"Intensa" y "dura": así fue la audiencia que decidirá el futuro de DAPA y DACA

WASHINGTON, DC.- De “intensa” y “dura” calificaron congresistas y abogados la audiencia que llevó a cabo este lunes la Corte Suprema de Justicia para escuchar los argumentos orales sobre la Acción Ejecutiva migratoria del presidente Barack Obama, beneficio que ampara de la deportación a unos 5 millones de indocumentados.

Frente a los argumentos de los 26 estados que presentaron la demanda contra la medida del presidente, los magistrados Sonia Sotomayor y Stephen Breyer fueron los más a favor de la idea de que existen límites en torno a cuán lejos pueden llegar los estados a la hora de desafiar legalmente al gobierno federal.

Fueron especialmente críticos en torno a la idea esgrimida respecto a que los estados demandantes tendrán que excederse en sus presupuestos si tienen que atender a los inmigrantes indocumentados a la hora de prestarles nuevos servicios, como la expedición de licencias de conducir.

"Están acá independientemente de que nos guste o no", llegó a decir Sotomayor.

Sin embargo, el abogado Scott Keller que representa al estado de Texas -que lidera la demanda- insistió en que el Congreso es el único cuerpo legal que debe autorizar al presidente Obama a la hora de diferir cualquier deportación, por lo que reiteró que la acción ejecutiva no tiene base legal.

Por su parte, el magistrado Samuel Alito, visto como el más favorable a la demanda de la veintena de estados, salió en defensa de Texas afirmando que el tema de los beneficios que recibirían los indocumentados, como la expedición de las licencias de conducir, era el punto más importante y representaba el argumento más sólido de la demanda.

En una línea similar se manifestó el magistrado Anthony M. Kennedy al cuestionar el poder de Barack Obama para detener las deportaciones. "Es como si el presidente estuviera estableciendo la ley y el Congreso ejecutándola", sostuvo. "Es justo lo contrario", añadió.

John G. Roberts, que es visto como el magistrado que puede inclinar la decisión del Supremo hacia un lado u otro, tampoco pareció convencido por los argumentos del gobierno de Barack Obama.

"Legítimamente presente (en Estados Unidos) no significa que se está legalmente", llegó a especificar Roberts.

"El presidente debe apegarse a la ley y a la Constitución de Esados Unidos. Si lo hubiese hecho no tuviéramos ese problema. Creo que la gente tiene derecho a estar con permiso legal y el presidente no se está apegando ala ley (...) no tiene la autoridad de hacerlo", dijo a Univision Noticias el congresista republicano por Nueva York Peter King.

Representando al gobierno federal, Donald Verrilli fue claro al decir que cualquier desafío a una acción ejecutiva no puede estar basado en problemas como dar o no licencias de conducir de inmigrantes indocumentados.

Para darle más contexto a lo que está en juego dentro del máximo tribunal del país, la precandidata demócrata Hillary Clinton dijo en un comunicado lo "crucial" que representa este caso frente al tema de fondo, la redacción de una reforma migratoria integral.

En todo caso, el representante demócrata Bob Menendez respondió que con el actual Congreso, controlado por los republicanos, no habrá reforma migratoria “hasta que los votantes elijan un legislativo favorable a la causa de los inmigrantes”.

Opiniones

“Los magistrados le dieron a Texas con todo”, dijo el abogado Ezequiel Hernández, un experto en temas de inmigración que estuvo presente en la audiencia. “La jueza Sotomayor fue una de las primeras que cuestionó al estado si tenía o no argumentos legales para haber llegado hasta la Corte” con esta demanda que tiene paralizados los programas DACA y DAPA.

Hernández opina además que “es muy probable que la Corte resuelva el caso con 5 votos a favor y 3 en contra.

“Yo pienso que los argumentos y explicaciones que dieron los abogados de Texas no fueron convincentes. Los jueces no estaban muy convencidos”, dijo a Univision Aarón Luna, un Dreamer que estuvo en la audiencia y viajó desde Las Vegas, Nevada.

