y las limitaciones del estudio:

Ventaja pública en sobreseimientos

Pese a esos indicadores negativos, el estudio encontró que los defensores estatales muestran una amplia ventaja sobre los privados en conseguir sobreseimientos, especialmente en delitos como la tenencia ilegal de armas o faltas contra los deberes de la función pública.

Un sobreseimiento es una sentencia que libera al acusado de responsabilidad penal. En general se dicta sin necesidad de llegar a un juicio porque las partes concilian, porque prescribió el hecho o porque el acusado murió, entre otros motivos.

La investigación de Univision también muestra tendencias que hacen dudar de la premisa de que la justicia penal en Costa Rica es ciega. Por ejemplo, revela una caída en la probabilidad de condena por los jueces cuando es una mujer la acusada o cuando el imputado es extranjero.

Cada una de estas tendencias requiere más investigación para conocer su origen, pero la jueza de Apelación, Rosaura Chinchilla Calderón, encuentra en la menor probabilidad de condena de las mujeres un ejemplo de la "teoría de la caballerosidad", una corriente criminológica.

"Los policías, fiscales y jueces las tratan mejor por 'lástima' o 'caballerosidad'", sostiene Chinchilla, una abogada con 24 años de experiencia como jueza, quien ocupa un asiento en el Tribunal de Apelación de Sentencias Penales del Segundo Circuito Judicial de San José.

Pero Chinchilla también dice que, por lo general, las mujeres que llegan a juicio carecen de antecedentes penales y pueden optar por medidas alternas para solucionar sus problemas legales.

También encontramos que la posibilidad de ser condenado baja cuando el tribunal lo integran tres jueces en lugar de uno. Chinchilla cree que el control de los tribunales colegiados es mayor que el que hace un solo magistrado. "Juntos se suele discutir y discrepar sobre un caso", dice.

Pero puede haber también una explicación desconcertante: "La formación jurídica en Costa Rica es pésima en este momento. El porcentaje de graduados que no se incorporan o que pierden pruebas de judicatura es altísimo, por lo que es más fácil 'convencer' o 'engañar' a uno que a tres. Así, uno puede estar tentado a condenar por los hechos, pero no se fija en cuestiones más técnicas", explica Chinchilla.

En el siguiente estimador usted puede interactuar con nuestro modelo estadístico para conocer cómo la combinación de siete factores pueden aumentar o bajar la probabilidad de condena en Costa Rica, según el tipo de abogado.

Buscando explicaciones

Desesperado tras casi un año de prisión en espera de ser juzgado, Roger Solórzano decidió cambiar a su defensora pública por Federico Campos Calderón, su actual abogado particular.

La esposa de Solórzano suplicó apoyo al pastor de su iglesia, quien a su vez pidió ayuda a Campos. El abogado aceptó dar sus servicios como una ofrenda a la iglesia.

Solórzano cuenta que hizo el cambio porque los abogados públicos que tuvo lo visitaban poco en prisión para actualizarlo sobre su situación legal. Asegura que llamó varias veces desde la cárcel a la Defensa Pública para quejarse, aunque los registros muestran que fue visitado una vez al mes, como lo exigen las directrices internas de la institución.

“Mi expediente dice que tuve cuatro defensores públicos, pero solo conocí personalmente a dos”, contó Solórzano a Univision desde la cárcel.

Según su versión, el detonante para buscar una defensa privada fue una audiencia el año pasado. “Yo vi que la Defensa Pública llegó desarmada a escuchar lo que el fiscal dijera. Los jueces ampliaron la prisión porque no tengo arraigo a pesar de que sí lo tengo”, cuenta Solórzano.

La abogada Esther Barrantes Vargas fue su defensora en esa audiencia, dice el imputado. Ella declinó dar declaraciones a Univision porque no existe una queja formal de Solórzano.

Si tomamos en cuenta los hallazgos de esta investigación, las experiencias de exdefensores públicos y los delitos que le imputan a Solórzano, es posible que él haya tomado una buena decisión al buscar un abogado privado.

Una mezcla de factores como falta de recursos, exceso de trabajo y poca disposición de la Defensa Pública para profundizar e investigar en casos complejos, como el que enfrenta Solórzano, podrían explicar el mal desempeño de los defensores públicos frente a los privados, opinan diversos jueces y exdefensores públicos costarricenses entrevistados para este reportaje.

