Panamá discute la legalización del matrimonio gay: ¿será el primer país en aprobarlo en Centroamérica?

La Corte Suprema de Justicia panameña abrió las consultas para decidir si declara inconstitucional o no la norma que define el matrimonio como la unión entre hombre y mujer.
6 Jun 2017 – 7:45 PM EDT

CIUDAD DE PANAMÁ, Panamá.- Panamá podría convertirse en el primer país de Centroamérica en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo si prosperan dos demandas que la Corte Suprema de Justicia revisa desde principios de este año.

Una de ellas aboga por declarar inconstitucional el artículo 26 del Código de Familia, que define el matrimonio como la unión entre hombre y mujer, y otra un párrafo del Código de Derecho Internacional Privado que prohíbe expresamente la inscripción de uniones gais o lesbianas celebradas en el exterior.

La discusión ocurre en todos los círculos sociales de Panamá desde que la Corte Suprema pidió a los procuradores de la Administración y de la Nación sus opiniones, en mayo. Se trata de una consulta obligatoria que los magistrados elevan poco antes de fallar.

Rigoberto González, el procurador de la Administración, aseguró al tribunal que “el Código de Familia no es inconstitucional en la medida en que se interprete que así como un hombre y una mujer pueden, voluntariamente, contraer matrimonio, personas del mismo sexo también pueden hacerlo”.

Pero días después, la procuradora general de la nación, Kenia Porcell, consideró que “no es discriminatorio ni inconstitucional evitar el matrimonio igualitario”.

Alumnos de la principal universidad católica del país mostraron su apoyo en un foro académico reciente, organizaciones católicas y evangelistas dijeron que alegarán en contra en la Corte, en las redes sociales los insultos y los aplausos a los activistas LGBT son comunes, y entre los políticos sobran las opiniones disonantes.

Si los magistrados fallan a favor, Panamá se uniría al bloque de países que permiten las uniones legales homosexuales; entre ellos Canadá, Estados Unidos, Colombia, Argentina, México y Chile.

Costa Rica avaló en 2015 su primera unión de hecho y por error registró el matrimonio de dos mujeres, a las que ahora el Ministerio Público quiere imputarle cargos por falsedad ideológica. Sin embargo, los matrimonios gays siguen prohibidos legalmente.

La comunidad LGBT, desamparada ante la ley

Álvaro Gómez y Guillermo Tejada llevan ocho años juntos. Uno es sicoterapeuta y el otro bailarín y ambos comparten una relación de pareja, el amor por el teatro y un videoblog llamado “Estos dos manes”, donde expresan sus preocupaciones por la situación de la población LGBT en Panamá.

Mientras la opinión pública debate si es favorable o no permitir el matrimonio igualitario —78% dice que no, según una encuesta publicada en abril—, ellos cuentan su drama.

“Tenemos siete años intentando comprar un apartamento. Ha sido una carrera muy cansona; ha habido momentos en que nos sentimos muy frustrados, impotentes y desechamos varias veces la idea. La primera vez fue en una feria de apartamentos, llenamos los requisitos, la inmobiliaria nos aprobó, pagamos el abono, pero cuando llegamos a la etapa de conseguir hipoteca en los bancos, unos nos dijeron de plano ‘no, no aplican’. ¿Por qué? Porque somos una pareja gay”, explica Guillermo.

La Superintendencia de Bancos de Panamá dice que los bancos tienen el derecho de elegir a sus clientes, sin mayores impedimentos que los legales: capacidad crediticia e historial financiero. En términos generales, en el país se suele conceder crédito hipotecario conjunto a padres con sus hijos, a novios y esposos. Sin embargo, ante la ausencia de normas que prohíban y tipifiquen la discriminación por orientación sexual o que formalicen las uniones homosexuales, los gais y las lesbianas quedan desamparados.

Álvaro cuenta que las únicas fórmulas posibles para ellos eran que uno comprara el apartamento o que conformaran una sociedad anónima y ante el banco fueran simplemente accionistas. “Eso sería pegar una mentira”, dice. Al final, alquilaron.

Pese a ello, esta pareja aplaude que Panamá se haya abierto a la discusión. Las dos demandas que la Corte analiza se han convertido en un momento cumbre para las organizaciones LGBT del país.