El máximo tribunal de justicia sesionó con ocho de nueve miembros debido a la muerte, el 13 de febrero en Texas, del magistrado Antonin Scalia.

La histórica audiencia se desarrolló en un ambiente de nerviosismo y esperanzas de activistas, inmigrantes, congresistas, religiosos y representantes de la Administración Obama, entre otros, que aguardan un fallo a favor de DACA y DAPA, y también de quienes apoyan a los 26 estados que en diciembre del 2014 demandaron la medida.

Junto al senador el Secretario de Vivienda, Joaquín Castro, le pidió a los magistrados que libere las restricciones de los programas DACA y DAPA y desestime la demanda de los 26 estados encabezados por Texas.

En la vereda de enfrente, junto a los jardines del Capitolio, manifestantes a favor de los 26 estados lucían carteles pidiéndole a la Corte que no apruebe los beneficios anunciados en 2014 por el presidente porque se trata de medidas que violan la Constitución.

Peligro latente

“En nuestro país hay unos 4.5 millones de niños estadounidenses con uno o dos padres indocumentados”, recordó Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), la principal organización hispana de Estados Unidos.

Durante un discurso previo al inicio de la audiencia, Murguía dijo los inmigrantes “hemos llegado lejos porque estamos juntos”, y se sumó a las voces de respaldo a la Acción Ejecutiva. “Necesitamos una reforma migratoria”.

Murguía también pidió al gobierno de Obama que pare las deportaciones, una exigencia que se mantiene desde 2009.

En lo que va de las dos administraciones de Obama, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) ha deportado a más de 2.5 millones de indocumentados y más del 41% de ellos no tenía antecedentes criminales.

La Policía Metropolitana de Washington DC estimó en 2,000 el número de personas que se congregaron frente al edificio de la Corte. Las organizaciones hablan de entre 4,000 y 5,000 manifestantes provenientes de al menos 27 estados.

Qué está en juego

Los programas que revisa la Corte Suprema amparan de la deportación a por lo menos 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, por su sigla en inglés) y amplía la Acción Diferida de 2012 (DACA, por su sigla en inglés) que protege a jóvenes indocumentados conocidos como dreamers que entraron al país siendo niños.

Ambos programas fueron demandados por los 26 estados y frenados por la Corte de Distrito de Brownsville, Texas, el 16 de febrero del año pasado, dictamen que en noviembre fue ratificado por la Corte de Apelaciones del 5to Circuito de Nueva Orleans.

El 20 de noviembre, un año después del anuncio que hizo Obama, el gobierno presentó un recurso pidiéndole al máximo tribunal de justicia que revise la medida.
Los abogados del gobierno insisten en que el presidente actuó de acuerdo con sus poderes ejecutivos, y que tanto DACA como DAPA son programas discrecionales que el Ejecutivo puede adoptar sin consultarle al Congreso.

Los demandantes insisten en lo contrario y alegan que solo el Congreso puede cambiar las leyes, un argumento que también esgrime el liderazgo republicano del Congreso.

La Acción Ejecutiva

La Acción Ejecutiva migratoria incluye varios programas que benefician tanto a inmigrantes legales como indocumentados.

Los que atañen a inmigrantes con autorización de estadía no fueron demandados, entre ellos uno que permite a conyugues indocumentados de residentes legales permanentes ajustar sus estados de permanencia sin que se vean afectados por la Ley del Castigo o Ley de los 10 años.

La demanda de los 26 estados se enfocó sólo en los programas DACA y DAPA que amparan la deportación de indocumentados y les concede un permiso de trabajo.

La denominada Ley del Castigo fue aprobada por el Congreso en 1996 y sanciona con tres años fuera de Estados Unidos a indocumentados que permanecen indocumentados por más de 180 días, y con 10 años si la permanencia no autorizada pasa de un año o 365 días.

La Acción Ejecutiva permite el uso de la discrecionalidad para anular esta sanción y el indocumentado que tenga un cupo de visa disponible ajuste su estado como residente legal permanente.

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