null: nullpx
Actos Delictivos

Linchamientos en México: ¿Por qué los ciudadanos hacen justicia por su propia mano?

Las autoridades mexicanas no consideran el linchamiento como un delito y tampoco tienen estadísticas al respecto. Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia, los medios de comunicación y las redes sociales dan cuenta de que se cometen brutalidades de este tipo ante la falta de justicia por parte del Estado.
29 Sep 2016 – 10:07 PM EDT

El 15 de septiembre al menos la mitad de los habitantes de Tepehuaca, Puebla (centro), mataron a dos de los tres hombres que habían secuestrado a dos menores de edad. Justo una semana después en Quimixtlán, también Puebla, cientos de habitantes sacaron de la comisaría a un hombre acusado de robar una camioneta: lo rociaron con gasolina, le prendieron fuego y abandonaron el cadáver en un camino de terracería.

No hay una estadística oficial sobre los linchamientos en México. No son considerados por las autoridades como un delito específico, sino que los engloban en otros como homicidio o lesiones. Sin embargo, cada año ocurren en promedio 13.6, con mayor incidencia en las regiones centro y sur del país.

Las cifras se desprenden de la investigación 'Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014)', realizada por los doctores Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila, de la licenciatura en sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco.

¿Qué son los linchamientos?

Los linchamientos son “ agresiones y castigos infligidos a individuos a quienes se asocia con delitos de distinta gravedad” y que tienen “el carácter generalmente anónimo de los participantes en el acto con una función punitiva”, definen en el mismo artículo los investigadores.

Ese anonimato y la espontaneidad con la que surge un evento de linchamiento “le imprimen un carácter altamente violento y pasional que genera en los participantes el sentimiento compartido ‘del deber cumplido’”, de acuerdo al estudio.

Tres días antes de que México celebrara el 206 aniversario de su independencia, en una zona limítrofe entre los municipios de Tlalnepantla y Atizapán, en el céntrico Estado de México, los pasajeros de una unidad del transporte público golpearon a un individuo que trató de asaltarlos. Ayudados por pobladores de la colonia San Andrés Atenco, después lo ataron a un poste para seguirlo golpeando. El hombre murió en la Cruz Roja, a consecuencia de las lesiones que sufrió.

Juan Francisco Torres Landa, secretario general de la Fundación México Unido contra la Delincuencia, define los linchamientos como “un fenómeno muy preocupante porque no es otra cosa sino que llevar a la práctica uno de los principios fundamentales que la Constitución prohíbe: la impartición de justicia por la propia mano”.

Efectivamente, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reza:

“Ninguna persona podrá ejercerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

“Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes”.

¿A qué se deben?

“Los linchamientos generalmente suceden donde hay una pobre respuesta de parte de las autoridades y una pobre construcción de respeto y confianza en las instituciones, por parte de la ciudadanía”, dice a Univision Noticias Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano.

Aunque no justificados, son la expresión del hartazgo de la ciudadanía por esperar la justicia que deben procurar las autoridades y que no llega, considera por su parte René Alejandro Jiménez Ornelas, experto en sociodemografía de la violencia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En una entrevista con Univision Noticias, el investigador Raúl Rodríguez Guillén precisó que los linchamientos tienen diferentes causas en términos específicos, pero una misma causa en términos generales. “La mayoría de los linchamientos tienen como causa el robo, la violación o el abuso policiaco, pero son causados en términos generales por la crisis de autoridad: el no castigo al robo, el no castigo a la violación o el no castigo al abuso policiaco, o el castigo insuficiente a cualquiera de ellos. Es cuando la autoridad no cumple como debiera”.

Alimentadas por la corrupción, la injusticia, la impunidad y la ilegalidad son, para Torres Landa, la consecuencia directa de la incapacidad del Estado para cumplir con sus funciones y dejar, por tanto a los ciudadanos expuestos a la delincuencia, “que hoy saben que salen de su casa, pero no saben si van a regresar o si lo harán en las mismas condiciones”.


Incidencia delictiva

A lo largo del año 2015, 23.3 millones de personas de 18 años o más fueron víctima de algún delito en México, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2016, cuyos resultados dio a conocer a finales de septiembre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, dependiente del Gobierno mexicano).

