SAN JUAN, Puerto Rico.- Las declaraciones de los candidatos a la gobernación por la principal formación opositora de Puerto Rico, el Partido Nuevo Progresista (PNP), contra la educación de género en las escuelas provocó la indignación de los defensores de los derechos de la comunidad LGBT.
Aseguran Pierluisi y Roselló "no tienen una visión de derechos humanos"
Critican la postura de los dos pre candidatos a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Nuevo Progresista sobre educación de género y la normativa presidencial de permitir a los alumnos transexuales elegir los baños según el género con el que se identifiquen.
Polémicas posturas de Pedro Pierluisi y Pedro Roselló
"Ambos candidatos se comprometieron previamente con los sectores religiosos fundamentalistas", señaló en declaraciones a Efe Osvaldo Burgos, portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE), sobre las posturas defendidas por Pedro Pierluisi y Ricardo Roselló.
Burgos señaló que lo dicho por los precandidatos en el penúltimo debate televisado antes de las primarias del próximo 5 de junio, retransmitido el pasado fin de semana por la cadena Telemundo, muestra posturas desacertadas sobre asuntos relacionados con la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT).
"Es la evidencia de que no tienen una visión de derechos humanos ni de equidad", dijo Burgos.
Resaltó que ambos se oponen a la educación con perspectiva de género y a la nueva normativa federal de respetar la identidad de género en las escuelas públicas.
Dijo que esa normativa federal reconoce el derecho de estudiantes transexuales al uso de los baños, de uniformes, participación en equipos deportivos y cualquier otra actividad en la escuela que sea segregada por sexo.
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Burgos subrayó que tanto Pierluisi como Roselló se identifican frente a Estados Unidos como cercanos a las posturas que tradicionalmente asume el Partido Demócrata de EE.UU., pero que en Puerto Rico defienden otras conservadoras mucho más cercanas al Partido Republicano.
" Rechazamos sus posturas e invitamos al país a que sea muy cuidadoso a la hora de elegir candidato y quién toma las riendas de Puerto Rico", subrayó el portavoz de CABE, tras advertir que los dos han firmado acuerdos con el sector religioso conservador y legitiman que la mayoría oprima a las minorías.
El fundador de la organización Puerto Rico Para Tod@s y activista de los derechos humanos, Pedro Junio Serrano, señaló que durante el debate entre Pierluisi y Roselló se comprobó que ambos candidatos compiten para ver quién es más homofóbico y enemigo de la comunidad LGBT.
Serrano indicó que precisamente lo que dijeron es una muestra de que es completamente necesaria la educación de género en las escuelas.
Rechazó además el que Pierluisi dijera que las personas deben usar los baños de acuerdo al sexo que indica la partida de nacimiento y la sugerencia de Roselló de, quizá, ofrecer unos baños específicos para las personas de la comunidad LGBT.
Sobre el asunto también se pronunció la candidata al Senado por el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Amárilis Pagán Jiménez, que dijo que "ambos son el vivo ejemplo de lo que pasa cuando a nuestra niñez no se le educa para la equidad y demuestra cuán peligrosos son los prejuicios para una sociedad".
"Están totalmente alejados de propuestas que abonen al bienestar colectivo y a los derechos humanos de todos. Repiten, incluso, los peores argumentos utilizados por el sector religioso fundamentalista para justificar la discriminación contra mujeres y comunidades LGBT", subrayó Pagán.
El asunto ganó actualidad en Puerto Rico la pasada semana después de conocerse la orden del Gobierno de EE.UU. a las escuelas públicas de permitir a los alumnos transexuales elegir los baños según el género con el que se identifiquen.
El Ejecutivo de Barack Obama emitió el pasado día 13 una directiva en la que instruye a todas las escuelas públicas del territorio estadounidense para que permitan a los alumnos transexuales que usen los baños que prefieran, de acuerdo con el género con el que se identifiquen.
La directiva no tiene rango de ley, pero las escuelas que no la cumplan pueden perder los fondos federales y enfrentarse a demandas.
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