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Junta de Control Fiscal

Junta Control Fiscal aprueba reducir jornada laboral de empleados públicos de Puerto Rico

La Junta exigió al gobierno de Ricardo Rosselló reducir dos días al mes la jornada laboral de los empleados públicos, salvo los policías.
4 Ago 2017 – 11:25 AM EDT

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó este viernes reducir la jornada laboral de los empleados públicos de Puerto Rico en dos días al mes a partir de septiembre, aunque el representante del Gobierno en la entidad aseguró que el gobernador Ricardo Rosselló disputará la decisión.

La JSF es un organismo creado por el gobierno federal en 2016 para controlar las finanzas del gobierno de Puerto Rico tras éste no poder cumplir con los pagos de vencimientos de su deuda pública ascendente a 70,000 millones de dólares.

En su novena reunión llevada a cabo este viernes en la ciudad de Fajardo, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, dijo que el Gobierno se quedó corto en su plan de ahorros por 218 millones de dólares y que por eso es necesario tomar la medida de ahorro, que se podría extender hasta julio de 2018.


Jaresko propuso, y la JSF aprobó, reducir la jornada laboral de los empleados públicos por dos días al mes, o menos de 20 días al año, con excepción de los miembros de la Policía.

La nómina del gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2018 asciende a 4,000 millones de dólares y se calcula que el recorte representará un ahorro de 403 millones, o el 10 por ciento de la nómina.

La reducción de la jornada, sin embargo, debe durar hasta que se ahorren 218 millones de dólares, según la propuesta de la JSF.

Unos 115,000 empleados públicos se verán afectados por la medida.

Sin embargo, el gobernador y numerosos grupos civiles se resisten a poner en vigor la medida porque temen un impacto negativo en los hogares de miles de puertorriqueños y en la economía de la isla, que atraviesa una grave crisis financiera.

"El llamado es a la sensatez de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal.  No hay razones para implementar una reducción de jornada laboral que afectaría el bolsillo de los servidores públicos y la economía si nuestra Administración ha presentado evidencia de que cuenta con el dinero en caja para seguir cumpliendo con las medidas estipuladas en el Plan Fiscal certificado", sostuvo Rosselló el día previo a la reunión de la JSF.

Al 30 de junio de 2017, el balance en caja de efectivo del Gobierno ascendía a 1,799 millones de dólares, cifra muy por encima de lo estimado en el Plan Fiscal certificado por la JSF en marzo, cuando se proyectaba que habría 291 millones de dólares en liquidez, según Rosselló.

El ejecutivo recordó que esta misma semana la Asociación de Economistas, la Asociación de Bancos, la Asociación de Constructores, el Grupo Unido de Importadores de Automóviles y el Colegio de Trabajadores Sociales advirtieron del impacto económico y social en la isla si se reduce la jornada laboral de miles de empleados públicos.

Por ejemplo, Larry Emil Alicea, presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, advirtió que la reducción de jornada podría ser devastadora para importantes servicios sociales que se les deben prestar a los ciudadanos.



“Al no haber suficientes trabajadores sociales en un turno para investigar una alegación de maltrato de menores, o no estar disponible para la cantidad de casos que se necesitan en los hospitales públicos, por ejemplo en el hospital pediátrico, que tiene trabajadores sociales, o en el departamento de Justicia, o en los tribunales para evaluar los casos, se va a provocar una debacle en los servicios sociales del país”, dijo Alicea a Univision.

El Gobernador también apuntó que por virtud de la Sección 205 de la Ley federal PROMESA, que creó la JSF, el Gobierno tiene la discreción de adoptar o no las recomendaciones que presente la entidad.

Rosselló anunció que el viernes por la tarde ofrecerá un mensaje al país sobre el tema de la reducción de la jornada, a las 5:30 de la tarde por la TV pública y en su página de Facebook.

El representante del Gobierno antes la JSF, Christian Sobrino Vega, dijo en la reunión que hay “un gobierno en la isla y es el gobierno de Ricardo Rosselló.


La JSF “provee guías, pero no reemplaza la autoridad de líderes electos” dijo Sobrino, y la JSF no puede actuar de manera unilateral. “La reducción de la jornada laboral no va”, dijo Sobrino Vega.

Sin embargo, en una conferencia de prensa tras la reunión de la JSF el presidente del ente, José Carrión, advirtió de que si la entrada en vigor de la reducción de jornada se retrasa por litigios, “tendremos que incrementar cantidad de días” en que empleados públicos no trabajarán para “cumplir con los números”.

“Entendíamos que esto iba a acabar en un proceso de litigio, desafortunadamente, a raíz de la posición del Gobernador”, dijo Carrión.

“Aparte del costo que esto va a conllevar, está el tema de que si nosotros no empezamos con esto en septiembre, eso significa que tendremos que incrementar la cantidad de días (de la reducción de jornada) para cumplir con los números…si empezamos más tarde aún, posiblemente los días serían mayores”, dijo.


En fotos: La crisis económica de Puerto Rico

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