El gobierno del presidente Donald Trump restablecerá próximamente la capacidad de la policía para incautar propiedades de sospechosos con ayuda federal, según adelantó a The Associated Press un alto funcionario de justicia que indicó que se incluirán algunas protecciones para evitar abusos.
Departamento de Justicia reanudará la confiscación de bienes a sospechosos, aunque no hayan cometido delito
El gobierno anterior redujo al mínimo esta práctica (que recoge la ley) para evitar abusos policiales, sobre todo con las incautaciones policiales de pequeñas cantidades de dinero. El fiscal general Jeff Sessions prevé retomar su uso, aunque con algunas restricciones, según adelanta The Associated Press.
Por:Univision
La "confiscación civil" ha servido para financiar a los cuerpos policiales con dinero incautado, pero también ha habido denuncias de abusos policiales contra ciudadanos.
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El fiscal general Jeff Sessions anunció esta semana que el Departamento de Justicia presentará nuevas normas para facilitar la confiscación de propiedades de los narcotraficantes y lo hará basándose en la figura de la “confiscación civil”, que permite a las fuerzas del orden de tomar cualquier propiedad que alegan está involucrado en un delito.
Se trata de una polémica práctica que depende del criterio del agente y aunque fue pensada inicialmente para combatir el narcotráfico y el fraude, ha planteado protestas de grupos de derechos civiles como ACLU que han denunciado abuso policial y corrupción con detenciones a ciudadanos comunes para requisar pequeñas cantidades de dinero en efectivo.
Estas denuncias llevaron al exfiscal general Eric Holder a emitir una orden en enero de 2015 que prohíbe a las agencias estatales y locales que, amparándose en las leyes federales, procedan a confiscar dinero o vehículos, sin constatar que se ha cometido una actividad criminal, salvo que la incautación esté relacionada con la seguridad ciudadana, por ejemplo, si se trata de armas y munición.
El actual secretario de Justicia planea atenuar esas restricciones, pero también imponer nuevos requisitos para determinar cuándo puede utilizarse la ley federal, señaló el funcionario conocedor de los cambios que habló en condición de anonimato.
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Más justificación
Las modificaciones más importantes incluyen requerir más detalles de las agencias policiales acerca de la causa probable que justifica una incautación antes de que las autoridades federales se involucren.
Además, el Departamento de Justicia tendrá que decidir con mayor rapidez si se encargará de las incautaciones locales, y también hacerles saber sus derechos a los propietarios de las cosas y el estatus de sus pertenencias en un plazo no mayor a 45 días después de que fueron incautadas, más rápidamente de lo que requiere la ley federal.
Otro cambio importante dificultará a la policía incautar menos de 10,000 dólares a menos que tenga una orden judicial estatal, haya efectuado un arresto vinculado con la incautación, haya confiscado otro contrabando -como por ejemplo drogas- junto con el dinero o el propietario haya confesado haber cometido algún delito.
Si no existe al menos uno de los puntos anteriores, las autoridades necesitarán la aprobación de un fiscal federal para incautarlo bajo la ley federal.