A nivel nacional, el delito con mayor incidencia fue el robo o asalto en la calle o a bordo del transporte público, factor que se repitió en tres entidades de la región centro del país: el Estado de México, Puebla y la Ciudad de México.

El secretario general de México Unido contra la Delincuencia subraya lo que ocurre en el transporte público de la zona metropolitana, “donde el nivel de hartazgo es brutal. Tenemos casi a diario incidentes en los cuales hay muertos: asaltantes, ciudadanos o ambos. La ciudadanía sigue mostrando un hartazgo que le hace ver dispuesta a hacer lo que no están haciendo las autoridades”.

El 22 de septiembre un microbús que circulaba por el barrio de Tacuba, en la Ciudad de México, vio morir a dos personas, identificadas por las autoridades como un asaltante y un civil. Las primeras investigaciones señalan que dos hombres se disponían a robar a los pasajeros del vehículo, a lo que algunos ciudadanos se opusieron y así inició un mortal enfrentamiento.

Rodríguez Guillén apunta que, de acuerdo a su recuento, el centro y el sur del país son las zonas con mayor incidencia de linchamientos, predominantemente en zonas urbanas o semiurbanas. El nada honroso primer lugar lo ocupa el Estado de México, seguido de Puebla y la capital del país. Después vienen, aunque con menor intensidad, las sureñas entidades de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

La mente del colectivo que lincha

Aunque generalmente en los linchamientos participan masas, no siempre es así. Como hemos visto pueden también suceder en vehículos del transporte público, donde hay personas que no se conocen pero comparten el viaje y la amarga experiencia de haber sido víctima anteriormente de la delincuencia, o bien que alguno de sus amigos o familiares lo haya sido.

De esta manera, “si se les presenta la oportunidad de golpear a quien les roba, expresan todo el coraje contenido durante mucho tiempo. Lincha quien tiene la oportunidad de hacerlo, jamás alguien que lo haya planeado”, indica Rodríguez Guillén.

La ausencia de seguridad genera un sentimiento de indignación que comparten los individuos, quienes “estallan ante el menor pretexto y se expresan con violencia incontenible”, dice el artículo ‘ Crisis de autoridad y violencia social: los linchamientos en México’, también de Raúl Rodríguez Guillén y que es ya parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Para el doctor Jiménez Ornelas, una vez que una sensación se vuelve colectiva se torna en una situación incontrolable.


Rumores fatales

En octubre del año pasado dos hermanos que trabajaban como encuestadores fueron confundidos con secuestradores. Terminaron linchados en una plaza pública del municipio de Ajalpan, en Puebla. Alguien los hizo pasar como sospechosos y aunque Rey David y José Ángel Copado se identificaron plenamente ante las autoridades, los pobladores hicieron repicar las campanas de la iglesia local, los sacaron de la comandancia y les prendieron fuego.

“Este caso se dio en un clima de inseguridad, impunidad y enojo. El motivo no fue un delito, sino el rumor, el chisme o la suposición, que juegan el mismo papel que un hecho real. Desafortunadamente lo que sucedió en Puebla se puede repetir en otros lugares”, subraya Rodríguez Guillén.

Qué hacer

Torres Landa concluye que es “ indeseable, innecesario e ilegal que alguien pretenda sustituir a la autoridad en cuestión de impartición de justicia, porque eso es retorcer el estado de derecho”, por lo que pide a las autoridades que pongan atención en lo que pasa más allá de que la cifra de denuncias pudiera estar a la baja. “Lo que la ciudadanía le está diciendo a la autoridad es que sus mecanismos para denunciar no brindan los resultados ni la confianza necesaria”.

Rivas, por su parte, juzga indispensable que la sociedad le dé un nuevo significado a las normas, su función y su importancia, para que de esta manera pueda mejorar la convivencia y la legalidad.

“Lo que tenemos que hacer como ciudadanos es exigir el cumplimiento jurídico de la ley, evitando los procesos de corrupción como sistema. Todos los esfuerzos deben encaminarse a la búsqueda y respeto de un estado de derecho”, concluyó a su vez Jiménez Ornelas.

Lea también:


Publicidad