Chicago, Illinois.- La ciudad de Chicago se unió este lunes 12 de enero, al fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, para presentar una demanda federal contra el gobierno de Estados Unidos, tras las operaciones Midway Blitz y At Large que fueron desplegadas desde septiembre del 2025.
Chicago se une a demanda de Illinois contra acciones de agentes de ICE y Patrulla Fronteriza
La administración del alcalde Brandon Johnson presentó una demanda federal junto al fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, contra el Gobierno Federal por presuntas acciones ilegales y abusivas de agentes de inmigración en Chicago.
Video Illinois presenta demanda por presuntos operativos migratorios ilegales y represivos
Chicago e Illinois alegan acciones ilegales, tácticas abusivas y reiteradas violaciones de derechos civiles, cometidas por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La demanda fue presentada en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, División Este, y acusa a la administración Trump de supervisar una campaña de control migratorio “militarizada” en Chicago que " ha puesto en peligro a familias, debilitado esfuerzos de seguridad pública y generado caos y temor en distintas comunidades de la ciudad".
Acusaciones de detenciones sin órdenes y uso de fuerza excesiva
El documento legal señala que agentes federales habrían interrogado a residentes sobre su estatus migratorio sin fundamento alguno, realizado arrestos civiles sin órdenes judiciales ni causa probable, y utilizado gas lacrimógeno y otros agentes químicos sin advertencia previa contra personas que no ofrecían resistencia.
Además, la demanda señala acciones en o cerca de lugares sensibles, como escuelas y albergues, así como el ingreso ilegal a propiedades privadas y gubernamentales. Según la acusación, estas prácticas buscarían "presionar a Chicago e Illinois para que abandonen sus políticas de apoyo a las comunidades inmigrantes y destinen recursos locales a cumplir la agenda migratoria federal".
“Nadie está por encima de la ley”, afirma el alcalde Johnson y aseguró que su administración actuará con firmeza para proteger los derechos de los residentes de Chicago.
“La administración Trump ha violado repetidamente la ley y socavado la confianza pública. Estas acciones no solo fueron ilegales, sino crueles, infligiendo miedo y daño innecesario a nuestras comunidades”, afirmó Johnson. “
Por su parte, el fiscal general Kwame Raoul acusó a los agentes federales de comportarse como fuerzas de ocupación. “Han interrogado a residentes de forma aleatoria y, en muchos casos, violenta. Sin órdenes ni causa probable, detienen brutalmente a ciudadanos y no ciudadanos por igual”, señaló-
Raoul, agregó que el uso de agentes químicos ha dejado decenas de heridos, incluidos niños, adultos mayores y policías locales.
Situación en Chicago
Desde el inicio de las operaciones Midway Blitz y At Large, en septiembre, la ciudad afirma que un residente murió por disparos; esto ocurrió el 12 de septiembre, cuando Silverio Villegas González, de 38 años, murió tras un balazo que le propinó un agente ICE durante una parada de tráfico, en el suburbio de Franklin Park.
Recordó, además, cuando el 4 de octubre, Marimar Martínez, recibió cinco impactos de bala, tras un encuentro con agentes de la Patrulla Fronteriza.
También señalaron la redada militarizada en un edificio de apartamentos en South Shore, donde fueron detenidos todos los residentes, incluidos niños.
Impacto en la seguridad y los servicios de la ciudad
Según la ciudad, los operativos federales han obligado a desviar recursos municipales, han dañado la relación entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden locales, y han reducido el uso de servicios esenciales por temor a la deportación.
La asesora legal de la ciudad, Mary B. Richardson-Lowry, indicó que el equipo jurídico ha reunido pruebas sustanciales de las presuntas violaciones y que se buscarán todas las medidas legales disponibles para proteger al público.
La vicealcaldesa de Derechos de Inmigrantes, Migrantes y Refugiados, Beatriz Ponce de León, calificó la demanda como un paso clave hacia la rendición de cuentas, afirmando que las acciones federales han causado “daños reales” en comunidades de toda la ciudad.
