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Criminalidad y Justicia

Nadie conoce la carga de trabajo de los defensores públicos costarricenses

La Defensa Pública no tiene indicadores adecuados o datos estadísticos para estudiar el rendimiento de su personal
17 Mar 2017 – 02:41 PM EDT
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Estas son las oficinas de la Defensa Pública en Goicoechea, en San José. En este lugar, y en todo el país, se carece de indicadores oficiales para establecer técnicamente la carga máxima de trabajo de cada abogado.
Crédito: Katya Alvarado

La Defensa Pública de Costa Rica no tiene indicadores oficiales sobre la carga de trabajo específica de cada uno de sus abogados .

La falta de información es relevante, dado que distintos académicos, jueces y exdefensores públicos opinan que la cantidad de casos que atiende cada defensor puede estar asociado con su mal rendimiento frente a los abogados privados.

El vacío también evidencia que el criterio de la Defensa Pública para asignar trabajo a su personal carece de respaldo técnico pues deconoce cómo esa carga puede afectar sus resultados.

Este hecho cobra importancia frente al análisis de Univision Data, que demostró que en Costa Rica, las personas que son defendidas por un abogado público en un proceso penal tienen, en ciertos delitos, más probabilidad de ser condenados que si tuviesen un defensor privado.

En el 2015, ese país dedicó $56.7 millones (el triple que hace 10 años) para que un equipo de 273 abogados públicos trabaje a tiempo completo en la defensa penal de las personas de bajos recursos.

Marta Iris Muñoz, jefa de la institución, rechazó dar una entrevista para conversar de este tema. El único funcionario de la Defensa Pública que habló con Univision Noticias y el Semanario Universidad, medio costarricense que colaboró en esta serie de reportajes, fue el subdirector Alejandro Rojas, quien renunció al cargo semanas después alegando razones personales.

La Defensa Pública –dijo Rojas– sólo registra la cifra que se le asigna a cada puesto de trabajo, pero desconoce la cantidad que asume cada persona, pues algunos abogados rotan en distintos puestos.

El Poder Judicial costarricense tampoco tiene estadísticas para distinguir el tipo de defensor –público o privado– en cada juicio. Esto le permitiría comparar el rendimiento de su personal con el que se ofrece en el mercado privado. Según Rojas, el Consejo Superior de la Corte Suprema ordenó a los juzgados mantener este registro, pero el requerimiento fue ignorado.

Exceso de trabajo

Frente a la carencia de datos en Latinoamérica, múltiples investigaciones en Estados Unidos coinciden en relacionar el exceso de casos que atienden los defensores públicos con un resultado negativo en su rendimiento.

Una investigación publicada en 2004 en el Ohio State Journal of Criminal Law concluye que, si bien la carga de trabajo no es el principal factor que explica el rendimiento de estos funcionarios, sí tiene una participación significativa en su desempeño.

Otro estudio de las universidades de Texas y Arizona sostiene que “si crecieran los recursos para reducir la presión de la carga de trabajo, los defensores públicos podrían estar una mejor situación para asegurar resultados justos para sus clientes”. Un análisis de la Universidad de Harvard tiene conclusiones similares.

Alejandro Rojas coincide en que la carga excesiva de casos puede explicar la desventaja de los abogados públicos frente a los privados.

Si bien el estudio de Univision se basa exclusivamente en datos de un área metropolitana de Costa Rica, es posible que la sobrecarga de trabajo sea igual o más intensa en las zonas rurales del país, según lo sugieren los datos oficiales.

Del 2011 al 2015, los tres lugares con el mayor promedio de causas activas por defensor eran pueblos rurales: Upala, al norte del país, registra 583; Bribrí en la zona atlántica 568, y Turrialba, al este del Valle Central, con 508.

El caso de Upala es especialmente complicado. Allí sólo un abogado estatal atiende todos los delitos penales, con la ayuda ocasional de otro defensor nombrado especificamente para trabajar en casos de violencia contra las mujeres.


Poca ciencia

Ante consultas de los autores de esta investigación, la Defensa Pública costarricense informó que el tope oficial de trabajo de sus abogados – entre 180 y 200 asuntos anuales para cada uno, según la institución– no se basa en estudios especializados, sino en las experiencias y acuerdos de cada uno.

Pero estas cifras contrastan con la investigación de Univision Noticias y la versión de exdefensores públicos entrevistados por Univision. Uno de ellos, Federico Campos Calderón ejerció ese cargo durante 10 años y cuenta que tramitaba, en promedio, 400 causas al año. Ahora, como abogado privado, maneja unos 150 casos en el mismo período.

"El defensor público tiene que ir a juicios y audiencias todo el día. Eso le impide hacer trabajo de escritorio para estudiar cada caso", dice Campos.

La cifra máxima que estableció la Defensa Pública se ha sometido a cuestionamientos. En 2009, un grupo de abogados de la institución propuso que el número de casos para cada uno debía disminuir a un máximo de 100 al año. Pero ese cambio no se realizó, según informó la vocera del Poder Judicial.

Si la opinión de eso defensores es correcta, los problemas de saturación de trabajo en Costa Rica serían graves, tomando en cuenta que las causas activas para cada defensor rondan los 300, según lo evidencia el análisis que realizó Univision con datos del Poder Judicial.

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