En 2004 la Iglesia católica presionó para que no se discutiera un proyecto sobre matrimonio gay, en 2011 dos mujeres fueron arrestadas por darse un beso en un callejón del Casco Viejo de la capital, en 2015 los diputados vetaron otra propuesta de matrimonio gay e incluyeron en el Código de Derecho Internacional Privado la prohibición de registrar los que se celebren en el exterior, y no se ha eliminado la barrera que impide que personas abiertamente gais puedan ser policías.

La única victoria en 20 años ocurrió en 2008: un decreto presidencial despenalizó la homosexualidad.

La burocracia como razón para discriminar

Antes de marcharse del país a finales de mayo pasado, el economista y dramaturgo panameño Javier Stanziola puso en escena una obra de teatro que habla sobre la “compleja sexualidad humana” y empezó a organizar el partido político “Creemos”, a favor de la legalización de parejas del mismo sexo.

Stanziola se fue después de tres años en Panamá por los problemas que para él implicaba ser abiertamente gay y vivir con su esposo irlandés y el hijo que adoptaron en Reino Unido. “La idea de venir a Panamá era que el niño creciera con sus tíos y abuelos”, relata.

Aunque su familia lo aceptó, la sociedad no tanto: tuvo que desfilar por varias escuelas privadas antes de conseguir matrícula para su hijo, funcionarios del Registro Civil se negaron a tramitarle la nacionalidad panameña al menor porque “no tenía madre” (le aconsejaron solicitarle una visa de turista), y cuando su esposo enfermó el año pasado, los doctores no le dejaban verlo ni pagar la cuenta del hospital.

“En Panamá se utiliza la burocracia para discriminar”, reclama.

El presidente Juan Carlos Varela ha dicho que no ve necesario abrir el paraguas del matrimonio para cubrir a las parejas gais, aunque se ha mostrado a favor de alguna fórmula que les permita “ver temas patrimoniales, poder heredarse, compartir sus bienes”.

La visión de quienes se oponen

“Panamá está siendo objeto de una teoría que viene implantada directamente de las Naciones Unidas y Estados Unidos”, sostiene el abogado Francisco Carreira.

Su colega Ernesto Cedeño insiste en que la vocación constitucional de Panamá es “cristiana” (un artículo de la Constitución establece que la mayoría de la población es cristiana y otro aboga por el respeto a la moral cristiana), y por tanto no se puede adoptar una norma como esta sin hacer la respectiva reforma.

Cedeño interpuso su alegato ante la Corte Suprema de Justicia en nombre de la Alianza Evangélica de Panamá, una organización que agrupa a estas iglesias de popularidad creciente: según la Contraloría de la República, en 1998 representaban el 10% de los panameños, una década después era el 18%, y ahora se estima que pueda superar el 25%. Entre ellos hay quienes consideran que se trata de una “inmoralidad” o un “atentado al orden natural” o a la familia.

¿Y las leyes panameñas?

El abogado Iván Chanis asegura que ninguno de esos argumentos se antepone al artículo de la Constitución que prohíbe la discriminación por raza, sexo o religión, o a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a la que Panamá se suscribió en 1977, y que obliga a los países americanos a garantizar la no discriminación por orientación sexual.

“La Corte Suprema debe proceder en el sentido de hacer prevalecer la Constitución”, argumenta. Marlin González, activista de la Alianza Pro Igualdad, dice que Panamá “no está cumpliendo con las normas de derecho internacional” aun cuando la Constitución obliga a hacerlo.

Más política, la vicepresidenta del país, Isabel Saint Malo, aboga por acabar con las barreras hacia las parejas gais panameñas. “Todos debemos tener la opción de unir nuestras vidas a un ser querido. La orientación sexual no se escoge, se nace con ella”, planteó en un tuit.


Mientras esta discusión ocurre, las organizaciones LGBT se preparan para la próxima escena: la marcha del Orgullo Gay, en la que la primera dama del país, Lorena Castillo –una ferviente católica– será la abanderada.

Para el sicoterapeuta Álvaro Gómez, su participación puede ser “un buen disparador de conversación y que en Panamá se empiecen a cerrar las incongruencias como aquellos que dicen: ‘no tengo nada en contra de los gais, tengo amigos gais, pero que no se casen… hasta allá no’”.

Esto, mientras la Corte Suprema de Panamá decide.

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