El único representante de la entidad que habló con Univision Data fue el subdirector Alejandro Rojas, quien semanas después renunció al cargo, alegando razones personales. El funcionario aceptó que la Defensa Pública “no tiene una explicación clara para lo que está pasando”.

Su principal argumento para justificar la desventaja de los defensores públicos es que estos, a diferencia de los privados, no tienen la opción de elegir los procesos que llevan, así que pueden rechazar los casos “perdidos” para dejárselos a los abogados del Estado.

“Es un tema estructural. Nosotros no seleccionamos nada, nos llegan casos que difícilmente van a ser ganados, pero el defensor privado sí puede escoger y llevar casos ganables. Por eso, el porcentaje de condenas nuestro debe ser mayor. Nos llega lo residual”, dijo.

Rojas aceptó que la carga de trabajo puede ocasionar que los abogados penalistas del Estado dediquen menos tiempo a cada proceso que los defensores privados y rindan peor.

“Un defensor particular puede llevar 12 o 15 casos activos al momento. La dedicación que se puede dar a cada caso puede ser un indicador a examinar con detalle, pues el defensor público lleva más de 200 casos, y de todo tipo. Desde homicidios y robos hasta delitos económicos”, aseguró.

Esta explicación resulta inquietante, al considerar que en Costa Rica la Defensa Pública no lleva un registro oficial de la carga de trabajo de cada uno de sus abogados, según lo aceptan las autoridades.

Otro factor que hace aún más relevante conocer la carga de trabajo de los abogados públicos en Costa Rica es que el servicio de defensa se brinda a todo aquel que lo solicite, sin importar sus ingresos económicos.

Por ley, la Defensa Pública debe cobrar a quienes pueden pagar, pero lo logra en pocos casos debido a la falta de un método apropiado para discernir entre los adinerados y los pobres. Además, la Ley Orgánica del Poder Judicial solo le permite cobrar por sus servicios una vez que la sentencia esté firme y el proceso puede ser tan lento como ir a un juicio. Pasan años antes de que la institución recupere el dinero, si es que lo hace, reconoció el exsubdirector de la institución, Alejandro Rojas.

La incapacidad para cobrar puede ser usada por personas que quieren sacar provecho del Estado para ahorrar dinero. El experto en derecho procesal penal Alberto Binder cree que la atención indiscriminada de la Defensa Pública alimenta el problema de la sobrecarga de trabajo.

“Sobre todo en Costa Rica, por su criterio de dar el servicio de defensa pública a quien lo solicite. Mi opinión es que debe darse a quien más lo necesita. Si no, se termina haciendo ineficiente al sistema”, dijo Binder a Univision Noticias.

En 16 años (de 1999 al 2015), la Defensa Pública sólo realizó 62 cobros por un monto total de $90,000, dinero que utilizó para comprar impresoras, informó la institución.

Condenas que no debieron ser

Si bien nuestro estudio no indica que los errores de los abogados estatales son más frecuentes que los de sus colegas privados, problemas como la excesiva carga de trabajo y la falta de recursos pueden generar errores que terminan afectando a sus defendidos.

Univision logró documentar cuatro casos donde abogados públicos descuidaron la defensa de sus clientes o dejaron pasar claras violaciones al debido proceso. De no ser por la intervención de los jueces de Apelación, los acusados habrían recibido castigos injustos.

Un ejemplo es el de un mendigo nicaragüense, alcohólico, a quien en el 2009 el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José condenó a 18 meses de prisión por incumplir la orden de no acercarse a su expareja, quien lo denunció por actos de violencia doméstica.

Según el expediente, el mendigo la buscaba para pedirle comida. Por este hecho fue condenado a prisión (con ejecución condicional), pese a que la ley le permitía obtener una pena menos drástica. Su defensor público dejó pasar el error sin presentar algún argumento para evitarle la prisión a su cliente. De no ser por la intervención de los jueces superiores que detectaron la anomalía, esa persona habría sufrido una pena más dura de la que le correspondía.

En otro caso de 2011, un hombre de apellidos Leal Castro fue condenado por chocar un vehículo de la Policía y provocar lesiones a los oficiales que lo tripulaban. Su defensor público omitió decir al tribunal que este había sido absuelto por los mismos hechos en un primer juicio, cuando los jueces consideraron que había evidencia suficiente para condenarlo por el delito que lo acusaban, así que ya no podía volver a ser juzgado.

