Honduras sigue a El Salvador y suspende temporalmente los derechos constitucionales para enfrentar a las pandillas en dos ciudades
Honduras se convirtió este martes en el segundo país de América Central, después de El Salvador, en imponer un estado de excepción que suspende algunos derechos constitucionales con el argumento de combatir las pandillas callejeras.
Las medidas extraordinarias, que entraron en vigos este martes por la tarde, tienen como objetivo la capital, Tegucigalpa, y el centro comercial del norte de la ciudad de San Pedro Sula, que sufren numerosas extorsiones por parte de grupos criminales como Barrio 18 y MS-13.
El decreto tendrá una duración de un mes, pero los legisladores tendrán la capacidad de prorrogarlo, algo que ha ocurrido en reiteradas ocasiones en El Salvador desde que se impuso el estado de excepción en marzo.
En qué consiste el decreto
El Gobierno de Honduras publicó un decreto legislativo que da vigencia a un estado de excepción parcial ordenado por la presidenta Xiomara Castro para controlar a las pandillas tras el repunte de delitos como la extorsión, el sicariato y el secuestro.
Las medidas afectan los derechos constitucionales de asociación, libre circulación, allanamientos y detenciones.
El decreto del gobierno de Castro dio como justificación la amenaza a la vida ya la propiedad que representan las pandillas en ambas ciudades.
El estado de excepción es específicamente para 89 barrios y colonias de Tegucigalpa y 73 de San Pedro Sula, las principales ciudades del país y en las que se registran más delitos achacados a la acción de las pandillas.
El decreto de excepción entró en vigor de forma inmediata y rige hasta el 6 de enero de 2023, luego que el lunes fuera publicado en el diario oficial La Gaceta.
Suspensión de libertades
El decreto incluye en sus argumentos “la grave perturbación de la paz y la seguridad que prevalece en las principales ciudades del país, ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados, que operan como mafias poniendo en riesgo la vida y los bienes de las personas".
Menciona, además, que la consumación de “delitos de extorsión, asesinatos, robos, tráfico de drogas y secuestros”, por parte de esos grupos respalda la suspensión de "garantías establecidas en la Constitución de la República en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99”.
Esos artículos se refieren a libertades personales, libertades de asociación y reunión, la libre circulación de las personas, la legalidad de los arrestos y los allanamientos.
El comisionado retirado de la Policía Nacional Leandro Osorio dijo que las medidas no solo buscarían prevenir el crimen, sino que también llevarían a cabo acciones represivas.
A criterio del exjefe policial, el control a través de esa estrategia no será fácil y deberá ser un trabajo en el que se involucre todo el sistema de justicia, toda la administración pública y operadores de telecomunicaciones para controlar las llamadas telefónicas extorsivas.
Comparaciones con El Salvador
El anuncio generó una ola de comparaciones con las políticas implementadas en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele ha suspendido parcialmente los derechos constitucionales durante los últimos ocho meses, lo que ha resultado en más de 55,000 arrestos y numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos.
El analista en materia de seguridad, Raúl Pineda Alvarado, dijo a la agencia AP que la estrategia del Gobierno de Honduras en nada se parece a las acciones tomadas en El Salvador por el presidente Nayib Bukele.
Detalló que en El Salvador se estableció un proyecto autoritario a través del denominado plan de control territorial. Cita que en cuatro meses El Salvador tiene 0.4 homicidios por cada 100,000 habitantes. En contraste, apunta, Honduras mantiene esa cifra en 37, siendo el país con mayor número de crímenes en Centroamérica.
“Lo que se ha aplicado en Honduras es un remedo, una acción que carece en cantidades mínimas de las cualidades a un proyecto que, si bien es cierto, es autoritario, ha demostrado su eficacia y donde el Gobierno de El Salvador ha invertido una cantidad muy fuerte de recursos”, apuntó.
Honduras recrudeció su estrategia de seguridad, debido a un repunte del cobro de extorsión en el sector transporte y en negocios por parte de las pandillas MS-13, barrio 18 y otras estructuras criminales, así como al incremento de los homicidios y los secuestros.
Mira también:
