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Crisis económica

Gobernador de Puerto Rico se niega a reducir jornada laboral de empleados públicos

Explicó que el recorte de salario a los empleados públicos decidido por la Junta de Control Fiscal tendrá consecuencias devastadoras para la economía.
4 Ago 2017 – 5:51 PM EDT

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, aseguró este viernes en un mensaje al país que no ejecutará la decisión de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de disminuirle la jornada laboral a los empleados públicos hasta ahorrarse 218 millones de dólares.

“No reconozco ni pondré en ejecución la reducción de jornada laboral aprobada hoy por la Junta de Control Fiscal”, dijo Rosselló en un breve mensaje de menos de 10 minutos, porque “dicho recorte tendría un efecto devastador en nuestra economía”.

"Un efecto devastador en 130,000 hogares, afectaría el comercio, la banca. Sería un golpe de más de 340 millones (de dólares) a nuestra economía”, dijo Rosselló.


"La medida no se justifica y no es necesaria. Aumentaría la crisis y golpearía a nuestro pueblo”, explicó el Gobernador.

La JSF es un organismo creado por el gobierno federal en 2016 para controlar las finanzas del gobierno de Puerto Rico tras éste no poder cumplir con los pagos de vencimientos de su deuda pública ascendente a 70,000 millones de dólares.

En su novena reunión llevada a cabo este viernes en la ciudad de Fajardo, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, dijo que el Gobierno se quedó corto en su plan de ahorros por 218 millones de dólares y que por eso es necesario recortar en dos días al mes la jornada de los empleados del gobierno -excepto los policías- posiblemente hasta que termine el año fiscal en junio de 2018.

Unos 155,000 empleados públicos se verían afectados por un recorte de 10% mensual en su salario.



Rosselló explicó que la medida ordenada por la JSF no es necesaria porque al 30 de junio pasado el balance en caja de efectivo del Gobierno ascendía a 1,799 millones de dólares, cifra muy por encima de lo estimado en el Plan Fiscal certificado por la JSF en marzo, cuando se proyectaba que habría 291 millones de dólares en liquidez, según Rosselló.

El Gobernador no mencionó la posibilidad de iniciar un pleito legal para evitar ejecutar la decisión de la JSF y dijo que informará de su decisión directamente al presidente de EEUU, Donald Trump.


"Le estaré acusando una comunicación directa al presidente de EE.UU...de que no acataremos la decisión", dijo Rosselló.

La Junta presiona

La JSF, por su parte, expresó en una carta enviada hoy a Rosselló que el Gobierno tiene que cumplir con la orden y que de no hacerlo acudirán a los tribunales para obligarlo.

“Esto puede incluir buscar una determinación judicial en el sentido de que el programa de reducción de jornada es un componente vinculante del Plan Fiscal que el Gobierno no tiene la autoridad de ignorar”, expresó la JSF en una carta firmada por su presidente, José Carrión.

Rosselló, por su parte, pidió a la JSF “tomar el camino de la sensatez y la prudencia” en esta decisión tomada.


Además del Gobernador, la oposición política, sindicatos, asociaciones profesionales y grupos empresariales han expresado preocupación por la medida porque temen un impacto negativo en los hogares de miles de puertorriqueños y en la economía de la isla, que atraviesa una grave crisis financiera.

El presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), Rodrigo Masses, dijo que tiene “reservas serias” sobre la propuesta “no solo por el impacto social, sino por el impacto que tendría en la economía”.

“La junta debe entender que, en una economía como la nuestra, las medidas de corrección fiscal no pueden pasar por alto el impacto económico y social”, dijo Masses.

Consecuencias de los recortes

La reducción en la jornada laboral “reduce el ingreso disponible, reduce el consumo, reduce el ingreso por concepto de IVU (impuesto sobre ventas y uso) y tiene dos impactos adicionales: promueve la emigración y estimula la economía informal o subterránea”, dijo Masses.

Desde su propio partido la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lourdes Ramos, apoyó al Gobernador y dijo que “no puede asumir un rol de verdugo con un pueblo que viene haciendo sacrificios constantes para su recuperación económica, como tampoco contra un gobierno electo en una democracia que ha rendido cuentas sin cortapisas hasta el último centavo”.



Por el lado de los sindicatos, el presidente de la Federación Central de Trabajadores, Andrés Lloret Gutiérrez, expresó que la JSF y el Gobierno “sacrifican la salud, el bienestar y la economía puertorriqueña por satisfacer el pago a unos bonistas cuya legalidad de la deuda es totalmente desconocida”.

El líder de la Unión General de Trabajadores, Gerson Guzmán López, agregó que “las familias trabajadoras del sector público no son las únicas afectadas por estas acciones desalmadas. La economía de Puerto Rico acabará de volar en cantos. Es momento de unirnos y rechazar estas imposiciones de un ente que no piensa en nuestro pueblo y un gobierno que ha hecho un flaco servicio en nuestra defensa”.

Líderes de los opositores Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Partido Popular Democrático (PPD) también rechazaron la reducción impuesta, y en el caso del PIP, su portavoz en el Senado, Juan Dalmau, dijo que la orden representa “un golpe mortal a la economía de Puerto Rico y una agresión contra el sector asalariado del servicio público en el país".

"Esto lo que significa en la práctica es una reducción salarial a los empleados públicos que tendrá el efecto de llevar a la clase trabajadora y a amplios sectores de nuestro pueblo a niveles de pobreza extrema", aseguró Dalmau.

Por su parte, La alcaldesa de la capital, Carmen Yulín Cruz, hizo un ll amado a protestar activa pero pacíficamente contra la decisión, que describió como el “más reciente ultraje de la Junta de Control Fiscal” con el aval del Gobierno puertorriqueño.

“La tímida queja del Gobierno no es suficiente; el sentido de impotencia no puede evitar que enfrentemos la verdad. Hay que parársele de frente a la junta. Así de sencillo. Hay que parársele de frente con la protesta pacífica; hay que hacerle frente en las cortes, en la comunidad internacional o donde quiera que nos escuchen. Hay que desobedecer a la junta y obedecer la conciencia de un pueblo que tiene que perder el miedo”, dijo Yulín Cruz.


En fotos: La crisis económica de Puerto Rico

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