Fueron los jueces del Tribunal de Casación Penal quienes detectaron el problema y anularon la sentencia.

La Defensa Pública informó a Univision que en estos casos no castigó a sus abogados porque los jueces no lo pidieron. Ante esa respuesta, Rosaura Chinchilla, jueza de Casación, sostiene que "no es competencia de los jueces ordenar la apertura de expedientes disciplinarios".

Entre 2006 y 2015 la defensoría aplicó 28 sanciones a algunos abogados por fallos relacionados con su trabajo. La institución no reveló la identidad de los castigados ni la falta que cometieron.

Pasividad y exceso de trabajo

Algunos exdefensores públicos costarricenses consultados por Univision ofrecen otras explicaciones a ese peor rendimiento.

La pasividad al investigar los casos es uno de los posibles factores que ve la jueza penal Francini Quesada Salas, quien trabajó como abogada pública durante 12 años.

Quesada no solo es una de la defensoras que registra el mayor porcentaje de sentencias absolutorias en los últimos años, según se desprende de la base de datos que analizó Univision Data, sino que dedicó su tesis doctoral a estudiar la estrategia que siguen los defensores públicos.

“Casi todos los abogados penalistas se comportan de esta forma, pero quizás se ve más en los públicos: asumen que la investigación la debe gestionar y dirigir la fiscalía, y la defensa es sólo reactiva. El defensor no busca pruebas. Espera a que el fiscal las busque y luego las revisa para ver cómo ataca”, dijo Quesada.

En el año 2000 la jueza publicó un manual de trabajo basado en su investigación para promover una defensa pública más “proactiva”. Cuenta que el Poder Judicial costarricense lo publicó una sola vez. “En estas instituciones es difícil darle seguimiento a eso. Lo ideal es que ese manual se usara en la formación de los nuevos defensores”, aconseja Quesada.

La jueza de Apelación, Rosaura Chinchilla Calderón coincide con la preocupación de que los abogados del Estado son pasivos y tienen debilidades en la etapa investigativa y la explica, al menos en parte, en las limitaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)

“El OIJ no suele responder a las necesidades de la Defensa y por eso se crearon investigadores de la entidad, pero son pocas plazas”, señala Chinchilla.

Federico Campos Calderón, el actual abogado de Roger Solórzano, fue defensor público durante 10 años antes de pasar al campo privado. Él también opina que hay pasividad de la defensa pública, y la atribuye, en buena parte, a la carga laboral.

Campos cuenta que mientras fue abogado del Estado tramitó en promedio unas 400 causas al año, mientras hoy trabaja unos 150 casos en el mismo período.

“El defensor público tiene que ir a juicios y audiencias todo el día, lo cual le impide hacer trabajo de escritorio para a estudiar cada caso, y eso es muy importante en la etapa de investigación”, relata Campos.

Los incentivos juegan en la ecuación

Otro factor que puede estar jugando en contra de los defensores públicos son sus ingresos.

Mientras estos ganan un salario fijo, sin importar cuanto tiempo le dedican a un caso, o si ganan un juicio, los abogados privados pueden cobrar por cada hora que dedican al análisis e investigación de los casos. Incluso pueden recibir de sus clientes “premios” económicos si ganan, algo que no sucede en la defensa pública.

La jueza Francini Quesada reconoce que eso puede tener un efecto importante en el resultado final de los procesos penales, especialmente en casos largos y complejos, pese a la pasión que muestran algunos abogados del Estado.

“Algunos nos tragábamos un fin de semana preparándonos y estudiando un caso sin que nos pagaran más por ese trabajo extra, pero eso no lo hacen todos los defensores públicos”, advierte Quesada.

Mientras esta discusión sigue, Roger Solórzano continúa en prisión a la espera del juicio, pero ahora con la "fe" puesta en un defensor privado.

“Yo no tengo recursos, pero al ver que ya llevaba casi un año en prisión preventiva tuve que buscar ayuda”, cuenta con molestia.

* Esta investigación periodística de Univision Data se utiliza como insumo en el Segundo Informe Estado de la Justicia, del Programa Estado de la Nación, el centro de investigación más influyente de Costa Rica, el cual se publica hoy 19 de abril del 2017.

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