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Crisis en Venezuela

Gobierno de Guaidó busca acuerdo con EEUU para recuperar el dinero de la corrupción de Venezuela

En una entrevista con Univision Noticias, el embajador Carlos Vecchio explicó que quieren establecer un fondo transparente que pueda ser utilizado para el beneficio de los venezolanos refugiados en otros países y para el sector de salud.
18 Jun 2020 – 09:14 AM EDT
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El gobierno 'interino' venezolano de Juan Guaidó ha iniciado discusiones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para establecer un mecanismo para compartir los bienes incautados provenientes de la corrupción oficial, según el embajador de Venezuela en Washington, Carlos Vecchio.

"Esta discusión la estamos dando ahorita. Quieren (la administración Trump) que se establezca un fondo que se puede manejar de manera transparente para que efectivamente este dinero pueda ser utilizado para los venezolanos", dijo Vecchio en una entrevista con Univision Noticias.

El Departamento de Justicia dijo por medio de una portavoz que "no comenta públicamente sobre las comunicaciones con gobiernos extranjeros sobre asuntos en investigación".

La semana pasada, Univision Noticias informó que el gobierno del presidente Donald Trump se está resistiendo a los esfuerzos del gobierno de Guaidó para recuperar miles de millones de dólares en activos confiscados provenientes de la corrupción del gobierno de Nicolás Maduro, que los Departamentos de Justicia y Tesoro de Estados Unidos retienen actualmente en 'Fondos de Decomiso'.


La administración Trump ha desviado 601 millones de dólares del Fondo de Decomiso del Tesoro para pagar la construcción del muro fronterizo con México.

Los activos incluyen los ingresos de propiedades, como mansiones, automóviles lujosos, joyas y caballos de salto, incautados como resultado de órdenes judiciales derivadas de acusaciones de lavado de dinero, soborno y corrupción, y luego subastados por el gobierno estadounidense.

Caso Andrade

Eso incluye un juicio de mil millones de dólares contra el extesorero de Venezuela, Alejandro Andrade, quien fue sentenciado a 10 años de prisión a fines de 2018 por su papel en un esquema de lavado de dinero de 2 mil millones de dólares.


Vecchio recordó haber asistido a la sentencia en West Palm Beach y haber preguntado al fiscal: "¿Cómo se hace para que ese dinero de la corrupción pueda ir a un fondo que quede protegido para que esté en el futuro a favor de los venezolanos una vez que se recupere la democracia?”


La respuesta fue que "lamentablemente Venezuela no calificaba como víctima y por lo tanto no podría dársele este dinero" recordó Vecchio.

Esto tenía una justificación lógica en aquel momento porque Maduro, a pesar de las crecientes acusaciones de corrupción en Estados Unidos, todavía era reconocido como el presidente legítimo.

"Pero no había forma de que Washington le devolviera el dinero. Fue el autor de la corrupción", dijo Vecchio.

A principios de 2019, la situación cambió. La administración Trump retiró su reconocimiento a Maduro como presidente de Venezuela, junto con docenas de otros países occidentales. En su lugar, el mandatario estadounidense reconoció a Guaidó como el presidente legítimo a principios de 2019, aunque Maduro continúa en el poder en Caracas.

Vecchio dijo que comenzó a planear una estrategia para persuadir al Congreso de Estados Unidos de aprobar una ley, escribiendo cartas a dos senadores influyentes, el republicano Marco Rubio, de Florida, y el demócrata Bob Menéndez, de Nueva Jersey.

"Sí, somos víctimas"

"Les dijimos que había que cambiar el criterio de víctimas", dijo. “ Ahora hay un gobierno nuevo. Si hay un daño al patrimonio, y por falta de estos recursos no llega comida a los hospitales, por lo tanto, sí, somos víctimas y ustedes tienen que revisar este criterio".

En diciembre del año pasado, republicanos y demócratas promocionaron la legislación para brindar ayuda al pueblo de Venezuela, la llamada 'Ley VERDAD', que le exigió al Departamento de Estado " establecer una estrategia para identificar, bloquear y recuperar los activos arrebatados a personas e instituciones de Venezuela" mediante el robo, lavado de dinero u otros medios ilícitos".

La ley requiere que el Departamento de Estado presente su estrategia para recuperar los fondos el 15 de junio.

El Departamento de Estado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En los últimos meses, el Procurador Especial del gobierno de Guaidó, José Ignacio Hernández, ha comenzado a impugnar algunas confiscaciones en los tribunales federales de Estados Unidos. Pero en lugar de ir caso por caso, Vecchio dice que ahora se centran en un convenio de país a país para compartir los activos con las autoridades estadounidenses.

Un acuerdo "integral"

"No queremos litigar caso a caso, necesitamos llegar a un acuerdo integral sobre esto, donde incluyamos … todos los casos de corrupción, establecemos una cifra, y de aquí en adelante establecemos ya un porcentaje de distribución", dijo Vecchio.

"Nosotros decimos que no hay ningún tipo de problema, que establecemos todos los mecanismos necesarios, con representantes de Estados Unidos y organizaciones internacionales, que permitan la ejecución transparente para que llegue a los venezolanos", agregó.

Parte del dinero podría usarse para asistencia humanitaria a algunos de los aproximadamente cuatro millones de refugiados venezolanos que han huído a Colombia, Perú y Ecuador, así como para proporcionar suministros médicos muy necesarios a los hospitales en Venezuela, a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).


Según Vecchio, el objetivo, que describió como "poderoso", sería destinar el producto de la corrupción que contribuyó a crear la crisis para ayudar a la gente afectada por las consecuencias de dicha crisis.

"Incluso ayudaría. En lugar de usar el dinero de Estados Unidos se puede utilizar el dinero de los propios venezolanos que les fue robado para darles ayuda", agregó.

Si bien la Ley VERDAD proporciona un marco legal para recuperar los activos como parte de un plan más amplio para la reconstrucción de Venezuela, los acuerdos aún deben firmarse como parte de ese proceso, según Vecchio. Eso también incluiría la necesidad de aprobar leyes a través de la Asamblea Nacional controlada por la oposición venezolana.

Sin embargo, el proceso electoral en Venezuela podría complicar esa estrategia.

La Corte Suprema del país, leal a Maduro, juró un nuevo Consejo Nacional Electoral el viernes pasado en un movimiento ampliamente denunciado de cara a una elección clave este año para elegir un nuevo congreso, la única rama del gobierno fuera del control de Maduro.

El martes, en una medida aún más descarada, la Corte Suprema ordenó la toma de posesión de dos partidos de oposición importantes, Acción Democrática y Primero Justicia, como parte de lo que llamó un "proceso de reestructuración necesario".

Sin embargo, no se tomaron medidas legales contra Voluntad Popular, el partido de Guaidó.

El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó la medida diciendo "este paso del régimen y su Corte Suprema lleva a Venezuela aún más lejos de una transición democrática".

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